Diario HOY | Inicia juicio contra exintendente de Puerto Casado, acusado por millonaria malversación

Esta mañana arrancó de manera oficial el juicio contra Hilario Adorno, quien anteriormente se desempeñó como jefe comunal de la ciudad de Puerto Casado, en Alto Paraguay.

El exintendente soporta un proceso penal por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, luego de ser acusado por una millonaria malversación de fondos en la comuna.

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Según los antecedentes, Adorno habría utilizado recursos del municipio casadeño para adquirir una lujosa camioneta para su uso personal, hecho que fue denunciado por los mismos concejales y pobladores.

Cabe recordar que el inicio de este juicio fue suspendido en reiteradas ocasiones, en vista a una serie de chicanas planteadas por la defensa del exintendente.

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El abogado Álvaro Cáceres, representante legal del acusado, solicitó al Tribunal integrado por los jueces Adriana Planas, Elsa García y Matías Garcete el sobreseimiento definitivo de su cliente, teniendo en cuenta que ya había sido juzgado previamente.

A raíz de los incidentes plantados el día de hoy, el juicio fue suspendido y recién tendrá continuidad el próximo 19 de mayo, en el Palacio de Justicia de Asunción.

Según el detalle del informe, la institución realizó un total de 343 impedimentos de salida ya sea por no contar con documentación requerida de viaje, carencia de permiso del menor, prohibición judicial de salida o por órdenes de captura.

Así también se realizaron 283 inadmisiones de ingreso al país a personas extranjeras y 34 expulsiones, en conformidad con lo establecido en la Ley N° 6984/22.

Los ciudadanos expulsados fueron de nacionalidad brasileña (25), argentina (8) y mexicana (1).

Finalmente, el informe señala también 6 casos de extradiciones realizadas en puestos migratorios, que corresponde a ciudadanos paraguayos extraditados desde el extranjero.

Pobladores de las ciudades de Yby Pytá y Ybyrarobana se vieron sorprendidos en los últimos días por un inusitado aumento de la presencia militar en la zona.

Según informó el periodista de SdG Noticias, Juan Alcaraz, esta medida obedece a una orden del alto mando de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para reforzar la seguridad en Canindeyú.

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El Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) resolvió aumentar a partir de esta mana la dotación de personal en su base de la SAP 5, ubicada en Britez Cué.

Esta decisión se da como consecuencia del último ataque registrado en la Subcomisaría N°10 de Ybyrarobana’i, ocurrido este último fin de semana.

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En dicha oportunidad, desconocidos fuertemente armados balearon la precaria dependencia policial, además de arrojar una bomba tipo “molotov” en la oficina de guardia, pero sin dejar ninguna persona herida.

Tanquetas y vehículos blindados fueron vistos recorriendo las calles de ambas localidades, que se encuentran colindantes una con otra. Así también, los efectivos militares han salido a realizar algunos controles aleatorios.

La iniciativa presentada por el diputado colorado José Rodríguez fue declarada de utilidad pública, interés cultural y prioridad nacional, y apunta a convertir uno de los sitios históricos más emblemáticos de la capital en un entorno urbano de paz, cultura y naturaleza, según la exposición de motivos.

El proyecto contempla múltiples objetivos: la preservación de la memoria histórica, el homenaje a las personas sepultadas en el lugar, la creación de senderos peatonales y áreas verdes, y el fortalecimiento del turismo cultural en la ciudad.

“Se trata de un enfoque integral que prioriza tanto la conservación del patrimonio como la revitalización del espacio urbano”, explica el diputado Rodríguez en el documento de presentación.

Inspirado en modelos internacionales como el Cementerio Presbítero Maestro de Lima (Perú), el proyecto contempla la construcción de un Muro de la Memoria, donde figurarán los nombres de todas las personas registradas, históricamente, en el cementerio, así como la habilitación de un Centro Cultural y Museo de la Recoleta, destinado a actividades educativas, culturales y turísticas.

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Según el documento, la transformación incluirá además iluminación artística, accesos inclusivos, sistemas de seguridad y la integración del predio con la trama urbana a través de la apertura de calles internas y mejoras viales.

Un aspecto innovador del proyecto es su esquema de financiamiento, que estará a cargo, exclusivamente, de las entidades binacionales Itaipú (70%) y Yacyretá (30%), mediante fondos destinados a responsabilidad social y desarrollo comunitario, sin afectar el Presupuesto General de la Nación.

Asimismo, se prevé la participación activa de estudiantes del último año de las carreras de Arquitectura e Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), los que elaborarán el anteproyecto ejecutivo de manera gratuita, con supervisión académica y asesoramiento institucional.

Finalmente, la normativa contempla el cierre definitivo del cementerio y la prohibición de nuevas inhumaciones, respetando en todo momento la dignidad de los familiares y los procedimientos legales para la conservación o traslado de los restos.

El proyecto será, primeramente, tratado en varias comisiones, donde se espera una evaluación técnica y social para su posterior inclusión en el orden del día de la Cámara de Diputados.