La indignacin crece entre los habitantes de esta localidad fronteriza del norte salteo, luego de que se conocieran nuevas denuncias por el presunto cobro fraudulento de pensiones no contributivas por invalidez por parte de ciudadanos bolivianos que, segn los lugareos, no residen en el pas, como lo exige la normativa vigente.
En el marco de una auditora nacional impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que en lo que va del 2024 ya detect irregularidades millonarias por ms de 1.000 millones de dlares, los pobladores de Los Toldos pusieron la lupa sobre un nmero significativo de beneficiarios que cruzan la frontera para acceder a prestaciones sin cumplir con los requisitos legales.
«Aqu somos pocos y nos conocemos todos. Muchos de los que vinieron a validar el beneficio no viven en Los Toldos. Vinieron directamente desde Bolivia«, advirti un vecino a ElTribuno.
Segn informaron fuentes locales, alrededor del 20% de los beneficiarios que se presentaron en el centro de salud local para renovar documentacin provienen del vecino pas. A su vez, se habra detectado el uso de DNI presuntamente irregulares, con domicilios falsos o certificados de residencia firmados por testigos locales y funcionarios que estaran implicados.
Las sospechas de fraude no son nuevas en la frontera saltea. En elecciones anteriores, los vecinos de Los Toldos ya haban intentado frenar el ingreso de ciudadanos bolivianos a travs del puente de La Mamora, denunciando maniobras para alterar el padrn electoral. Ahora, piden que la investigacin iniciada por la Justicia Federal en el intervenido municipio de Aguas Blancas (Orn) se extienda tambin a Santa Victoria, a la que pertenece Los Toldos.
«Nuestro padrn tambin debe ser limpiado. Que se separe la paja del trigo», reclamaron los lugareos.
As se cruza para llegar a Los Toldos.Â
Actualmente, las pensiones por invalidez no contributivas ascienden a $277.537 mensuales, incluyendo un bono adicional de $70.000. Para acceder a este beneficio, los solicitantes deben contar con un certificado nico por discapacidad (CUD), ser argentinos nativos, naturalizados con residencia continua de cinco aos o extranjeros con ms de 20 aos de residencia legal en el pas, requisitos que, segn denuncian los vecinos, no estaran siendo verificados de manera efectiva.
Las irregularidades sealadas en la documentacin, desde certificados de residencia falsos hasta asentamientos de ciudadanos bolivianos como argentinos naturalizados, podran configurar los delitos de falsificacin de instrumento pblico y defraudacin al Estado, con penas que van de 1 a 6 aos de prisin y de 2 a 6 aos, respectivamente.
En respuesta a las denuncias, la directora nacional de Vigilancia de Fronteras, Virginia Cornejo, solicit formalmente a la Delegacin de Anses en Salta la realizacin de un operativo conjunto con la Direccin Nacional de Migraciones en Los Toldos, Aguas Blancas y Salvador Mazza, con el fin de verificar la residencia legal de los solicitantes de prestaciones sociales.
