Una exfuncionaria de La Libertad Avanza (LLA), Viviana Aguirre, presentó una denuncia que sacude al PAMI con acusaciones de graves irregularidades en contrataciones. Según el documento judicial, el organismo habría autorizado compras sin licitación utilizando como excusa la urgencia médica de afiliados, permitiendo así la adquisición de servicios o productos con precios que multiplicaban por siete u ocho su costo real.
Aguirre, quien ocupó un cargo en la actual gestión, detalló una presunta maniobra sistemática en la que se habrían utilizado supuestas situaciones de «riesgo de vida» de los jubilados para justificar gastos excepcionales. Este mecanismo, según su relato, habría sido una vía para eludir procesos licitatorios y habilitar pagos muy por encima del precio de mercado.
La acusación involucra directamente a las autoridades más altas del PAMI, incluyendo a su director ejecutivo, Esteban Leguizamo, y al subdirector, Carlos Zamparolo. Según se detalla en la denuncia, el proceso comenzaba con un prestador solicitando una autorización urgente. La sede local del PAMI trasladaba ese pedido a nivel central, donde se habilitaba una excepción. A partir de ahí, el proveedor tenía 48 horas para entregar la prestación, cobrándola a un precio inflado. “Una prestación que valía 10 mil pesos, podía terminar costando 70 mil”, señala el documento.
Además, se advierte que existía un uso excesivo de este mecanismo. Según el testimonio de Aguirre, había entre siete y ocho pedidos de urgencia por día, aunque al revisar los casos, muchos eran estudios médicos de rutina sin carácter vital. Tras identificar el abuso, comenzaron a rechazar estos pedidos, que pasaron a presentarse apenas una vez por semana. Esta práctica, según sostiene la exfuncionaria, habría servido para generar un fondo discrecional mediante sobreprecios.
El caso ahora está en manos de la Justicia, que deberá determinar si existió delito en las prácticas de contratación del organismo, en medio de un clima de creciente tensión dentro del gobierno y con fuertes cuestionamientos al manejo de los recursos públicos destinados a los adultos mayores.
