Deploraron el uso arbitrario del derecho penal, durante una asamblea desde Sololá por la defensa de su institucionalidad, ante lo que consideraron «criminalización espuria y arbitraria», encabezada por el Ministerio Público (MP) contra sus hermanos.
Recordaron que los detenidos (Luis Pacheco, expresidente de los Cantones durante las protestas de 2023 y el extesorero de esa organización Héctor Chaclán) cumplieron con el mandato de sus comunidades de velar por el bien común y mantener la paz.
Condenaron las acciones del MP y del Pacto de Corruptos que utilizando y aplicando el derecho del enemigo y la justicia penal por jueces corruptos se está vengando contra quienes sirvieron y actuaron para evitar el golpe de Estado tras las elecciones pasadas.
Las autoridades originarias rechazaron de manera categórica la imputación de los delitos que hace la Fiscalía, fundamentada en indicios irracionales que «tristemente la señora jueza (Carol Patricia Flores) acepta cuando evidentemente son insuficientes», señalaron.
“Nos avergüenza el sistema de justicia porque cuando la Ley se aplica para los indígenas, es como la serpiente que solo muerde al pobre y al descalzo”, describieron.
Ante este embate del MP, alertaron a sus pueblos y al país “que nos encontramos ante un nuevo intento de golpe de Estado”.
No permitiremos el socavamiento de la institucionalidad ancestral de nuestros pueblos, y no descansaremos hasta ver a la fiscal general Consuelo Porras tras las rejas, advirtieron.
El MP de Guatemala detuvo el miércoles último a ambos exlíderes al acusarlos de cinco presuntos delitos relacionados con las manifestaciones de octubre de 2023 a enero de 2024.
Un juzgado capitalino los ligó el jueves último a un proceso penal por presunto terrorismo y obstaculización de la acción penal, algo que generó diferentes muestras de desaprobación a nivel local e internacional.
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