El Gobierno de Javier Milei busca frenar el “abuso” de los servicios públicos por parte de inmigrantes irregulares y exige mayor control en el acceso a la ciudadanía y la residencia
Correo del Sur y agencias
Mundo / 14/05/2025 14:44
El Gobierno de Argentina anunció este miércoles un paquete de reformas que modifica de manera significativa su política migratoria. Las nuevas medidas, impulsadas por la administración del presidente Javier Milei, contemplan la expulsión inmediata de extranjeros condenados por delitos, así como el cobro por el uso de servicios públicos —como salud y educación— para personas en situación irregular o con residencia temporal.
Según reportó Europa Press, durante una conferencia de prensa, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, defendió las reformas asegurando que la legislación actual “invita al caos” y facilita el “abuso de muchos vivos” que no vienen al país con intenciones honestas. «Entra casi cualquiera, incluso condenados con penas menores a tres años, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles», criticó.
Una de las principales medidas será la prohibición de ingreso al país de cualquier persona con antecedentes penales y la deportación automática de aquellos que cometan delitos dentro del territorio argentino. “El que las hace, la paga”, sentenció Adorni.
En cuanto al sistema de salud, se implementará el cobro obligatorio de servicios médicos para quienes no cuenten con residencia permanente, incluyendo residentes transitorios, temporales e irregulares. También será requisito contar con un seguro médico privado al momento de ingresar al país. La presidencia justificó esta decisión argumentando que “no puede recaer en quienes pagan impuestos el abuso que cometen extranjeros que vienen a utilizar recursos que no son suyos”.
El fenómeno del llamado “turismo sanitario” también fue blanco de críticas por parte del Gobierno. Según Adorni, muchas personas viajan a Argentina únicamente para recibir atención médica gratuita y luego regresan a sus países de origen. Informó que, solo en 2024, ocho hospitales públicos gastaron alrededor de 114.000 millones de pesos (unos 90 millones de euros) en la atención de ciudadanos extranjeros.
Las reformas también se extenderán al ámbito educativo. Se prevé que las universidades puedan aplicar aranceles adicionales a estudiantes en situación migratoria temporal.
En cuanto al acceso a la ciudadanía, esta solo será otorgada a quienes hayan residido de manera continua al menos dos años en Argentina o hayan realizado una inversión significativa en el país. Asimismo, la residencia legal requerirá comprobar medios de subsistencia y ausencia de antecedentes penales.
Con estas reformas, el Gobierno argentino busca “seguir recibiendo a quienes vienen a construir un país más libre y más próspero”, pero bajo condiciones más estrictas y sostenibles, en un intento por priorizar los recursos estatales y el bienestar de la ciudadanía.
Etiquetas:
También le puede interesar
