Los cinco magistrados que integran la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil votaron a favor de mantener la acción penal por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), luego de que legisladores aprueben esta semana un posible salvoconducto apelando a la condición de aforado de un diputado. El relator del caso, Alexandre de Moraes, y otros tres jueces se manifestaron el viernes, el mismo día en que se dio inicio a la sesión virtual para analizar el proyecto aprobado en el Parlamento, mientras que la jueza Cármen Lúcia optó por emitir su voto ayer sábado.
Sin embargo, los letrados aún tienen hasta el próximo martes para cambiar de posición, pedir una extensión del plazo para mayor análisis o solicitar que el caso sea votado por el plenario de la Corte.
El proyecto aprobado esta semana por la Cámara baja y sometido al voto de la Corte establecía la suspensión de toda la acción penal por la condición de diputado de Alexandre Ramagem, uno de los 21 acusados en la trama golpista, quien solo podría responder por delitos cometidos antes de comenzar a ejercer su mandato.
Ramagem, igual que Bolsonaro y los otros acusados, responde por los supuestos delitos de organización criminal, intento de abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado, daño calificado y destrucción de patrimonio público.
En el caso de que los cinco magistrados que integran este brazo de la Corte mantengan su postura hasta el fin de la audiencia, Ramagem responderá por tres de los cinco delitos que pesan sobre él.
Mientras que la acción penal por daño calificado y destrucción de patrimonio público quedará suspendida hasta el fin de su mandato, en un año y seis meses.
Estas acusaciones se refieren a los sucesos del 8 de enero de 2023, cuando miles de manifestantes asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia para exigir a las Fuerzas Armadas que derrocaran al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. El líder progresista había asumido una semana antes del asalto, tras haber ganado las elecciones de 2022, en las que Ramagem obtuvo su escaño de diputado.
Asimismo, los magistrados coincidieron de forma unánime en que la suspensión de estos procesos es válida solo en el caso del diputado y resulta inaplicable para los otros veinte reos, entre los que está Bolsonaro, quien actualmente carece de fueros.
La iniciativa parlamentaria aprobada fue promovida por el Partido Liberal (PL), que lidera Bolsonaro, y presentada en paralelo a un proyecto de amnistía que la ultraderecha demanda para los responsables por la asonada del 8 de enero de 2023, que hasta ahora no ha encontrado eco en el Parlamento.
Otro caso
El magistrado Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil, propuso una pena de diez años de cárcel para la diputada bolsonarista Carla Zambelli, a quien halló culpable de una invasión al sistema informático del Poder Judicial ocurrido en el marco de las elecciones de 2022.
Moraes, en su condición de relator del proceso, también incluyó en la pena la pérdida inmediata del escaño que Zambelli renovó en esos mismos comicios legislativos, regionales y presidenciales, en los que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, derrotó al ultraderechista Jair Bolsonaro, quien aspiraba a la reelección. El ataque informático, según la acusación de la Fiscalía, fue realizado por el hacker Walter Delgatti, quien en el marco del proceso judicial confesó su autoría en este caso y sostuvo que había sido contratado por Zambelli para invadir los sistemas del Consejo Nacional de Justicia y publicar información falsa sobre el proceso electoral.
Las audiencias contarán con 82 testigos
La primera audiencia del juicio a la supuesta trama golpista en la que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro figura como el principal imputado comienza el próximo 19 de mayo, informó la Corte Suprema. En esta primera fase, que se extenderá hasta el 2 de junio, se interrogará a los testigos citados por las acusaciones y las defensas del principal grupo de investigados en la causa, integrado por el líder de la ultraderecha brasileña y otros siete miembros de su Gobierno.
Las audiencias se desarrollarán vía videoconferencia y cuentan con 82 testigos en total, entre los que figuran políticos, miembros del Ejército y funcionarios judiciales, y muchos son compartidos por más de un reo. Esta medida marca el inicio de la fase procesal del juicio, momento en el que se recaban pruebas para la acusación y la defensa. Entre los citados como testigo por el expresidente, se encuentra el gobernador del estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, uno de los políticos señalados como su posible sucesor, ante la inhabilitación política de Bolsonaro, vigente hasta 2030.
Agencia EFE, AFP
