En el tramo final de la campaña electoral de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de Javier Milei anunció que endurecerá por decreto el régimen migratorio de la Argentina. Las medidas incluyen requisitos más severos para obtener la ciudadanía argentina, la expulsión inmigrantes ilegales o con condenas y un nuevo intento de cobrar los servicios de salud y educación.
El oficialismo anticipó que también se buscará acelerar los plazos para echar del país a quienes cometan delitos dentro del país. La modificación será por decreto, según precisó luego un comunicado que difundió la Oficina del Presidente. En la práctica, esto representaría la aplicación de las medidas que el mismo Adorni ya había anunciado en diciembre del año pasado.
El portavoz encabezó este miércoles la tercera conferencia de prensa consecutiva desde la Casa Rosada a cuatro días de las elecciones porteñas en la que es el primer candidato de La Libertad Avanza.
«El Gobierno impulsará una serie de modificaciones al régimen migratorio. De ahora en adelante cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado por la autoridades migratorias y quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán expulsados. El que miente en cualquier información en su ingreso será también expulsado», sostuvo.
Fue enfático Adorni al señalar que «Argentina no será tierra fértil para la llegada de delincuentes», e insistió que «todo aquel que sea condenado, será deportado, sea el delito que sea».
«Hay muchísimos inmigrantes de bien que vienen a trabajar y formar su futuro, no es justo que quienes no cumplen con las mismas normas permanezcan en el territorio argentino», agregó.
A diferencia de lo que ocurrió este lunes y martes en la sala de conferencia de la Casa Rosada, el portavoz y candidato del Gobierno no aceptó preguntas. Se limitó a repetir, con vehemencia, el endurecimiento de los requisitos para ingresar y permanecer en el país.
También adelantó el vocero que el Gobierno finalmente avanzará en la iniciativa que ya habían esbozado algunos funcionarios, como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de que las universidades estarán habilitadas a cobrarle a los alumnos extranjeros si así lo deciden y que «los residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud«.
En ese sentido, sostuvo que «quienes ingresen a la Argentina deberán presentar un seguro médico para garantizar la capacidad de pago».
Al justificar esa decisión, el portavoz sostuvo que en 2024 «la atención médica a personas extranjeras en hospitales nacionales implicó un gasto aproximado de 114.000 millones de pesos». Y agregó: «Esta medida tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del sistema de salud público, para que deje de ser un centro de beneficio financiado por nuestros ciudadanos».
El anuncio de Manuel Adorni, con Patricia Bullrich en primera fila.«También se habilitará a las universidades a cobrar sus servicios si así lo desean, respetando la autonomía universitaria», insistió.
Sobre el final, el portavoz repitió que «van a ser más severos los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía argentina. Solo se va a otorgar a quienes residan dos años en el país sin abandonar el territorio».
Todos los anuncios que Adorni realizó este miércoles los había hecho, el mismo vocero, el 3 de diciembre pasado, durante una conferencia en el mismo salón de la Casa Rosada. Ese día dijo que el Ejecutivo iba «a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio«. Y precisó: «El objetivo de las medidas es avanzar, por supuesto, como en todas las medidas que tomamos, hacia un país ordenado y – en este caso – que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos».
A diferencia de la modalidad que había establecido desde hace tiempo, con conferencias una vez por semana o más espaciadas en el tiempo, el portavoz dio este miércoles la tercera en lo que va de la semana, en una clara intención del Gobierno de ponerlo en el centro de la escena previo a los comicios del domingo.
Este martes, con Luis Caputo en la primera fila, Adorni había anunciado la baja de aranceles a las importaciones de celulares que encendió la polémica por las advertencias del gobernador de Tierra del Fuego y de un importante empresario tecnológico por la posible pérdida de empleos. Esta vez la que estuvo en primera fila fue Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.
