América Latina carga con heridas abiertas. A lo largo del siglo XX, la región vivió dictaduras militares, conflictos armados internos, desapariciones forzadas y múltiples violaciones a los derechos humanos. Estos episodios dejaron profundas marcas en las sociedades, que aún hoy buscan respuestas, justicia y garantías de no repetición.
En países como Argentina y Brasil, la disputa por la memoria ha estado marcada por tensiones entre políticas de verdad y justicia, y estrategias negacionistas promovidas por sectores conservadores. En Argentina, la creación del Espacio para la Memoria en la ex ESMA y los juicios a colaboradores de la dictadura han sido avances clave, aunque hoy enfrentan amenazas como el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti. En Brasil, el negacionismo ha ganado espacio incluso dentro del discurso oficial, como ocurrió con la decisión del presidente Lula de no conmemorar los 60 años del golpe militar.
En Perú, el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) también atraviesa una crisis institucional, con cambios de dirección abruptos y la suspensión de actividades. Estos hechos no son aislados: forman parte de una ofensiva más amplia por controlar el relato sobre el pasado. Frente a ello, la memoria colectiva —y particularmente su institucionalización en espacios museológicos y pedagógicos— se vuelve un campo de disputa clave para proteger la democracia y promover los derechos humanos.
Conversamos con Ana Paula Brito, museóloga brasileña y doctora en Historia Social, para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la memoria en América Latina.
¿Después de vivir procesos de violencia y violaciones de derechos humanos, qué es lo que nos impulsa como sociedad a recordar e impulsar políticas públicas para preservar la memoria?
En portugués hay dos palabras que, juntas, pueden ser una respuesta: luto y luta. En español, duelo y lucha. Muchas víctimas y familiares han transformado su duelo en lucha. La búsqueda de justicia y verdad es, casi siempre, el motor que impulsa la memoria.
Yo lo llamo la “trinidad sacralizada”: memoria, verdad y justicia. Estas tres deben ir juntas, aunque no siempre ocurre. Argentina es un ejemplo de cómo se han impulsado políticas de memoria, verdad y justicia durante décadas. En Brasil, apenas empezamos a hablar como nación sobre los crímenes de la dictadura y a construir políticas públicas en torno a la memoria.
La memoria es el punto de partida. Para comprender el presente y proyectar el futuro, hay que conocer el pasado, aunque esté lleno de heridas. Y esa memoria siempre está en disputa: ocurre en el presente, se negocia, se cuestiona, se define qué se recuerda y cómo se recuerda.
Por eso es peligroso que la memoria pública quede solo en manos del poder político. Las políticas de Estado deben proteger la memoria, pero es la sociedad la que tiene el derecho a ejercerla, defenderla, actualizarla. La memoria es poder. Y por ello debe estar en manos de los pueblos, de las organizaciones sociales, de los movimientos ciudadanos. Solo así se protege la democracia y los derechos humanos.
Después de tantos recuerdos dolorosos que uno quisiera olvidar, ¿por qué persistir en recordarlos? ¿Qué hay detrás de esa lucha por la memoria?
Siempre recuerdo una conversación con mi mamá. Ella era una mujer campesina que solo estudió lo básico. Un día me preguntó: “Hija, ¿por qué estudias tanto? ¿Qué tanto estudias?”. Le hablé de la dictadura en Brasil: las torturas, las desapariciones, las persecuciones. Ella lloró y me dijo: “¿Por qué no estudias cosas bonitas, como pinturas o castillos?”. Yo la miré a los ojos y le respondí: “Por las personas”. Esa respuesta caló en el fondo de doña Vanda, mi madre, y nunca volvió a preguntarme por qué sigo trabajando en esos temas.
Recordar no es solo una tarea académica. Es una necesidad social. Estas memorias dolorosas nos atraviesan a todos, no solo a las víctimas directas. Son intergeneracionales. Recordarlas es también hacer justicia, permitir que las víctimas tengan un lugar donde hacer su duelo, donde materializar su dolor.
Trabajar con la memoria implica malestar, claro. Pero también es una forma de sanar, de resistir, de construir una sociedad más justa.
El año pasado, el presidente Lula canceló los actos por el 60 aniversario del golpe militar en Brasil. ¿Cómo fue recibido esto?
Muy mal. Las elecciones dejaron una polarización muy fuerte en el país. Incluso el presidente Lula, al asumir, pidió que las familias dejaran de hablar de política porque estaban rompiéndose por estas disputas. Pero política es todo lo que hacemos, no podemos dejar de hablar de ella.
Cuando Lula dijo que conmemorar el golpe sería “remoler el pasado”, fue como un balde de agua fría, especialmente para quienes creen que las políticas públicas de memoria protegen la democracia. El 8 de enero, cuando ciudadanos invadieron los predios de los tres poderes para pedir un golpe, fue una consecuencia directa de no haber responsabilizado a los criminales de la dictadura. Hoy, en 2025, vemos en las calles pedidos de amnistía para los responsables del intento de golpe. La memoria de lo ocurrido no solo nos habla de lo que pasó en 1964, sino de lo que pasa actualmente y lo que pasará después.
A pesar del silencio oficial, muchas universidades, sindicatos y organizaciones sociales organizaron actividades. Incluso la película “Aún estoy aquí”, ganadora del Óscar, movilizó el debate. Lula incluso felicitó a la actriz por videollamada. Es paradójico. Pero confirma que la memoria es un campo de disputa permanente.
En Argentina cerraron el Centro Cultural Haroldo Conti y en Perú destituyeron al director del LUM. ¿Por qué hay tanto interés político en desacreditar los espacios de memoria?
Antes, el cierre de los espacios de memoria era la principal estrategia. Hoy, la táctica más frecuente es el cambio de narrativa. Las derechas radicales y negacionistas ya no solo niegan los crímenes: reinterpretan la historia, convierten a las víctimas en victimarios.
Los museos son espacios de poder. Seleccionan qué memorias se oficializan. Cambiar sus discursos puede poner en riesgo la democracia. En Perú, escuché de muchas organizaciones su preocupación por el LUM: no solo por su posible cierre, sino por un posible giro en su narrativa.
La democracia en América Latina es una joven. Ha pasado por dictaduras, genocidios y violencia extrema. Y como toda joven, necesita protección, formación, cuidados. Yo siempre digo: la democracia es una joven mujer, y debemos acompañarla y defenderla.
Quiero contar que, como investigadora de la Universidad de São Paulo, no pude realizar una visita técnica al LUM en marzo de 2025. Mi investigación financiada por FAPESP busca analizar museologías de memorias traumáticas en la región. Pero fue muy difícil coordinar una visita debido a los cambios en la dirección: en solo tres meses hubo tres directores. Ojalá quien esté a cargo mantenga el compromiso con los derechos humanos y la democracia.
¿Cuál diría que es el mayor desafío que enfrenta hoy la memoria en América Latina?
El negacionismo. Y no solo el que niega los crímenes, sino el que convierte a las víctimas en victimarios. Es una manipulación de la memoria. Y es más peligrosa que el olvido.
Este negacionismo se infiltra en los libros escolares, en los museos, en las películas, en los discursos oficiales. Las derechas radicales están orquestando narrativas públicas que tergiversan el pasado. Ese es uno de los mayores desafíos que enfrentamos.
¿Y cómo seguir construyendo memoria en ese contexto de negacionismo?
Resistiendo. Lula dijo en algún momento que los amigos deberían parar de hablar sobre políticas en las mesas de los bares mientras toman cerveza. Hagamos todo lo contrario. Debemos hablar de política en la vida cotidiana, en los bares, en los cafés, en familia. Creando espacios de educación crítica. No se trata de imponer respuestas, sino de fomentar preguntas.
Las redes sociales son hoy herramientas poderosas. En Brasil, se consumen más de ocho horas al día de redes. Pero necesitamos aprender a leerlas con espíritu crítico. Necesitamos segundos de dudas sobre lo que leemos y escuchamos. La memoria puede ser una gran herramienta en ese proceso. Solo así podremos construir una memoria crítica, colectiva y comprometida con la verdad y los derechos humanos.
(*) Prensa IDEHPUCP
