Una de las rutas más emblemáticas del caso Vialidad y que fue expuesta como un caso testigo de la corrupción, se encuentra frenada y es eje de una pelea entre el gobierno del presidente Javier Milei y Cristóbal López, uno de los empresarios que más negocios hizo con los Kirchner. Mientras Vialidad Nacional sostiene que Cristóbal López abandonó la obra, el empresario kirchnerista reclama una deuda millonaria y responsabiliza al Poder Ejecutivo por «decidir unilateralmente pararla».
La primera vez que se licitó esta ruta -vértebra clave en la conexión vial de toda la Patagonia del lado del océano- fue hace 15 años y estuvo en manos de Lázaro Báez. Sin concluir los trabajos, se relicitó en 2016 y el adjudicatario fue Cristóbal López, después denunciado por abandono de obra.
El gobierno de Alberto Fernández volvió a darle el contrato por 6.700 millones de pesos al dueño del Grupo Indalo, pero La Libertad Avanza lo acusa de haber abandonado los trabajos otra vez.
Ante la consulta de Clarín, desde CPC, firma de la construcción del Grupo Indalo, afirmaron que «la obra no está abandonada, está neutralizada por una deuda de 300 millones. Desde hace dos años que no pagan ni reconocen actualización de la deuda«.
Durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, se incluyó en el último presupuesto nacional la obra vial que se encuentra inconclusa. Esa vez, la obra se organizó en dos tramos; Rada Tilly–kilómetro 1867 se adjudicó a la firma Rigel, mientras que el Tramo Km. 1867–kilómetro 1908,60 fue otorgado a CPC, de Cristóbal López.
La inversión total del Estado Nacional para que se concluya ese contrato que estuvo en manos del ex socio comercial de Cristina Kirchner fue de 9.959.335.993,84: casi diez mil millones de pesos.
El proyecto original -con sus tres tramos-, había tenido un presupuesto de 674 millones y un promedio del 37% de realización. El Gobierno de Cristina terminó pagando a dos constructoras de Lázaro Báez 2.892 millones de pesos: un 329% más.
Obra abandonada de Ruta Nacional 3 en la Provincia Santa Cruz, por la empresa contratista CPC, de Cristóbal Lopez. Foto Emmanuel Fernandez.Cuando estuvo en manos de Lázaro Báez, el tramo que Alberto Fernández le adjudicó luego a Cristóbal López -quien tampoco hizo la obra- había tenido un costo de 313 millones de pesos. Con un avance promedio del 30%, se le terminó pagando 1.309 millones de pesos, según la auditoría incorporada al juicio contra Cristina Kirchner en el caso Vialidad.
Hubo más. Una pericia oficial ordenada en 2019 por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) responsable de llevar adelante el juicio, expuso sobreprecios de 50 millones de dólares promedio, sólo en este tramo que va del kilómetro 1867 al 1908,60. Se dijo que entre el valor real de la obra y lo que se pagó había una diferencia de más de 165 millones de pesos. Para los peritos de la fiscalía, esa diferencia fue de 189 millones de pesos.
Con esos antecedentes y con una “situación de abandono de la obra”, como describieron a Clarín fuentes oficiales, el gobierno de La Libertad Avanza resolvió no destinar más fondos a esa obra y apunta a Cristóbal López.
Sin embargo, la constructora responsabiliza al gobierno libertario por la falta de pago de una supuesta deuda millonaria que, dice, le impidió continuar con los trabajos.
Hasta nuevo aviso no se concluirá el proyecto licitado. “Sólo se realizan tareas de mantenimiento con presupuesto propio”, indicaron fuentes oficiales ante la consulta realizada. En ese mismo sentido se remarcó que no hay planes en el corto plazo para relicitar la obra.
Desde CPC recordaron a Clarín que en 2024 Vialidad «hizo un documento público de qué obras iba a priorizar y cuáles no», que no incluyó este contrato y en función de eso a través de un documento resolvió “neutralizar la obra”.
Este año Vialidad Nacional tampoco priorizó estos trabajos. «Lo decidió unilateralmente. CPC quiere continuar la obra y sigue ‘movilizada’ (pagando equipos y seguridad de donde tiene los equipos)», indicaron ante la consulta de Clarín.
La Autopista de la Ruta 3 entre Comodoro y Caleta Olivia es un proyecto de 71 km que incluye la circunvalación a esta última ciudad y «resolvería el grave problema de seguridad vial y congestión que sufren más de 7.000 transportistas y viajeros de toda la Patagonia».
El gobierno de Javier Milei, neutralizó la obra. Foto: Emmanuel Fernández.
La decisión del Gobierno
El plazo de obra contemplado en el pliego era de 30 meses y “un Plazo de Garantía de doce meses”. Pero según fuentes oficiales nada de eso ocurrió: no se registraron trabajos ni avances en la obra. “Nos encontramos con una obra licitada previo a diciembre del 23 que fue neutralizada”, explicaron fuentes del gobierno libertario.
No se descarta que en un futuro la obra directamente se rescinda para evaluar los pasos a seguir.
El dato es que esta obra estuvo durante nueve años en manos de Lázaro Báez -sin concluirla- y tras la relicitación López tampoco cumplió con los plazos especificados.
El contrato es una de las 51 licitaciones investigadas en el juicio contra Cristina Kirchner, condenada por haber favorecido a Lázaro Báez con licitaciones amañadas, con sobreprecios y sin controles.
La obra fue uno de los casos peritados en el juicio de Vialidad. Foto: Emmanuel Fernández.La pericia ordenada por el Tribunal de juicio arrojó que por esta obra se pagaron 92 millones de dólares de sobrecostos.
Esta obra también es parte de la demanda civil que el gobierno de Mauricio Macri -a través de la Dirección de Vialidad Nacional-, inició por daños y perjuicios contra la ex vicepresidenta y lo demás condenados.
Como contó Clarín, es una demanda que asciende a 22.300 millones de pesos, un cálculo establecido en 2019 en función del 50% de las obras otorgadas al Grupo Austral pero que -pese a haberse pagado bajo circuitos irregulares, con sobrecostos-, fueron abandonadas.
Recientemente, los abogados de Vialidad Nacional de la actual gestión pidieron que se avance en el reclamo e informaron la reciente confirmación de la condena por corrupción contra Cristina Kirchner, señalando que ahora el caso entra en su etapa final: la revisión de la sentencia acusatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia.
