La ciudad de Rosario fue incluida como caso de estudio en un informe reciente del Banco Mundial sobre crimen organizado y violencia. El reporte, titulado «Crimen organizado y violencia en América Latina y el Caribe», fue publicado originalmente en inglés a comienzos de abril y dedica un apartado específico a la situación rosarina bajo el título “La intervención en las cárceles de Rosario en 2024”.
La inclusión del Plan Bandera y el Sistema de Presos de Alto Riesgo (de aplicación en penales federales) fue celebrada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien destacó en redes sociales: “El resultado es claro: 65% menos homicidios. Narcos aislados. Y una ciudad que dejó de estar en manos del crimen, donde hoy manda la ley y la gente puede vivir en paz”.
El documento destaca que “desde 2013, el crimen violento aumentó significativamente en Rosario. Este fenómeno está estrechamente relacionado con el narcotráfico, con la mayoría de asesinatos asociados a disputas territoriales entre la banda criminal más grande de Rosario –Los Monos– y organizaciones rivales”.
Según el informe, a pesar de que “la mayoría de los líderes de Los Monos” fueron encarcelados, la violencia continuó en ascenso, alcanzando “una tasa de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023”, cinco veces el promedio nacional.
Uno de los datos erróneos que consigna el reporte refiere a un supuesto ataque contra la residencia de un juez federal en 2022, que atribuye a Los Monos. En realidad, el hecho ocurrió el 28 de septiembre de ese año, cuando un tirador solitario disparó contra una garita de vigilancia en los Tribunales Federales de Oroño 940. El autor del ataque, Guillermo Camarasa, fue identificado, detenido y condenado, aunque la Justicia no pudo probar quién instigó el atentado. Los indicios se enfocaron en un rival de Los Monos.
El informe también sostiene que “el endurecimiento de las condiciones de seguridad carcelaria en marzo de 2024 provocó una serie de asesinatos al azar en las calles, ordenados por los líderes encarcelados de Los Monos como protesta”. No obstante, añade que “las autoridades respondieron con firmeza, y la tasa de homicidios descendió rápidamente”. Vale aclarar que, en la Fiscalía local, los ataques a trabajadores del año pasado no están atribuidos a la banda de Los Monos sino a grupos rivales.
En un análisis más amplio sobre la región, el Banco Mundial advierte que “la corrupción dentro del sistema carcelario permite a los líderes de grupos criminales continuar con sus actividades delictivas desde prisión”. Propone, entre otras medidas, interrumpir comunicaciones ilegales, aislar a los cabecillas en instalaciones de máxima seguridad y evitar el contacto de detenidos primarios con integrantes de bandas.
“El control carcelario es clave –señala el documento–, pero estas intervenciones son desafiantes, ya que los operativos pueden provocar represalias violentas tanto dentro como fuera de las cárceles”.
En cuanto a los sistemas penitenciarios de América Latina y el Caribe, el informe advierte que “se caracterizan por altos niveles de hacinamiento, malas condiciones y una gran proporción de presos sin condena”. Según los datos relevados, en promedio, casi la mitad de los detenidos en la región no ha sido sentenciada, y en países como El Salvador ese porcentaje llega al 77%.
