Un informe reciente del Banco Mundial vuelve a poner el foco sobre cómo el crimen organizado obstaculiza el desarrollo económico en América Latina y el Caribe, y destaca la relación cíclica entre la pobreza y la criminalidad.
La edición más reciente del Reporte Económico de América Latina y el Caribe (LACER, por sus siglas en inglés) prevé que la región tendrá el crecimiento económico más lento del mundo en los próximos dos años: 2,1% en 2025 y 2,4% en 2026.
Si bien la pobreza persistente y la reducción de la ayuda internacional siguen frenando el progreso, el informe sostiene que el crimen organizado es un factor clave que agrava los problemas económicos.
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El informe identifica cuatro mecanismos mediante los cuales los grupos criminales de América Latina y el Caribe impiden el desarrollo: monopolizan los mercados lícitos e ilícitos en sus territorios; imponen gobiernos criminales que suplantan al Estado y cobran “impuestos” sobre servicios básicos; extorsionan a negocios legales, aumentando sus costos, y cooptan al Estado a través de la corrupción y la manipulación de actores políticos.
Además, el crimen organizado en la región es más violento que en otras partes del mundo. Mientras que la tasa de victimización —frecuencia con la que una persona es víctima de un delito— triplica el promedio global, las tasas de homicidios fueron 5,4 veces más altas que el promedio entre 2000 y 2009. En la década siguiente, esa brecha se amplió a ocho veces más. Esto demuestra un “exceso” de homicidios en relación con los niveles de victimización, según el informe. No obstante, no todos los homicidios pueden atribuirse directamente al crimen organizado.
“Estamos muy por encima del nivel de violencia que se esperaría, dado el nivel de pobreza y desigualdad en la región. Entonces debemos preguntarnos por qué hay tanto crimen organizado y por qué es tan letal”, dijo a InSight Crime William Maloney, economista del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
El informe del Banco Mundial se suma a otros análisis recientes, como el del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que estimó que el costo directo del crimen y la violencia en la región representa en promedio el 3,5% del producto interno bruto (PIB). Esto implicaría que Brasil perdió 76.000 millones de dólares en 2023 y México casi 63.000 millones.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), por otra parte, advierte que cuando los homicidios aumentan un 10%, la actividad económica local se reduce un 4% a nivel municipal.
Análisis de InSight Crime
El informe del Banco Mundial se suma a una creciente base de investigaciones que demuestran cómo el crimen organizado limita gravemente el desarrollo económico en América Latina y el Caribe. Sin embargo, esa es solo una parte de la historia. A su vez, las condiciones económicas adversas ofrecen un terreno fértil para que el crimen organizado prospere, creando un ciclo destructivo de pobreza e inseguridad del que es muy difícil escapar.
Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que se vivió la contracción económica más severa en la historia de la región. Ese contexto de devastación económica e inestabilidad social permitió la expansión de formas de gobernanza criminal, mientras las organizaciones de narcotráfico aprovecharon para fortalecer sus estructuras.
Tal vez los ejemplos más persistentes y extremos del fortalecimiento del crimen organizado en contextos de colapso institucional y crisis prolongada sean Haití y Venezuela.
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Haití ha llegado al borde del colapso. Pandillas como 400 Mawozo controlan el 85% de la capital, Puerto Príncipe, donde las masacres y desplazamientos masivos son moneda corriente. La misión de seguridad respaldada por la ONU ha tenido poco impacto. Haití, el país históricamente más pobre de la región, ha estado en crisis desde 2018, cuando la escasez de productos básicos provocó protestas masivas. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 profundizó aún más la crisis. Haití es el único país para el cual el informe del Banco Mundial prevé una recesión en 2025.
En Venezuela, el pasaje del país hacia un Estado híbrido criminal comenzó con la hiperinflación y la recesión provocadas por la caída del precio del petróleo y las sanciones internacionales. La crisis no solo desplazó a más de 8 millones de personas, sino que debilitó las redes de clientelismo del régimen de Nicolás Maduro. Sin recursos para sostener lealtades políticas, surgieron bandas depredadoras que ofrecieron a jóvenes marginados una salida a la pobreza extrema.
Esto impulsó la consolidación de redes criminales híbridas y grupos armados que hoy cooperan con el Estado para capturar rentas ilícitas. Colectivos —grupos armados que apoyan al chavismo— y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia operan en conjunto con el gobierno para controlar economías ilegales y reprimir la oposición. Venezuela es uno de los países más violentos de la región.
Hoy, decisiones como los recortes en asistencia al desarrollo internacional y la imposición de aranceles por parte de la administración Trump añaden incertidumbre al panorama económico mundial. El crimen organizado en América Latina y el Caribe podría volver a fortalecerse, reduciendo aún más las posibilidades de que la región logre romper este círculo vicioso.
Imagen princial: Un miembro de una pandilla camina junto a un vehículo en llamas en Haití. Crédito: Goran Tomasevic, The Globe and Mail.
