La nueva ofensiva migratoria del presidente Donald Trump vuelve a poner en foco su estrategia de tolerancia cero, que no distingue entre recién llegados y quienes llevan décadas en Estados Unidos. Miles de inmigrantes latinos con familia, trabajo y vivienda en el país norteamericano ya están en la mira de las autoridades.
La política migratoria de ‘tolerancia cero’ implementada por Trump puso en la mira a dos grandes grupos de migrantes latinos bajo el escrutinio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
1) El primero incluye a aquellos que llegaron recientemente a Estados Unidos, como los 530 mil venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que ingresaron entre octubre de 2022 y enero de 2023, así como los 930 mil procesados por CBP One. Su situación depende de decisiones judiciales pendientes, luego de que se eliminaran protecciones como el parole humanitario.
2) El segundo grupo está compuesto por migrantes con décadas de residencia en el país norteamericano, quienes a pesar de tener hijos nacidos en Estados Unidos, empleos estables y lazos comunitarios fuertes, enfrentan procesos de deportación. Estos migrantes son clasificados por el DHS en tres categorías:
El estudio El lado olvidado de la deportación, elaborado por el Migration Policy Institute y publicado en abril de 2025, advirtió sobre un cambio profundo en el perfil de las personas deportadas desde Estados Unidos. Según el informe, la mayoría de los expulsados ya no son migrantes recién llegados o detenidos al cruzar la frontera, sino personas que vivieron durante años en Estados Unidos. Muchos de ellos tienen hijos nacidos en territorio estadounidense, empleos estables y vínculos sólidos con sus comunidades locales.
Esta transformación en el patrón migratorio, explican los investigadores María Jesús Mora y Ariel G. Ruiz Soto, pone de relieve los vacíos en las políticas de retorno. “La expulsión sin un plan de reintegración es una receta para la re-emigración irregular”, advirtieron. Luego, subrayaron que estos procesos generan ciclos migratorios forzados que afectan tanto a los países de origen como a los de destino.
A su regreso, los migrantes llegan desinformados y en estado de vulnerabilidad. Los centros de recepción apenas pueden ofrecer vales de hasta 100 dólares, atención médica básica y ayuda para el traslado. Según Univision, en México solo reciben 2000 pesos mexicanos (US$102 aproximadamente) y un boleto de autobús. “Eso no es ayuda”, reclamó Francisco Moreno, de la Confederación de Federaciones Mexicanas en Los Ángeles.
El informe del MPI denuncia que la asistencia a mediano y largo plazo prioriza lo económico, pero deja de lado el bienestar psicosocial. En Guatemala, los Centros de Formación Quédate ofrecen capacitación técnica. En El Salvador y Honduras se lanzaron planes de inserción laboral, y México creó una base con 60.000 vacantes. Sin embargo, el recorte del 85% del financiamiento de Usaid amenaza la continuidad de estas iniciativas. “No se puede reintegrar sin fondos ni estrategias interinstitucionales”, señala el documento.
Para el MPI, Estados Unidos debe asumir su parte. “Los gobiernos receptores no pueden cargar solos con la reintegración. Es una política sin visión a largo plazo”, indican Mora y Ruiz Soto. La falta de preparación podría aumentar la pobreza y fomentar nuevos intentos de migración.
Además, quienes regresan de forma voluntaria no acceden a ningún servicio. La situación se vuelve aún más crítica para quienes enfrentan barreras lingüísticas o carecen de redes sociales y laborales en su país de origen.
