La Legislatura rionegrina ratificó el acuerdo con Tecpetrol e YPF para extender la concesión del área Agua Salada hasta 2035. El bloque oficialista destacó la inversión proyectada y el impacto en municipios, mientras que la oposición cuestionó la falta de transparencia.
La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves, por mayoría, la prórroga del contrato de concesión para la explotación del área hidrocarburífera Agua Salada, ubicada al norte de la provincia. El nuevo acuerdo, firmado entre el Ejecutivo provincial y las empresas TECPETROL S.A. e YPF S.A., extiende la concesión hasta el año 2035, dado que el contrato original vencía en septiembre próximo.
El área abarca 650 km² y tiene una alta producción de gas natural, con 44 pozos activos, representando el 18% de la producción total de gas de Río Negro. Es la segunda concesión de explotación más importante en la provincia.
El objetivo de la prórroga es garantizar inversiones sostenidas, revertir la caída de producción, mejorar la eficiencia energética y fomentar el desarrollo local. Según se informó, las compañías invertirán 22,5 millones de dólares, que incluyen dos perforaciones nuevas, dos contingentes y el reacondicionamiento de ocho pozos.
Aportes e impacto local
Durante el debate legislativo, la parlamentaria Lorena Yensen (JSRN) defendió la iniciativa destacando los aportes estipulados en el acuerdo: un 3% mensual de la producción en concepto de participación adicional, que se suma al 12% de regalías ya existente. Además, se prevé un bono de U$S 250.000, que podrá ser destinado a salud o educación.
Yensen también remarcó el “bono de prórroga”, que según explicó, será coparticipado entre municipios y Comisiones de Fomento. “Nuestro gobernador no cree en el centralismo, como sí ocurre en otras provincias hidrocarburíferas”, dijo, y agregó que los intendentes deberán presentar proyectos de infraestructura, dado que la ley prohíbe destinar esos fondos a gastos corrientes.
“Es difícil oponerse a estas prórrogas porque sería darle la espalda a los municipios y a los vecinos”, expresó la legisladora oficialista.
Críticas desde la oposición
Desde la oposición, la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) cuestionó el procedimiento: “Este contrato incumple la legislación vigente porque no se garantiza la transparencia. No hubo audiencias públicas, ni consulta a intendentes ni evaluación de pasivos ambientales”, denunció.
En la misma línea, Ana Marks (PJ – Nuevo Encuentro) sostuvo que el convenio “está mal negociado” por el oficialismo. “No le cambia la vida a ningún rionegrino, aunque lo llenen de discursos épicos en redes sociales. Representa apenas unas 14 viviendas o 22 camionetas”, ironizó.
Defensa del oficialismo
El legislador Juan Martín (PRO), que acompañó el proyecto, señaló que el impacto es directo en los municipios. “Debemos usar estos recursos en temas de fondo, lo que realmente le preocupa a los rionegrinos”, dijo.
Finalmente, Juan Martín cerró el debate destacando que la medida permite sostener puestos de trabajo en zonas convencionales no atractivas para grandes operadores. “Con esta prórroga, garantizamos que esos pozos sigan en actividad, manteniendo la mano de obra y beneficiando a pymes del sector”, concluyó.
