La cuenta regresiva avanza y el conflicto sigue latente. El 16 de junio vence la suspensión de la Resolución 186, que abriría la puerta a una flexibilización de la barrera sanitaria en la Patagonia. Pero el panorama continúa incierto: las provincias del sur aún no lograron un acuerdo con el Gobierno nacional, y los productores miran con preocupación lo que podría convertirse en un punto de inflexión para la ganadería regional.
El estatus de libre de aftosa sin vacunación que ostenta la Patagonia es un activo estratégico. Gracias a él, la región puede acceder a mercados internacionales que exigen este tipo de certificación sanitaria. Cualquier cambio en esa condición sería, para muchos sectores productivos, un golpe severo en lo económico y en lo simbólico: implicaría retroceder en un camino que llevó años consolidar.
Del otro lado de la discusión, se sostiene que permitir el ingreso de carne con hueso desde el norte del país bajaría los precios al consumidor. Sin embargo, desde la región patagónica rechazan ese argumento. Señalan que ya se comercializa carne sin hueso desde otras provincias, y los valores no presentan diferencias sustanciales.
Se denunció el ingreso de carne desde el norte de manera clandestina.
En los últimos días se realizó una reunión entre autoridades del SENASA, la Secretaría de Agricultura de la Nación y representantes del bloque rural patagónico, entre ellos dirigentes del Partido de Patagones. Si bien el encuentro fue valorado como positivo en términos de diálogo, no dejó definiciones concretas. La promesa más firme que se escuchó fue que no se alteraría el estatus sanitario actual y que se mantendrían los controles. A cambio, Nación pidió una mayor participación provincial en la vigilancia de los puestos, ante las reiteradas denuncias de ingresos clandestinos de carne desde el norte.
Lo cierto es que los tiempos corren. Mientras los productores atraviesan una etapa clave del calendario ganadero, el destete y la venta de terneros para cumplir con compromisos financieros, la incertidumbre crece. Y con ella, el riesgo de que una decisión técnica termine transformándose en un conflicto político de alto voltaje.
