La Legislatura neuquina aprobó por unanimidad una ley que regula el trabajo de los asistentes personales para personas con discapacidad. La norma, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, crea un registro provincial y reconoce esta tarea como esencial para la inclusión y la vida autónoma.
En un paso histórico hacia una provincia más inclusiva, la Legislatura del Neuquén aprobó este jueves por unanimidad la ley que regula la actividad de los asistentes personales para personas con discapacidad, una iniciativa impulsada por el gobernador Rolando Figueroa y reclamada desde hace años por distintos sectores estatales y privados.
La nueva normativa crea el Registro Provincial Único Habilitante de Asistente Personal para la Vida Independiente, define los requisitos de acceso y establece derechos y obligaciones tanto para los profesionales como para quienes reciben el servicio. En sintonía con los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ley garantiza el derecho a una vida independiente, sin sustitución de la voluntad y con plena inclusión social.
El Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, encabezado por la ministra Julieta Corroza, será la autoridad de aplicación de la ley. Entre sus funciones estarán la formación de los asistentes, la gestión del registro y la implementación del programa de asistencia.
La secretaria de Desarrollo Comunitario de Áreas Rurales e Inclusión, Miryan Abojer, celebró la sanción y remarcó que “esta ley no solo reconoce una profesión invisibilizada durante años, sino que también garantiza derechos y promueve la igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial”.
Por su parte, el subsecretario de Discapacidad, Gustavo Iril, destacó el trabajo articulado con la Legislatura y aseguró que la ley “fortalece el proyecto de vida independiente de cada persona”. Agregó que la medida responde a una demanda concreta y también “genera trabajo genuino en cada rincón de la provincia”.
Los asistentes personales cumplen un rol clave para garantizar la participación activa de las personas con discapacidad en la comunidad, facilitando su acceso a la educación, al trabajo y a una vida digna.
La ley contempla además programas de formación específicos según las necesidades regionales, que estarán a cargo de la Subsecretaría de Discapacidad. Desde ese organismo explicaron que se realizarán evaluaciones cualitativas y cuantitativas en cada zona para diseñar capacitaciones acordes.
Entre las principales funciones asignadas a los asistentes personales, la ley subraya el acompañamiento en la autonomía del usuario o usuaria, promoviendo su participación social y mejorando su calidad de vida.
