El crimen organizado fue un tema que recorrió la segunda y última jornada de la 10ª Conferencia de Seguridad Hemisférica organizada por el Instituto Jack D. Gordon de la Universidad Internacional de Florida (FIU). El martes 13 abrió en el campus de Coral Gables, Miami, con una mesa sobre el Tren de Aragua; más tarde, el panel “Crimen Transnacional” retomó las nuevas olas delictivas para analizar cómo impactan a lo largo de las Américas.
“El modelo de la criminalidad organizada que observamos hoy día es esencialmente económico”, abrió Pablo Zeballos, asesor superior de la Fundación TAEDA, coorganizadora de #HSC2025 con el Instituo Gordon. “Debemos sacarnos de la cabeza que el crimen transnacional es solo narcotráfico”, agregó, como quien avispa al auditorio sobre una novedad.
Zeballos —quien insistió en que, pese a su hablar elegante y sus ideas sofisticadas, no viene de la academia: es un ex policía chileno— explicó que las organizaciones criminales actuales no se limitan a una sola fuente de ingresos ilícitos. Puso a Perú como ejemplo: allí las ganancias que deja el oro ilegal son ya mayores a las del narcotráfico. “Estas organizaciones tienen la capacidad de tomar varias economías ilícitas a la vez y explotarlas. Uno de sus modelos es la diversificación, casi como un sistema de franquicias”.
Los verdaderos expertos en crimen organizado, agregó, no estaban en esa sala ni en los despachos oficiales ni en las aulas universitarias. Son las comunidades más vulnerables, las que sufren a diario los efectos de estas redes: “Viven en territorios donde no hay presencia estatal pero sí hay fronteras impuestas por las organizaciones criminales. A esas comunidades deberíamos escuchar primero”.
Según su análisis, los gobiernos tienden a concentrarse en la violencia visible, pero hay capas menos evidentes que fungen de sostén. “El crimen organizado busca pasar de la economía ilegal a la economía formal. Lo que antes era ‘plata o plomo’, hoy se convierte en corrupción e influencia sobre las leyes y las políticas públicas”, advirtió. La corrupción es tan relevante como el control del territorio para sostener estas redes.
Para que exista crimen organizado, Zeballos identificó tres elementos clave: “Primero, que haya una economía ilícita rentable; segundo, que exista una estructura capaz de explotarla a largo plazo; y tercero, que se den condiciones sociales que lo permitan”. Entre ellas destacó que rara vez se encuentra la palabra “educación” entre las estrategias preventivas.
“Hay muy poco interés del Estado en evitar el reclutamiento temprano de adolescentes. Hoy los jóvenes no ingresan obligados a los circuitos criminales. Ingresan porque quieren. ¿Cuántos incentivos ofrece el Estado frente a los que les da el crimen organizado?”, cerró.
Félix Maradiaga, exiliado nicaragüense y miembro de la Fundación Friedrich Naumann, centró su intervención en el caso de Nicaragua y lo que describió como la transformación del sandinismo en una estructura de crimen organizado transnacional. Según Maradiaga, es conocida la relación entre movimientos político-militares e insurgentes con ciertas prácticas del delito común: “Se amparan en causas ideológicas para lucrar con el crimen”, argumentó. “El Frente Sandinista no abandonó sus redes criminales: se convirtió en una mafia altamente organizada”.
Dijo que el sandinismo tuvo entrenamiento militar en Libia y que, tras la caída de Muamar Gadafi, el gobierno de Daniel Ortega “otorgó 55.000 pasaportes nicaragüenses a grupos terroristas”. Añadió que desde 2022 llegaron a Nicaragua 266.000 personas indocumentadas en vuelos chárter, “una forma de lucrarse del sufrimiento de los migrantes”.
Subrayó: “Ortega convirtió al Estado nicaragüense en un aparato mafioso. La migración se convirtió en un arma política”. Por eso, en su opinión, no sirve el enfoque con el cual las democracias occidentales lo miran: “Cuando el perpetrador del crimen transnacional es el Estado mismo, no puede ser tratado como un actor normal del sistema. Debe ser abordado como parte del crimen organizado. Las herramientas diplomáticas convencionales no sirven”.
Eduardo Gamarra, profesor de FIU, habló del crimen organizado como un fenómeno regional que necesita respuestas multilaterales coordinadas. Lo contrario de lo que sucede, advirtió: “Hoy en día tenemos una gran ausencia de propuestas para lidiar con este problema”.
Alguna vez, recordó, hubo intentos de políticas hemisféricas. En la actualidad, en cambio, “predominan las respuestas unilaterales o bilaterales, muchas veces sin ideas claras ni sostenibles”. Para Gamarra, esta fragmentación hace que se repliquen aquellos modelos que se perciben como eficaces —como el caso de El Salvador— de forma acrítica.
El profesor de FIU alertó sobre los riesgos de esos modelos autoritarios: “El Salvador, Honduras, Ecuador e incluso Chile están imitando una política de mano dura que no necesariamente es compatible con el Estado de derecho. La sostenibilidad de esos modelos ha sido históricamente limitada en América Latina”.
Gamarra insistió en que el problema no puede abordarse solo desde la seguridad. “Las organizaciones criminales prosperan en contextos de falta de desarrollo, baja institucionalidad y desigualdad persistente. El promedio del PIB latinoamericano per cápita es de USD 9.000 al año: nadie puede vivir con eso. El crimen organizado se convierte en una alternativa real al desarrollo”, destacó.
El momento, además, le preocupa por su gran polarización política. “Estamos tan divididos que no hay espacio para construir puentes. Cada polo cree tener la verdad absoluta. Eso crea el caldo de cultivo perfecto para el crimen organizado”.
Wolf Pamphile, director ejecutivo de Haiti Policy House, recordó que en su infancia en las historias de avionetas que dejaban paquetes en la noche haitiana formaban parte del imaginario colectivo. “De niño uno no sabía que eso era crimen transnacional. Hoy entiendo que esos paquetes eran millones de dólares en drogas, armas o mercancías ilícitas”, comenzó su exposición.
Haití, lamentó, “siempre es un ‘idea adicional‘, algo que se menciona al final, cuando ya se cerró el estudio”. Sin embargo, hoy, cuando el país vuelve a las noticias por la violencia de las bandas, “el crimen transnacional sigue presente, y Haití forma parte activa de esa red”.
Basta invertir un poco de tiempo en estudiar el país, dijo, para “ver más allá del cliché de ‘narcotráfico, pandillas y corrupción’”. Menos visibles, otros negocios ilegales, como la pesca, suelen mover mucho dinero. Citó el ejemplo del tráfico ilegal de anguilillas hacia China, con destino final Japón: USD 13 millones entre 2022 y 2023 aproximadamente.
Pamphille denunció la complicidad entre los sectores privados, los políticos y las bandas armadas. “En Haití unas 13 familias controlan toda la economía. Por ejemplo, una sola familia controla el 97% de los alimentos. Si deciden aumentar los precios, pueden financiar a las pandillas para generar caos y especulación”.
Las sanciones internacionales no han servido: “Muchos de los sancionados viven aquí mismo, en Miami. Es como si un oligarca ruso sancionado viviera a cinco cuadras y nadie dijera nada. No hace falta ir a Haití para combatir el crimen: está acá, en nuestras narices”.
Gamarra se sumó y lamentó la falta de interés internacional por Haití, lo que llamó la “fatiga de Haití”. Y retomó la idea de políticas regionales que operen dentro del marco democrático: “No hay soluciones fáciles. Necesitamos opciones viables que respeten el Estado de derecho y que enfrenten las causas estructurales del crimen organizado. Haití no representa el pasado de la región: puede ser su futuro si no actuamos a tiempo”.
Por último Zeballos, coincidió: “Lo que está en juego es la democracia, el Estado de derecho. Hoy, los métodos represivos son mucho más atractivos que los preventivos, porque generan votos inmediatos”, dijo. “Si vamos a seguir apostando por salidas autoritarias solo porque ofrecen tranquilidad momentánea, entonces tenemos que tener la honestidad de replantearnos qué entendemos por democracia y cómo queremos vivir”
La segunda mesa de la #HSC2025 dedicada al tema se enfocó en el lavado de dinero, los delitos ambientales y la evasión de sanciones en América Latina y el Caribe. El moderador, Nicholas Schumann, representante del US Financial Crime Framework de HSBC, le pidió a Martin Vladimirov, director de geoeconomía del Center for the Study of Democracy, que abriera la discusión con sus conocimientos sobre las actividades rusas tras la invasión a Ucrania.
“En la región del Caribe, especialmente en algunos centros offshore, los activos rusos han crecido desde 2022 hasta alcanzar aproximadamente USD 70.000 millones”, pese a las sanciones internacionales, dijo. Vladimirov explicó también el papel de Venezuela como intermediario en la triangulación del petróleo ruso hacia el mercado estadounidense.
El experto aprovechó la ocasión para observar que la 10º Conferencia de Seguridad Hemisférica se centró mucho en un actor extrarregional como China, pero poco se atendió al papel de Moscú: “En estos dos días he escuchado la palabra Rusia apenas cinco veces, y sigue siendo el actor más desestabilizador en América Latina, con mecanismos que los responsables de políticas públicas aún no comprenden del todo”.
Amanda Gore, investigadora del Center for Global Affairs, expuso casos que vinculan minería ilegal y lavado de dinero, como el escándalo de NTR Metals en Miami. “Vemos un patrón repetido: los ingresos del narcotráfico se convierten en oro ilegal, que luego es exportado con documentación falsa a refinerías internacionales”, detalló. Y queda limpio en las cuentas bancarias.
Gore también contó cómo los casinos en línea, registrados en jurisdicciones con regulación laxa como Curazao y Anjouan, sirven para el lavado y son favoritos del sistema bancario subterráneo chino: “Los clientes —muchos de ellos ciudadanos con restricciones de cambio de divisas en su país— reciben dinero en efectivo en lugares como Canadá o Estados Unidos para apostar, y luego devuelven esos montos mediante transacciones internas en China que no implican movimientos internacionales de fondos”.
Guillermo Lagarda Cuevas, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ofreció un panorama detallado basado en las evaluaciones nacionales de riesgo realizadas por las Unidades de Inteligencia Financiera (FIU) en América Latina y el Caribe. El crimen organizado ya no se limita a actividades ilegales tradicionales: comienza a “intervenir en mercados de exportación y afectar precios, como en el caso de productos agrícolas en México”, dio como ejemplo. Por la extorsión a empresas exportadoras, el consumidor internacional se convierte, sin saberlo, en un financiador del crimen organizado.
Uno de los principales desafíos es rastrear las finanzas ilícitas. “El denominador común de todas estas amenazas es identificar y seguir la pista del dinero”, observó Lagarda. Si bien “siete de cada diez países en la región cuentan con registros de beneficiarios finales”, eso no garantiza demasiado: “Tener un registro no significa que esté verificado, ni que se use activamente para investigaciones”.
Por último, Angela Bruhjell, directora de operaciones de C4ADS, comparó la agilidad de las organizaciones que lavan dinero frente a la lentitud regulatoria. “Aprenden más rápido que nosotros y colaboran mejor entre ellos. Los delitos financieros siguen siendo simples, pero la complejidad está en cómo se utilizan los sistemas”. Los reguladores no responden a la velocidad con la que evolucionan las amenazas: “Nuestra normativa ha quedado empantanada en procedimientos que no aumentan la transparencia, sino que la diluyen”.
Perseguir a actores individuales es mirar el árbol, mientras que el bosque es todo lo que necesita ese sistema criminal para funcionar. “Puede que no sea el dinero directamente, sino los intermediarios, los facilitadores, los vacíos regulatorios”. Una investigación de su compañía detectó que 21 de 26 empresas constructoras de Medio Oriente compartían el mismo abogado para registrar sus operaciones. “Ese punto común fue el que nos permitió reconstruir toda una red que de otro modo hubiera sido invisible”.
