La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas contra el excomisario Víctor Hugo Almirón y el exjefe de personal de la empresa La Veloz del Norte, José Antonio Grueso, por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Ambos habían sido sentenciados a 16 años de prisión por el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta en noviembre de 2023.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas contra el excomisario Víctor Hugo Almirón y el exjefe de personal de la empresa La Veloz del Norte, José Antonio Grueso, por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Ambos habían sido sentenciados a 16 años de prisión por el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta en noviembre de 2023.
La condena incluye los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas, e imposición de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos, en perjuicio de 17 trabajadores de la empresa de transporte salteña, cuyo propietario, el empresario Marcos Jacobo Levín, también había sido condenado a 18 años de prisión. Sin embargo, el fallecimiento de Levín en diciembre de 2024 motivó su sobreseimiento por extinción de la acción penal.
Según se acreditó en el juicio, entre el 20 y el 24 de enero de 1977, los trabajadores fueron secuestrados de sus domicilios y lugares de trabajo en Salta y Tucumán, a partir de una falsa denuncia de estafa presentada por Levín. Esa acusación sirvió de fachada para encubrir una persecución basada en la actividad gremial y política de las víctimas. Fueron trasladados a la Comisaría Cuarta de la Policía de Salta, donde permanecieron detenidos en condiciones ilegales, fueron torturados física y psicológicamente, y obligados a firmar confesiones autoincriminatorias. Algunos fueron liberados días después, y otros trasladados al penal de Villa Las Rosas.
«Durante el juicio, se comprobó que tanto Levín como Grueso estuvieron presentes en la comisaría mientras se realizaban los interrogatorios y que la empresa, a través de Grueso, colaboró activamente con la represión. Fue él quien confeccionó listas con nombres de empleados que debían ser detenidos y quien aportó información clave sobre sus actividades sindicales, sus ideas políticas y sus reclamos laborales», se informó oficialmente desde el Ministerio Público.
El fallo de Casación fue firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma, integrantes de la Sala III. Hornos lideró el voto, al que adhirieron Borinsky y, en parte, Ledesma. Esta última votó en disidencia respecto al grado de participación de Grueso, a quien consideró partícipe secundario y no necesario como sostuvieron sus colegas.
La Sala III ratificó el carácter de crímenes de lesa humanidad de los hechos investigados, desestimó los argumentos de las defensas —que cuestionaban la valoración de pruebas, la calificación jurídica y la supuesta arbitrariedad del fallo— y sostuvo que la sentencia estaba debidamente motivada. «La prueba ha sido correctamente valorada conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica», señalaron.
