[BUENOS AIRES] La cogestión territorial entre el Estado y las comunidades indígenas puede ser un aporte significativo para mejorar la administración de áreas protegidas, especialmente en lo que se refiere a deliberación, rendición de cuentas y transparencia del manejo, aunque requiere mecanismos más participativos que tomen en cuenta su cultura y su forma de relacionarse con el entorno.
Así lo sugiere un estudio publicado en la revista Environmental Science & Policy, que analiza los esfuerzos por consolidar espacios con participación indígena en Argentina.
Los autores plantean que la concepción tradicional de áreas protegidas –basada en confinamientos territoriales y en mecanismos de gestión verticalistas– suele ser un impedimento para desarrollar sistemas de gobernanza que propicien la autonomía de sus beneficiarios.
Esos objetivos, sugieren, solo podrán alcanzarse al considerar las particularidades de cada comunidad, indagando en sus perspectivas socio-culturales.
“Lo central es entender qué se entiende por participación. ¿Hacer más transparente o eficiente el vínculo entre Estado y sociedad? ¿O pensar de qué se trata ese concepto para quienes son parte de esos espacios?”.
Samanta Guiñazú, directora del Grupo Interdisciplinario de Estudio sobre políticas públicas participativas, interculturales e interseccionales de Argentina
Desde hace un cuarto de siglo, el pueblo mapuche –el más numeroso de la región patagónica chilena y argentina– tiene presencia institucional en la administración de los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi, al este de la Cordillera de los Andes.
Luego del exterminio de buena parte de la población indígena a finales del siglo XIX, la expansión del territorio nacional argentino hacia el sur se fijó el objetivo de atraer colonos europeos y borrar los rastros de la presencia aborigen.
Sin embargo, tras la última dictadura (1976-1983), los mapuches protagonizaron un proceso de renacimiento cultural y reivindicaciones territoriales.
A fines del siglo XX, una negociación con el Estado nacional derivó en la creación de oficinas de comanejo, encargadas –entre otros asuntos– del otorgamiento de permisos para el uso del suelo.
El acuerdo alcanzado en Lanín también crea un marco regulatorio para el desarrollo de actividades comunitarias, entre ellas la agricultura y la cría de ganado.
“En términos de su capacidad para conservar la biodiversidad, los territorios bajo control indígena tienden a ser equivalentes o incluso mejores que las áreas protegidas nacionales”, señala a SciDev.Net Mattias Borg Rasmussen, uno de los autores del artículo.
Ubicación de las comunidades mapuche dentro del Parque Nacional Lanín. 1: Lof Ñorquinco; 2: Lof Aigo; 3: Lof Lefiman; 4: Lof Raquithue; 5: Lof Lafkenche; 6: Lof Cayun; 7: Lof Curruhuinca. La ubicación es aproximada, no la extensión real de los territorios comunitarios. Mapa de Laura Vang Rasmussen publicado en ScienceDirect.
El comanejo –sistema compartido de toma de decisiones y administración de los recursos naturales con participación del Estado y otros actores– ha logrado dar respuesta a dos problemáticas históricas, agrega.
Por un lado, contribuyó a frenar los desalojos en el contexto de una presión creciente de los sectores inmobiliario y turístico.
Por otro, “ayudó a familias y comunidades a crear una presencia reconocida por el Estado dentro de su sistema de áreas protegidas”.
Se trata de avances significativos, ya que “el pueblo mapuche vive con una marginación estructural dentro de la sociedad dominante argentina”, que “incluye discriminación en aspectos culturales, identitarios y políticos”, critica Borg.
Cuentas pendientes
El proceso, sin embargo, aún está incompleto. Ni todas las lof (comunidades) participan del comanejo –a veces por diferencias internas– ni el Estado reconoce todos sus reclamos territoriales.
En 2017, por ejemplo, la ocupación de tierras en la lof Lafken Winkul Mapu derivó en una respuesta estatal que terminó con el asesinato del joven Rafael Nahuel.
“Esto generó desconfianza en las autoridades” por parte de las comunidades originarias, lamenta Borg.
Otros obstáculos son la persistente demora en la implementación de la ley que regulariza sus territorios y los bajos niveles de participación comunitaria.
El estudio advierte que “pocas personas buscan acercarse a la administración del parque”, y que “sienten que no tienen influencia” sobre sus reglas.
Los mapuches tienen con la tierra una relación de sentido y pertenencia, que trasciende el valor que tiene para el Estado. Crédito: Mattias Borg.
Con experiencia laboral en ambos parques, Samanta Guiñazú –directora del Grupo Interdisciplinario de Estudio sobre políticas públicas participativas, interculturales e interseccionales– destaca una excepción: los técnicos mapuches que trabajan en los parques.
“Hacia dentro de las comunidades pueden ser vistos como representantes del Estado”, reconoce la antropóloga, que no participó del estudio. “Pero ocupar esos roles también les permite llevar esas discusiones a sus hogares”.
El otro desafío que deberían abordar las políticas de comanejo es incorporar lo que los mapuches consideran una dimensión filosófica, es decir, el entendimiento más profundo del territorio, la vida y el sentido de la conservación.
“La tierra no es solo una forma de valor –explican los autores en su investigación–. Es una relación y un sentido de pertenencia”.
La coyuntura política actual, marcada por el gobierno “libertario” de Javier Milei, no solo parece hostil para incorporar esa dimensión, sino también para el reconocimiento de derechos que se consideraban ganados.
En los últimos meses, el Gobierno Nacional anuló la entrega de terrenos a grupos mapuches, a quienes a la vez culpó, aún sin pruebas, de los incendios devastadores en el sur del país.
“Los espacios de participación son cada vez más chicos y menos vinculantes”, lamenta Guiñazú, que recuerda que “los pueblos indígenas deben ser consultados de manera obligatoria” sobre lo que sucede en sus territorios.
Experiencias inspiradoras
En sentido opuesto, la antropóloga da cuenta de la participación comunitaria en la administración turística de la Isla de Pascua (Chile), donde los visitantes son acompañados por guías del pueblo rapanui, responsables de contar su propia historia.
Borg también destaca las Reservas Comunales en la Amazonía peruana, creadas a iniciativa de las comunidades indígenas, que les permiten el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y son gestionadas de forma conjunta entre el Estado y las comunidades, con el objetivo de proteger la biodiversidad y promover el desarrollo sostenible, y los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios, también en Chile, que buscan combinar el resguardo de derechos con la conservación de la biodiversidad.
“Lo central es entender qué se entiende por participación”, agrega Guiñazú. “¿Hacer más transparente o eficiente el vínculo entre Estado y sociedad? ¿O pensar de qué se trata ese concepto para quienes son parte de esos espacios?”.
La concepción tradicional del comanejo “cumplió un rol importantísimo en su momento”, concluye Borg. “Pero los cambios de coyuntura y de contextos abren espacios para seguir desarrollándolo”, asevera.
Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net
