Cristina y Máximo Kirchner por primera vez, estarán sentados juntos en el banquillo de los acusados. El Tribunal de juicio ordenó que se concluya la pericia contable sobre las formas investigadas y una batería de medidas de cara al inicio del debate público.
Al menos doce funcionarios judiciales de diversas instancias coincidieron en plantear que la mejor instancia para que Cristina Kirchner y sus hijos -al igual que trece imputados más- se defiendan es el debate oral. A ese criterio se sumó el año pasado, la Corte Suprema cuando por unanimidad rechazó todos los argumentos de la ex vice con los cuales pretendía evitar el debate oral.
El caso fue elevado a juicio oral en 2019 y todavía no arrancó.
El expediente se concentró en las empresas familiares Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (inmobiliaria), investigadas por haber sido el presunto vehículo para lavar 120 millones de pesos, cifra calculada entre 2008 y 2015. La maniobra se concretó «con la simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario», según calificó el representante del Ministerio Público Fiscal, cuando pidió que el juicio se realice.
Estas dos compañías nunca tuvieron sedes comerciales. En ambas, un común denominador fue Lázaro Báez, como inquilino en la inmobiliaria y como responsable de administrar y explotar los hoteles. La acusación lo vinculaba al contratista como una pieza necesaria para «devolver» a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en el caso Vialidad donde la ex vice y el dueño del Grupo Austral, fueron condenados y la acusación confirmada por la Cámara de Casación.
En lo que concierne a estas causas por lavado de dinero hay otro delito atribuido: el de dádivas, por tratarse de una funcionario, en tal ocasión la máxima autoridad como cabeza del Poder Ejecutivo y un empresario contratista del Estado, con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.
La fiscalía a cargo de Diego Velasco que será quien intervendrá en el juicio solicitó, previo al fallo del máximo tribunal, una batería de medidas de cara al debate público.
Después de tres pedidos formulados por el representante del Ministerio Público Fiscal, los jueces José Michilini, Nicolás Toselli y la magistrada Adriana Pallioti firmaron una resolución, a la que accedió Clarín, ordenando una batería de medidas necesarias para después, fijar la fecha de inicio del juicio.
Entre las pruebas centrales se encuentran dos pericias sobre las empresas de los Kirchner, que analizaron todos los contratos celebrados.
La correspondiente a Los Sauces concluía en diciembre de 2021, y el informe preliminar había arrojado una serie de irregularidades como pagos que no se condicen con su documentación, libros contables faltantes, falta de fondos para la adquisición de propiedades.
“Atento al estado de los presentes actuados, hágase saber al Colegio Pericial interviniente, que deberá retomar la ejecución de las tareas oportunamente encomendadas e informar el plazo de su finalización”, sostiene la resolución judicial impulsando una medida que lleva un año .
La fiscalía, cuando insistió en la realización del juicio oral, hizo mención a documentación e información que es «retaceada por ciertos organismos públicos provinciales –Municipalidad de Río Gallegos y Calafate-, que no hacen más que confirmar su importancia, y su restricción en este momento afectaría gravemente los derechos de esta parte, privando incluso al sentenciante el abordaje íntegro del plexo probatorio».
Ahora, por orden del TOF 5 la pericia debe concluirse al igual que la correspondiente a la firma hotelera a la que le restaban dos meses para concluir. El avance de ambos estudios periciales era notorio y como medida de prueba apuntan al rol clave de Lázaro Báez, condenado junto con la ex vicepresidenta por corrupción en el juicio de Vialidad.
Entre las medidas de prueba ordenadas por los jueces, está el reclamo de documentación como la que deberá proporcionar el Perito Martillero Arnoldo Hugo Arauz Urquiza: los contratos solicitados por el nombrado, “deberá ponerse en contacto con los integrantes del Colegio Pericial actuante a dichos efectos”.
Documentos pendientes
La fiscalía reclamó una serie de informes que se adeudaban previo a la firma del sobreseimiento y que el caso se frenara. El Ministerio Público Fiscal entiende que se requiere la totalidad de la documentación que refleja la maniobra que condujo a todos los imputados a la instancia de juicio oral.
Por ese motivo el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) indicó que deben proporcionarse los informes pendientes.
Por ejemplo, se le reiteró un pedido a la Municipalidad de El Calafate, a cargo de un hombre de confianza de Cristina Kirchner, Javier Belloni. Los jueces dijeron: “Reitérese nuevamente el oficio librado a Municipalidad de El Calafate, Provincia de Santa Cruz, a fin de solicitar que, con carácter de muy urgente y en el término de diez (10) días, se remitan los antecedentes y permisos de construcción que existan respecto del predio ubicado en la intersección de la Avenida Jorge Newbery y la calle Günter Pluschow; debiendo remitir un plano de catastro de la ciudad donde se indique la ubicación del terreno, se informen los datos catastrales del predio en cuestión, como así también el historial de los sucesivos titulares y sus respectivos datos personales”.
Con más de 150 testigos aprobados para el juicio y después de resolver sobre estas medidas, el TOF 5 deberá fijar la fecha de inicio del juicio.
¿Qué queda pendiente?
La fiscalía había pedido que se sumen de cara al juicio oral, todas las comunicaciones entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez.
El fiscal Guillermo Marijuan en la causa conocida como la Ruta del Dinero K, ordenó un entrecruzamiento de comunicaciones telefónicas entre el dueño del Grupo Austral y la vicepresidenta y sus principales colaboradores en el período comprendido entre octubre de 2010 y abril de 2013”, que fue el lapso en el que el dueño del Grupo Austral logró lavar 55 millones de dólares.
El resultado de este análisis se sumó al tramo en el que finalmente, la vice fue sobreseída en la Ruta. Sin embargo, Marijuan señaló: “es una prueba más de la estrecha relación entre Báez y Cristina Fernández”, reiteró Marijuan en su dictamen. Es estudio del cruce de llamadas entre 84 abonados, divididos en dos grupos (el primero correspondiente a teléfonos vinculados a Cristina Fernández, incluidas líneas personales y las de sus secretarios privados y/o colaboradores, y el segundo, correspondiente a abonados atribuidos a Lázaro Báez), en el período comprendido entre octubre de 2010 y abril de 2013, “determinó la existencia de 372 comunicaciones entre sí”.
De igual manera, las comunicaciones expuestas por el fiscal del juicio Vialidad, Diego Luciani, respecto al celular de José López es parte de las pruebas que se pidió que se incorporen al caso Hotesur – Los Sauces.
Pero esta medida no fue impulsada
Hotesur y su vínculo con Vialidad
En función de los acuerdos comerciales que el dueño del Grupo Austral y la familia Kirchner celebraron, tanto Velasco como Mario Villar (fiscal ante la Casación) entendieron que “el lavado no se agota en Lázaro Báez” y que hay que tener en cuenta que en este expediente las operaciones de blanqueo se “realizaron para que el dinero llegue con apariencia de licitud a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, mediante contratos simulados e innecesarios».
Se unió así el caso Vialidad con Hotesur y Los Sauces. El circuito indicado por el Ministerio Público Fiscal indica que con el pago inicial del Estado “era Lázaro quien lavaba el dinero, pero en los pasos siguientes lo lograban lavar los destinatarios finales», es decir: Cristina Kirchner y su familia.
La cronología es la siguiente. Desde 2009 a julio de 2013, el empresario condenado por lavado de dinero pagó a la ex presidenta 27.592.110 pesos a través de Valle Mitre, por la explotación del hotel Alto Calafate, la hostería Las Dunas (que originalmente perteneció a Lázaro Báez y la vendió a los Kirchner para después alquilarlo) y La Aldea de El Chaltén, que se construyó sobre un terreno a nombre del dueño del Grupo Austral.
El alquiler del Alto Calafate incluyó otro valor significativo: entre 2010 y 2011, el 50% de lo facturado por el complejo turístico fue gracias a seis empresas de Báez que alquilaron habitaciones y el salón de conferencias del lugar. Una misma caja.
A esos acuerdos se debe sumar el alquiler de habitaciones por parte de siete empresas del Grupo Austral, garantizando ingresos por 11 millones de pesos. Muchas de esas habitaciones, además, jamás se usaron.
¿De dónde provenían los ingresos de Valle Mitre y de las demás empresas de Báez? de Austral Construcciones. La compañía que recibía contratos viales, proporcionaba dinero a las demás empresas del Grupo, y después estas emitían cheques a favor de los hoteles de Cristina Kirchner. La principal empresa del holding inyectó 70 millones de pesos a la gerenciadora de los hoteles y esos fondos terminaron en el patrimonio de la ex vice.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) condenó a la ex vice y a Báez en el caso Vialidad. Allí se sostuvo que todo el dinero volcado a lo que la justicia calificó como “contratos simulados” tuvieron como único origen, las irregularidades en las obras viales. El circuito corroborado funcionaba de la siguiente manera: Báez cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional, no sólo en concepto de lo que se consignaba en los pliegos licitatorios, sino también a través de las diversas modificaciones de plazos y montos que fueron definidos como sobrecostos por los fiscales del juicio.
Ese dinero, explicó la Justicia, se “destinaba a operaciones privadas con la ex Presidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal”. Cristina Kirchner proveía “el beneficio económico de las empresas del Grupo Báez comandado por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.
El destino final de ese dinero, era “en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta». La referencia es hacia Hotesur -la firma dueña del hotel Alto Calafate- y Los Sauces SA -la inmobiliaria-.
