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No es un secreto que la crisis climática azota con vehemencia a América Latina y el Caribe. Desde hace décadas, este continente se ha convertido en uno de los más afectados por la subida del nivel del mar, la pérdida de biodiversidad, la deforestación y otros desastres como los huracanes. Tampoco es ningún secreto que los esfuerzos de los mandatarios para contrarrestarla podrían haber sido mayores. Para Amnistía Internacional, la respuesta de los Gobiernos, especialmente para salvaguardar a los pueblos indígenas, rurales y afrodescendientes, es “insuficiente”. “Los Estados no adoptaron las medidas necesarias para reducir al mínimo las repercusiones que la crisis climática tenía en los derechos humanos”, zanjó la organización en su último informe anual, publicado este martes.
El estudio mundial La situación de los derechos humanos en el mundo 2025 analiza de qué forma las políticas públicas, la desinformación, la censura y los extremismos entorpecieron las libertades de los ciudadanos durante el año anterior. En esta edición, la ONG condenó la degradación de los derechos de los defensores de la región y cómo se les sigue estigmatizando, hostigando y agrediendo con prácticas como la detención arbitraria, el desplazamiento forzado, la vigilancia ilegal, los juicios sin las debidas garantías e incluso el homicidio. Las mujeres que buscaban a personas desaparecidas también estaban expuestas a un nivel elevado de riesgo, una tendencia que se ha mantenido también en 2025.
El único país al que anotan un tanto en esta materia es Guatemala, donde el Gobierno reactivó el organismo encargado de analizar los riesgos que afectan a los defensores, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua). Pero las reseñas positivas son escasas. Países como Brasil, Ecuador y Venezuela aumentaron la extracción de petróleo y la quema de gas; se repitieron cientos de incendios en la región, especialmente en la cuenca amazónica, que causaron la pérdida masiva de ecosistemas frágiles; en Bolivia, los guardaparques que protegían el Parque Nacional Madidi sufrieron amenazas y agresiones; y, en Perú, cuatro defensores de la tierra fueron asesinados.
Para Astrid Valencia, directora adjunta de la investigación para las Américas de Amnistía Internacional, el continente debería estar en alerta. “Sin embargo, estamos viviendo la indolencia de los Estados frente a las necesidades de los líderes y la complicidad con grupos que atentan contra ellos”, advirtió. “Hay países donde no hay mecanismos de protección y otros donde estos son insuficientes. Honduras, por ejemplo, es el país más letal para ser defensor y no está suscrito al Acuerdo de Escazú. Faltan garantías del derecho a defender derechos”.
América Latina es la región del mundo con mayores homicidios a activistas. Así lo volvía a confirmar Global Witness, en su último informe publicado en septiembre de 2024, donde apuntaba que de los 189 asesinatos producidos en 2023, el 85% se habían producido en este continente. La falta de mecanismos de protección en países como Honduras y República Dominicana o la impunidad de las muertes violentas en México, Colombia o Brasil, provocan que presidan esta lista año tras año.
Johanna Cilano, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional, pone el acento en República Dominicana y Cuba. “Hemos visto un ambiente que se deteriora a pasos agigantados de un año para otro, sobre todo en cuanto a los activistas antirracistas que acompañan a población migrante en República Dominicana y en temas de libertad de expresión en Cuba”, explica por teléfono. “Nos preocupa mucho que lo que antes eran mensajes racistas en contra de la migración haitiana por redes, ahora escale a lo físico”, añadió sobre República Dominicana, un país al que describe con una “discriminación generalizada y estructural”. Este discurso xenófobo también, asegura, está empezando a crecer en Puerto Rico, tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
Asimismo, la experta también lamentó la creciente crisis en Haití, donde la “escalada alarmante” ha dejado en desprotección total a los activistas. “Ellos son al final de cuentas quienes ponen la cara y están denunciando muchos casos de niñas y mujeres víctimas de violencia sexual”.
Amnistía Internacional puso el foco también en las migraciones climáticas. En Brasil, las inundaciones que tuvieron lugar en el estado de Río Grande del Sur, obligaron a desplazarse a 600.000 ciudadanos. En Honduras, las comunidades del Golfo de Fonseca denunciaron los efectos negativos que el aumento del nivel del mar tenía sobre sus medios de vida y en México, las familias de la comunidad El Bosque, Tabasco, que había sido evacuada en 2023 por el ascenso del nivel del mar atribuido al cambio climático, fueron reubicadas sólo tras las actuaciones judiciales emprendidas por líderes comunitarios.
Valencia insistió en una llamada con América Futura en la pasividad de estos Gobiernos: “Con la inacción climática, las autoridades están condenando a generaciones presentes y futuras. La crisis climática tiene costes humanos”. La organización instó también a los países de ingresos altos a dotar de financiación suficiente a la acción climática.
Otro de los temas abordados por la ONG, con sede en Londres —además del derecho de asociación, libertad de prensa y detenciones arbitrarias, entre otras— fue la discriminación, con especial énfasis en las personas racializadas y las personas del colectivo trans. En Brasil, la organización de derechos humanos Grupo Gay de Bahía señaló en un informe publicado en 2024 que el año anterior se habían registrado 257 muertes violentas, en su mayoría de personas jóvenes transgénero negras. En Colombia, la ONG Caribe Afirmativo informó de que habían sido asesinadas al menos 21 mujeres transgénero. En México, fueron al menos 59.
Por otro lado, la violencia de género persistió y “quedó impune en toda la región”, mediante la obstaculización del acceso al aborto —en la legislación y en la práctica— principalmente a las mujeres negras, indígenas y campesinas. Varios países implantaron políticas, por ley o práctica, que reducían el acceso a los servicios de salud reproductiva. En Argentina, se registró un femicidio cada 33 horas; en República Dominicana, se reportaron casos de violencia sexual durante las operaciones relacionadas con la inmigración y, en Perú, el Gobierno registró 12.924 casos de violación de mujeres y niñas. “Quisiéramos ver autoridades en las Américas que se sumen seria y contundentemente al camino por los derechos de las mujeres, pero lamentablemente no está sucediendo”, zanja Valencia.
