“Trabajar con transparencia es nuestro principal compromiso para el progreso de la profesión”. Bajo ese lema, Diego Carlos Morini (53) se presentó hace nueve años como candidato a la presidencia del Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba. Y ganó.
Recién elegido, escribió en la cuenta de Facebook de la lista Unidad Profesional un mensaje de agradecimiento: “El voto mayoritario me ha otorgado el honor de presidir nuestra querida institución, pero mi compromiso de trabajo es para con todos y cada uno de los matriculados”.
Hace más de dos años que estas palabras generan un ruido molesto en la mayoría de los socios del colegio profesional.
En 2023, la fiscalía de Instrucción del Distrito 4 Turno 3 de la ciudad de Córdoba, a cargo de Juan Pablo Klinger, lo imputó por presunta malversación de fondos. Es decir, dar un destino diferente al aporte mensual de los 3.500 afiliados de la entidad.
La causa sigue en etapa de instrucción. “Es un caso complejo, por la carga probatoria”, sostuvo una fuente de la investigación.
La gestión actual frente al colegio –que realizó la denuncia penal– espera que este año pueda concretarse la elevación a juicio. Además, avanzará en una acción civil por el perjuicio económico que significaría la comprobación del delito.
Además de Morini, están imputados la extesorera Celia Ruberto y el exsecretario Walter López.
Una auditoría contable externa determinó presuntos gastos sin respaldo, otros que no se condicen con el rubro, pagos dobles o salidas de dinero injustificadas entre 2017 y 2021.
Entre ellos, había un viaje al exterior para la hija de Morini, televisores, pañales y hasta una crema exfoliante. Los cálculos preliminares establecerían un desvío por más de 120 mil dólares.
El desfalco se habría profundizado durante la pandemia: se presume que el aislamiento social obligatorio habría generado el terreno propicio para facilitar irregularidades.
Por ejemplo, en el balance de 2021 aparecen rubros como “gastos de representación” o “reparación y mantenimiento edilicio (sede y Corcovado)” que no existieron, al menos según la denuncia.
“Ellos recaudaban montos de cifras considerables. Particularmente tuvieron esos dos años favorecidos por la pandemia, para proceder de una manera dudosa o sospechosa”, contó una fuente muy cercana al caso, que prefiere mantener su anonimato.
“La Justicia debe investigar si Ruberto prestó colaboración para que Morini pudiera hacer con los ingresos de la institución lo que quisiera sin ningún control”, agregó.
Además, existía una Comisión Revisora de Cuentas que tiene la función de fiscalizar la gestión económica y financiera del Colegio, asegurando que se realice de acuerdo con la normativa vigente. Su objetivo principal es verificar que las operaciones financieras se lleven a cabo con transparencia y eficiencia. Sobre ellos, hasta el momento no se determinaron responsabilidades.
En febrero de 2015, Morini ingresó a la Secretaría General de la Gobernación y permaneció allí hasta hace dos meses, casi al mismo tiempo que se puso la lupa sobre los contratados en diferentes áreas del Estado.
Desde la administración provincial confirmaron a este diario que Morini tuvo una relación laboral bajo la modalidad de contrato, pero no informaron cual era su función.
La Voz contactó a Morini para conocer su versión, pero este decidió no brindar información por el momento.
Egresado de la Universidad Nacional del Litoral, en sus primeros años en la profesión trabajó como director técnico de la Fundación para la Sanidad Animal Tres Colonias, en Brinkmann, cerca de San Francisco.
Antes de llegar a la presidencia del Colegio Médico Veterinario, Morini se dedicó de lleno a la política, como lo había hecho su padre Benito. Dentro de las filas del Partido Justicialista fue concejal y presidente del Concejo Deliberante de esa localidad del departamento San Justo.
Diferencias con el exintendente Gustavo Tévez (Hacemos Unidos por Córdoba) habrían provocado el alejamiento de Morini, quien aprovechó sus contactos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia. En 2014 acompañó la lista de Unidad Profesional como vocal del Consejo Directivo del Colegio Médico Veterinario.
Un histórico dirigente contó a este diario que en la conformación de las listas era habitual la búsqueda de profesionales de diferentes departamentos, para tener una visión más federal. “A veces creés que conoces a una persona y resulta que no era así”, dijo.
Además, indicó que antes de la llegada de Morini a la presidencia en 2017, el colegio funcionaba de acuerdo al reglamento interno, con reuniones periódicas del consejo, obras y superávit.
Apenas iniciada la pandemia, un miembro del consejo pidió detalles contables –ya que hacía tiempo no se brindaba esa información– y ante la negativa, decidió renunciar.
En ese momento, las cosas cambiaron poco. Se reestructuraron funciones y se siguió. Una versión apunta a dos gestiones en paralelo: por un lado, Morini y Ruberto; por el otro lado, el resto. “Hubo una persona que hizo todo esto y unos que lo siguieron sin preguntar”, explicó otra fuente.
En 2022, Morini buscó revalidar su gestión, esta vez como vicepresidente. Sin embargo, el boca a boca entre los matriculados sobre gastos sospechosos derivó en una pérdida de confianza y esa lista perdió la elección.
Al asumir la nueva comisión, percibió inconsistencias en los balances y realizó una auditoría, con la posterior denuncia penal.
