Una fuerte jornada de protesta protagonizada por trabajadores del Poder Judicial se vivió este jueves en Córdoba. La medida incluyó la ocupación del emblemático Salón de los Pasos Perdidos del edificio de Tribunales 1, como parte de un plan de lucha impulsado por empleados autoconvocados que reclaman una urgente recomposición salarial.
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La medida exige un aumento del 40%-50% como adelanto hacia una futura equiparación con los salarios que perciben sus pares en la Justicia Federal.
Desde temprano, se realizaron asambleas en diferentes sedes judiciales de la ciudad y, de manera simultánea, en otras localidades de la provincia. La convocatoria, que no fue encabezada por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), contó con una participación masiva que los organizadores calificaron como «sin precedentes».
La movilización se enmarca en un conflicto que lleva años sin resolverse y que afecta especialmente al personal no jerárquico, cuyos sueldos se encuentran muy por debajo del millón de pesos. En muchos casos, los haberes iniciales no superan los 700 mil pesos, y ni siquiera la antigüedad garantiza una mejora sustancial.
Esta demanda lleva más de una década sin respuesta, y los trabajadores denuncian un profundo rezago salarial frente al resto del sistema judicial del país.
Entre los puntos centrales del reclamo figuran: una provisión presupuestaria del Ejecutivo provincial para concretar la reestructuración de la planta, la actualización de bonificaciones y adicionales como antigüedad, capacitación, título profesional e ítems específicos, así como la devolución de aportes extraordinarios a la Caja de Jubilaciones y APROSS. También se exige el fin del diferimiento en el pago de haberes a jubilados.
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La mayoría de los manifestantes no son magistrados ni funcionarios, sino personal administrativo y técnico, históricamente relegado en las negociaciones salariales.
Por otro lado, la relación entre los autoconvocados y la conducción de AGEPJ atraviesa momentos de tensión. Según señalaron fuentes del movimiento, el sindicato no ha acompañado con firmeza el reclamo por la equiparación, y sus acciones se han limitado a pedidos formales por la reestructuración de la planta, sin avanzar en exigencias concretas de aumento.
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A diferencia de lo que sucede en la Justicia Federal —donde los aumentos salariales son definidos por la Corte Suprema y se aplican de manera uniforme—, en la órbita provincial los incrementos están vinculados a los sueldos de magistrados y funcionarios, lo que deja fuera a la mayoría de los empleados administrativos.
Desde la conducción de AGEPJ, en una reunión celebrada el 23 de abril, se propuso continuar con el plan de lucha y evaluar los avances en función de los objetivos establecidos en la asamblea del pasado 4 de abril. Sin embargo, el descontento persiste y muchos trabajadores sostienen que, sin medidas firmes, las condiciones laborales seguirán deteriorándose.