Dos días antes de su aplicación, prevista para mañana, el Govern de la Generalitat ha decidido finalmente aplazar la subida de la tasa turística y tramitarla vía proyecto de ley en lugar de decreto ley. El cambio de criterio retrasa su entrada en vigor, como mínimo, medio año y abre la posibilidad de introducir cambios en su redactado, algo que el sector venía reclamando desde hacía meses.
La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, anunció ayer por la mañana la medida dentro del paquete de acuerdos del Govern. El incremento del Impuesto Sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET), que duplica el recargo, lo pactó el Govern con los Comuns en febrero y se aprobó el 25 de marzo vía decreto ley, estableciéndose su aplicación a partir de mañana, 1 de mayo. Sin embargo, el decreto ley no había sido todavía convalidado por el Parlament –estaba previsto que pasara por el pleno la semana que viene–, lo que había creado una situación de gran desconcierto en el sector, que desde que se anunció la medida ha venido denunciando la falta de consenso y diálogo.
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Ayer por la mañana, Paneque afirmó que “la regulación de la fiscalidad del sector cuenta –refiriéndose a Comuns y ERC– con el consenso suficiente y necesario en el arco parlamentario”, pero reconoció que aplazar su aplicación “introduce seguridad jurídica”. De este modo, una vez aprobada la medida oficialmente, “entrará en vigor después de la primera liquidación de la tasa turística”. Teniendo en cuenta que el Govern liquida el impuesto dos veces al año, en abril y en octubre, en el más rápido de los escenarios el incremento no podrá aplicarse hasta octubre, dentro de medio año.
El texto del decreto ley contemplaba duplicar el impuesto, abría la puerta al Ayuntamiento de Barcelona a duplicar también su recargo (de 4 euros a un máximo de 8) y al resto de consistorios de Catalunya a aplicarlo (con un máximo de 4 euros). Así, en un hotel de cinco estrellas de Barcelona, la actual tasa de 7,50 euros por persona y noche podía llegar a los 15 si el Ayuntamiento aplicaba su máximo importe. En el resto de Catalunya, la actual tasa de 3,50 euros para hoteles de cinco estrellas pasaba directamente a 7 euros y hasta a 11 en caso que el municipio así lo aprobara. En los hoteles de cuatro estrellas de Barcelona pasarían de los actuales 5,70 euros a un máximo de 11,40 euros por persona y noche y en las viviendas de uso turístico se establecía un máximo de 12,50 euros.
El decreto tiene su razón de ser en “conseguir ingresos para hacer frente a la situación de emergencia habitacional”. En este sentido, además del incremento del importe, también se introducen cambios en su objetivo. Así, fija que el 25% de la recaudación total se destinará “a políticas de la Generalitat en el ámbito de la vivienda”. El 75% restante se reparte de la siguiente manera: una mitad para el municipio y la otra para el órgano o la entidad de la Generalitat competente en materia de turismo.
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El sector, que ha rechazado el decreto ley desde el primer momento, se felicitó ayer por el aplazamiento de su aplicación. “Es una buena noticia porque nos permite reflexionar mucho más”, afirmó a este diario Jordi Clos, presidente del Gremi Hoteler. Clos considera que el incremento de la tasa “nos posiciona como la ciudad más cara en Europa en hoteles de cinco estrellas y supone un agravio comparativo en relación con ciudades como Madrid y Málaga, que no cobran ninguna tasa y compiten con nosotros en el turismo de negocios y reuniones”.
Para el presidente de los hoteleros de Barcelona, la subida prevista “va en contra del trabajo que estamos haciendo para atraer a menos turismo pero de más calidad”. También la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) pidió de nuevo al Govern “que reconsidere el incremento de este impuesto, que es un ejemplo más de la criminalización del sector y de falta de diálogo y que encarecerá las vacaciones de las familias y de los propios catalanes”.
El sector exige diálogo y que el impuesto tenga en cuenta la estacionalidad
Indignación rotunda habían expresado también los representantes del sector turístico de la Costa Brava y la Costa Daurada, que consideraban el decreto estaba enfocado en resolver un problema de Barcelona y que no respondía a la realidad del resto de Catalunya, con un turismo más estacional y en el que los cámpings tienen un papel relevante.
Ayer, la presidenta de la Associació Turística d’Apartaments (ATA) de las comarcas de Girona, Esther Torrent, lamentó que el Govern haya aplazado el impuesto a dos días de su aplicación pero celebró que se tramite como proyecto de ley “para que se produzca una negociación legislativa que incluya al sector y al resto de grupos parlamentarios”. El sector quiere introducir criterios de temporalidad en el impuesto.
El vicesecretario general de comunicación de ERC, Isaac Albert, advirtió esta misma semana que su partido estaba dispuesto a convalidar el decreto siempre y cuando se tramitara como proyecto de ley para que los grupos pudieran incorporar sus aportaciones. Hace unos días, el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) también instó a aprobar la subida de la tasa turística como ley. Representantes del departamento de Empresa i Treball tenían previsto reunirse con los del sector hotelero el lunes para explicarles el cambio de criterio pero el apagón obligó a suspender el encuentro
