La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) no ha impuesto ninguna sanción a una administración pública o entidad privada por tomar represalias contra denunciantes de corrupción, a pesar de que desde hace dos años tiene capacidad para hacerlo y de que se trataba de una competencia largamente reclamada por este organismo.
Es la denuncia de media docena de alertadores de irregularidades, sobre todo en ayuntamientos, pero también en instituciones académicas, que han explicado a La Vanguardia que se han sentido desprotegidos por Antifrau.
Casi diez meses después, B. sigue esperando que la contundencia del informe tenga algún efecto práctico. El informe es del director de la OAC, el juez Miguel Ángel Gimeno, y va dirigido al alcalde del ayuntamiento en el que trabajó, al que recrimina “las graves vulneraciones de derechos, entre los cuales [derechos] fundamentales, que se están produciendo en relación con una persona protegida por esta autoridad competente, que, lejos de ser detenidas y reparadas por la corporación local de la cual es usted alcalde, se mantienen voluntariamente en el tiempo y se agravan ante nuevas actuaciones de la corporación local”.
Desde el 2023, la Oficina Antifrau puede sancionar a las administraciones, como reclamaba hacía años
B. lleva seis años batallando contra el gobierno municipal de una ciudad de la provincia de Barcelona, donde fue apartada de su puesto después de acusar a un jefe de acoso laboral. En verano del 2022, B. llevó su caso a la Oficina Antifrau, creada en el 2008 para velar por la integridad de las administraciones públicas en Catalunya. Desde el 2023, este organismo tiene asimismo encomendada la protección de los denunciantes de infracciones, lo que incluye la potestad para imponer sanciones en caso de represalias acreditadas, como es el caso de B.
No es la única alertadora que ve pusilanimidad en la actuación de la OAC. T. y P. denunciaron contratos irregulares en un instituto de la provincia de Tarragona. Tras varias reuniones y aportación de documentación, Antifrau concedió el estatus de persona protegida a solo uno de ellos. “Pese a tener potestad sancionadora, nunca han sancionado. La verdad es que me cansé de malgastar horas de llamadas y correos sin contestar”, explica T.
En el 2019, el propio Gimeno reclamó en el Parlament que la OAC tuviera capacidad para sancionar. En el escrito que en julio del 2024 envía al alcalde, el director de Antifrau relata las irregularidades cometidas contra B., recoge los procedimientos judiciales que le han dado la razón, la denuncia de la Fiscalía contra la estructura municipal por prevaricación, falsedad documental y acoso en procesos de contratación, y remarca hasta tres veces cómo se han ignorado todos sus requerimientos.
Manuel Villoria acaba de ser nombrado para dirigir la futura entidad estatal que coordinará las autonómicas
La OAC ha abierto un contencioso-administrativo contra el ayuntamiento, pero no un proceso sancionador. Sería el primero de una oficina antifraude del Estado. Las sanciones pueden llegar al millón de euros en personas jurídicas y hasta 300.000 en personas físicas; un cargo municipal debería responder de su bolsillo.
La directora adjunta de la OAC, Olinda Anía, se escuda en que la imposición de sanciones “debe ser el final del camino” y que, con simples requerimientos, Antifrau ha logrado frenar despidos o procesos selectivos que perjudicaban a un alertador protegido. “La ley no nos permite anular actuaciones, eso solo compete a un tribunal, y una multa no revierte los daños a la persona afectada, que es nuestra prioridad. Pero de ningún modo estamos cerrados a aplicarlo”, sostiene Anía, que por confidencialidad no entra a comentar expedientes concretos. En un caso han abierto diligencias previas a la sanción, explica.
La dirección de la OAC cree que solo puede dar este paso “de manera coordinada con el resto de oficinas del Estado” (las hay también en Valencia, Baleares, Aragón y Galicia), añade Anía, que recuerda que el Congreso acaba de nombrar al catedrático Manuel Villoria para dirigir la Autoridad Independiente de Protección del Informante, la futura entidad estatal que deberá coordinar a las oficinas autonómica.
La nueva ley obliga a la oficina a prestar ayuda legal y psicológica, pero la medición es difícil
B. empezó a trabajar como arquitecta municipal en el 2015. En el 2018 denunció acoso laboral de un superior que la llevó a una baja de dos años. Cuando regresó, otra profesional había ocupado su lugar. Empezó una lucha para recuperar su empleo. Lo denunció ante un juzgado de lo social, que dio la razón al municipio; el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cambió el veredicto, pero los denunciados acudieron al Supremo, donde el caso aguarda sentencia. En verano del 2022, B. acudió a la OAC cuestionando el proceso de contratación de su sustituta. España estaba a punto de trasponer la normativa europea sobre los alertadores de corrupción.
Una de sus quejas fue por la falta de protección de su identidad: su nombre aparecía en 18 comunicaciones internas del ayuntamiento. Una fuente de la plantilla municipal explica que desde el ámbito sindical se han analizado un centenar de contratos recientes y “un 68% utilizaron un mecanismo que debería ser excepcional”; es el empleado para sustituir a B. Hoy ella está sin trabajo, pese al demoledor informe de Antifrau que exige su restitución.
“La ley de protección de los alertadores no se cumple”, sentencia Albert Comellas, tesorero de la Asociación Española de Denunciantes e Informantes de Corrupción (Aedico), una entidad que acusa a la OAC de dejar en la estacada a la denunciante que supuestamente debe proteger. “La propia oficina acredita que se trata de represalias, pero no se atreve a sancionar a los responsables. Creo que tienen miedo de enfrentarse a un gran ayuntamiento, que multiplica por mucho los recursos de la oficina, y dilatan el proceso para evitarlo. Es grave, porque el mensaje que envían a las personas que estén pensando en denunciar es que nadie va a protegerlos. Aunque les den la razón, se quedarán sin trabajo mientras se ven abocados a procesos judiciales interminables y, por cierto, carísimos”, lanza Comellas. Sabe bien de lo que habla: él mismo denunció hace unos años irregularidades en el PDeCAT de Esplugues de Llobregat y acabó validado en los tribunales.
El organismo, creado en el 2008, tiene una plantilla de 73 personas y un presupuesto de casi 7 millones
“Nosotros no estamos para cubrir todas las expectativas que tienen los alertadores, sino para ejercer las competencias que tenemos asignadas. Si somos blandos o no, eso es una evaluación individual”, afirma la número dos de la OAC. “Como entidad debemos ser absolutamente neutros e intentar objetivar al máximo los hechos. Si solo escuchamos a la persona alertadora, el peso emocional haría decantar la balanza”, añade Anía.
N. también es arquitecta de un gran ayuntamiento de la provincia de Barcelona. Se negó a colaborar en una operación que consideraba ilegal, hace ahora diez años. No solo la cesaron, sino que la acusaron de ser parte de otra trama de corrupción, de un gobierno anterior, que ya estaba en los juzgados. Estuvo dos años imputada, sin saber por qué. Recientemente pidió desvincularse de aquel empleo público para dedicarse a la docencia. Se lo denegaron. Asegura que la OAC no la protegió, ni cuando estalló el caso hace diez años ni en el 2023, cuando regresó por segunda vez, buscando amparo bajo el nuevo marco legislativo. Una fuente que conoce los detalles de la historia la tilda de “escándalo”.
Antifrau, explica Anía, querría que la futura ley catalana de proteción al informante diera al organismo la posibilidad de mediar entre las partes. A veces, un ambiente laboral enrarecido lleva a desacuerdos menores hasta el extremo. “Podría ayudar en muchos casos a resolver conflictos sin necesidad de llegar a ámbitos judiciales”, opina la directora adjunta.
Antifrau se resiste a sancionar a un alcalde que ha ignorado durante meses sus requerimientos
Otro denunciante decepcionado con la OAC es C., policía municipal en la provincia de Tarragona. Había denunciado una docena de irregularidades del concejal de su área, que le instaba a ser laxo o incluso archivar ciertos expedientes: perros peligrosos que paseaban sin bozal, horas extras de agentes no justificadas… Lo llevó primero ante la justicia, donde ha rebotado de instancia en instancia, por ahora sin resultados. Él fue expedientado varias veces. Acudió a Antifrau: “Me dieron esperanzas y prometieron que harían algo, pero no fue así”. Por ley, la OAC no puede iniciar un procedimiento de análisis si el denunciante ha acudido primero a los tribunales. C. también sufrió problemas de salud. Estuvo de baja por daños psicológicos casi dos años. Ha vuelto al trabajo.
En el 2024, Antifrau recibió un 56% más de denuncias que el año anterior: crecieron de 827 a 1.291. Un 70% fueron anónimas. Solo un 4% de las denuncias acabaron siendo investigadas; el 50% fueron remitidas a la autoridad u organismo competente (su ámbito de actuación se ciñe estrictamente al uso de dinero público, aunque sea en entidades de derecho privado, y no entra en fraudes en extranjería, por ejemplo), un 30% fueron inadmitidas y un 16%, archivadas.
Antes de la ley del 2023, seis personas pidieron la categoría de alertador protegido. En el 2023 fueron 30 y el año pasado, 41; de estas, 16 fueron aceptadas. La institución cuenta con una plantilla de 73 personas, de las cuales hay cinco dedicadas a la protección. Su presupuesto en el 2024 fue de 6.957.216 euros.
La OAC dice que, sin recurrir a las multas, ha frenado despidos o concursos para apartar a alertadores
El año pasado, un denunciante solicitó asistencia económica y otros tres, apoyo psicológico. Es una de las cuestiones candentes derivadas de la aplicación de la nueva ley: la obligación de Antifrau de prestar ayuda legal y psicológica. Hay un problema de partidas presupuestarias, pero también de medición complicada. ¿Debe la OAC costear los procedimientos judiciales instados por un denunciante si está protegiendo el interés general? O dicho al revés: ¿debe el alertador pagarlos de su bolsillo? N. calcula que ha gastado más de 60.000 euros en abogados, “todos los ahorros familiares”. “Son procesos legales muy complejos y necesitas que te defienda un buen abogado. En mi caso eran siete imputados y estaban representados por tres despachos distintos, cada uno con su estrategia a la que hacer frente”, reflexiona Comellas.
Parecidas incógnitas plantea la ayuda psicológica: ¿cuántas sesiones deben asumir los fondos públicos? Antifrau está en conversaciones con el colegio de psicólogos para establecer un marco general, posiblemente de unas diez sesiones, para ayudar al denunciante a soportar la batalla contra Goliat.
“Les desmontan la vida, algunos llegan a caer enfermos”
“El anonimato es una herramienta de denuncia delicada pero necesaria, aunque los represaliadores saben perfectamente quién les denuncia. Por eso hay muchas resistencias por parte del denunciante a que el caso salga a la luz sin una garantía de indemnidad para él e incluso su entorno”, reflexiona Joan Llinares, que fue el gestor del Palau de la Música tras descubrirse en el 2009 el desfalco consumado por sus responsables y que posteriormente dirigió durante siete años la Oficina Valenciana Antifraude antes de jubilarse en el 2024. “Suele haber una enorme carga emocional, algunos llegan a caer enfermos. Es que les desmontan la vida: tú eres jefe de servicio en un ayuntamiento, estás haciendo tu trabajo y de pronto te puentean, tus informes se van a la papelera, lo único que recibes son castigos y represalias y estás en riesgo de perder el trabajo. Es obvio que hay motivos suficientes para desbaratarte mentalmente e incluso psicomatizar y acabar enfermando: yo lo he visto. Cuando un individuo se enfrenta al poder lo pasa muy mal, se siente muy solo. Hay un elemento emocional muy intenso que muchas veces hace pensar hasta qué punto hay una cuestión personal y se ha perdido la objetividad. Por eso es tan importante que la recepción de las denuncias y la protección de los alertadores esté gestionada por expertos independientes”, señala Llinares. “A menudo, lo digo por experiencia, un simple escrito del órgano competente advirtiendo a los responsables de las represalias de que se va a abrir un expediente sancionador, y recordando hasta dónde pueden llegar las sanciones y que no las va a pagar el Ayuntamiento sino ellos de su bolsillo, es suficiente para hacerlos recular”, añade.
