Las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el contrabando, el lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento del terrorismo están consolidando su presencia en la Argentina. Su avance se ve potenciado por la complicidad de bandas locales, la corrupción estructural y las graves falencias en la coordinación interinstitucional e intergubernamental.
Estas redes operan a través de rutas, puertos, pasos fronterizos y, especialmente, por la Hidrovía Paraguay-Paraná, arteria vital del comercio regional. Esta vía fluvial conecta cinco países (Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay) y por allí circula el 80% de las exportaciones de granos y sus derivados. Según estimaciones, entre el 3% y el 5% de esa carga estaría “contaminada” por actividades ilícitas. Es decir, millones de dólares vinculados al crimen organizado más violento y sofisticado.
Frente a esta amenaza, el control de fronteras, de ciudades portuarias y de la propia Hidrovía debe transformarse en una prioridad estratégica nacional. Argentina, en su mayoría, sigue siendo un país de tránsito, pero no por eso menos expuesto. Hemos sido testigos del paso de narcoaviones por nuestros cielos —tema que merece una nota aparte—, pero lo más alarmante es la fragilidad de nuestro sistema institucional para enfrentar este fenómeno.
El combate contra estas amenazas requiere un pilar central e ineludible: decisión política al más alto nivel. Sin ese compromiso firme, frontal y sostenido, cualquier intento será meramente cosmético. Nuestro país necesita una Política de Seguridad Nacional preventiva, que articule la labor de múltiples organismos: el Ministerio de Seguridad y sus fuerzas, las agencias de inteligencia (criminal, estratégica, financiera, penitenciaria), la Aduana, Migraciones, los controles portuarios y logísticos, y luego, el sistema judicial.
Esta tarea exige coordinación real, no simbolismos. No alcanza con una ministra. Tampoco se combate al crimen organizado con designaciones basadas en lealtades políticas o vínculos personales. Es inadmisible, por ejemplo, que la Secretaría de Inteligencia esté a cargo de una persona cuya única experiencia conocida es haber sido consejero escolar y que ha llegado al cargo por su cercanía a Santiago Caputo. La idoneidad, el compromiso y la honestidad no pueden ser atributos negociables en áreas tan sensibles.
La inversión en tecnología es también imprescindible. Sin drones, escáneres, radares, patrullaje fluvial, control satelital y equipamiento adecuado, la lucha contra estas organizaciones está destinada al fracaso.
A esto se suma un Poder Judicial que, en muchos casos, ha sido cooptado por los intereses que debería combatir. La proliferación de jueces y fiscales vinculados directa o indirectamente con estas redes criminales es una señal de alarma que no puede seguir siendo ignorada.
Señor Presidente, su intervención directa es indispensable. No basta con buenas intenciones ni con discursos rimbombantes en conferencias de prensa cuando se incautan algunos cargamentos. Insisto en que, la designación de personas sin la preparación necesaria, pero con afinidades políticas o personales, en áreas clave de la seguridad, equivale a dejarle la puerta abierta al crimen organizado y expuesta a nuestra seguridad.
El país necesita urgentes decisiones políticas, institucionales y operativas. De lo contrario, la Hidrovía —y con ella gran parte de nuestro territorio— seguirá siendo un corredor liberado para las organizaciones criminales.
