Una encuesta previa a las elecciones del 2023 de la consultora Delfos remarcaba una tendencia clara en la sociedad cordobesa: 3 de cada 4 personas estaba de acuerdo con la frase “para bajar la delincuencia hace falta mano dura”. El mismo dato había arrojado un sondeo similar en 2008, una época de economía floreciente y consumo en alza. La matriz ideológica parece exigir siempre las mismas soluciones para un problema que no da tregua, especialmente en la capital.
El gobernador Martín Llaryora sigue recibiendo cada semana informes de encuestas y focusgroups que, con mucho más detalle, le marcan a la delincuencia como el problema que más ruido hace. Y las respuestas que se le piden son cada vez más punitivas.
La Legislatura se pronunciará pidiendo a los diputados y senadores nacionales que impulsen una modificación del Código Penal para agravar los delitos cometidos con el uso de motos. Además, avanza el debate para bajar la edad de imputabilidad, con el respaldo explícito de Llaryora. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, también quiere que se sancione una norma que castigue las agresiones a la policía y los daños a patrulleros.
El plan de territorialidad —que asigna zonas específicas a fiscales y jefes policiales— busca mejorar la respuesta ante el delito, con presión incluida al Ministerio Público para que trabaje con más foco y mejor seguimiento.
Ayer jueves, un operativo en Barrio Lamadrid sorprendió a los jefes policiales cuando una fiscal, su secretaria y un empleado llegaron en persona a supervisar el procedimiento. Saltando charcos en el asentamiento, la comitiva judicial se metió en la villa bajo la mirada atónita de los uniformados. “Se nota que les llegó el mensaje que baja desde el Panal”, ironizó un comisario de alto rango.
El GNC más caro del país
El diputado Gabriel Bornoroni reparte su tiempo entre presidir el bloque libertario en Diputados y el armado político en Córdoba, bajo el ala de Martín Menem y Karina Milei. Pero nunca dejó de lado los intereses del rubro estacionero, que hoy maneja su socio Sebastián Roca. Por eso, todo el ecosistema vinculado al GNC lo señala como el responsable del precio altísimo del combustible en Córdoba.
En CABA, el GNC siempre fue más barato que en el resto del país. Hoy se vende a $500 el metro cúbico y ese precio ya se ve también en Rosario, Tucumán y muchas otras ciudades. Pero en Córdoba, el valor más bajo es de $650 y lo más común es que ronde los $700.
“Con un valor de poco más de $110 por metro cúbico, sumando los costos fijos de una estación más los impuestos, no es una locura pensar en más del doble de rentabilidad cobrando $500. Imaginate la diferencia que hacen los estacioneros cordobeses cobrando $700”, comentaba un instalador de equipos mientras hacía cuentas rápidas.
Todos apuntan al acuerdo —monolítico y cerrado— que Bornoroni habría establecido entre empresarios colegas para fijar y mantener los precios en todas las pizarras.
Pobreza medida desde abajo
Los Almaceneros de Córdoba se convirtieron en una referencia —local y nacional— en materia de inflación y cálculo de la canasta familiar y alimentaria. La precisión de sus datos sirve de guía para gremios en paritarias y para economistas que siguen de cerca el movimiento de precios. Desde hace menos de un año, tienen su propio instituto: el IETSE (Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales), que concentra las tareas de relevamiento y difusión.
Ahora están afinando los instrumentos para comenzar a medir la pobreza en Córdoba. Para eso, deben ajustar varios modelos que permitan obtener un dato clave que, curiosamente, nadie releva hoy en la provincia. Más de un funcionario va a seguir de cerca ese informe, que siempre tiene impacto político y deja al desnudo la herida más profunda: una sociedad donde los ingresos empujan cada vez a más personas debajo de la línea de indigencia.
