Mario Lugones, es ministro de Salud desde septiembre de 2024, pero la influencia en el gobierno de este cardiólogo de 77 años viene desde mucho antes. Su carrera se forjó en la salud privada, especialmente en el Sanatorio Güemes, donde fue presidente de su fundación y jefe de la Unidad Coronaria. Su experiencia académica incluye dirigir la Maestría de Gerenciamiento de Sistemas de Salud en la UBA, pero su paso por el sector público es escaso, limitado a un breve período en el Ministerio de Educación de Buenos Aires en los años 70. Su designación, oficializada por el Decreto 857/2024, siguió a la renuncia de Mario Russo, quien dejó el cargo por “motivos personales” tras críticas por el manejo del dengue y recortes en medicamentos oncológicos, y Lugones tuvo mucho que ver con su salida.
Hasta entonces Lugones era una especie de asesor no oficial, como abundan en el mileísmo, personas que sin nombramiento alguno toman decisiones que luego, en caso de conflicto, no se harán responsables. El médico participaba, por caso, de las reuniones de gabinete bajo la órbita del despedido Nicolás Posse y habría sido él quien decidió el despido del superintendente de Servicios de Salud Enrique Rodríguez Chiantore, que vía WhatsApp lo anotició de la decisión: “Las cosas tienen su dinámica, así que hicimos cambios en la Superintendencia”, le informó el ciudadano Lugones al funcionario Chiantore, poco más de un mes después de haber asumido.
Sus vínculos políticos son extensos y vienen desde el reinicio de la democracia, cuando se vinculó con Enrique “Coti” Nosiglia, uno de los hombres más poderosos del radicalismo, del lobby y los negocios; y con Luis Barrionuevo, histórico y sinuoso líder sindical gastronómico que, siempre a la sombra del poder, los últimos años pasó del peronismo al macrismo y ahora apoya a Milei. Nosiglia y Barrionuevo conectan a Lugones con una “casta” que Milei prometió combatir, pero que ahora parece integrarse en su gobierno. Además, su hijo Rodrigo Lugones, socio de Santiago Caputo en la consultora Move, amplifica su influencia, permitiéndole controlar organismos como PAMI, SSS, ANMAT e INCUCAI. Santiago Caputo y Rodrigo Lugones forman una red de poder que consolida la gestión de Lugones.
Rodrigo Lugones
Las denuncias contra Lugones se centran en su gestión. En octubre de 2024 pidió la renuncia del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, que está pasando por un momento más que crítico, porque en ese momento y para compensar los paupérrimos sueldos, otorgó un bono de $500.000 al personal financiado con fondos propios. El despido tuvo como argumento que esa decisión atentaba contra la premisa de gobierno de tener déficit cero.
También se le atribuye el desmantelamiento del Programa Nacional de Cuidados Paliativos y la suspensión de 52 medicamentos gratuitos para jubilados, como la morfina para quienes transitan la tragedia del dolor insostenible. En mayo de 2025, firmó un acuerdo con EE.UU. para retirarse de la OMS, una decisión que, dada su trayectoria en prepagas, ha sido vista como beneficiosa para laboratorios privados. En el comunicado conjunto con Robert F. Kennedy Jr., Lugones y el secretario de Salud de EE.UU. criticaron duramente a la OMS, y dijeron que “el manejo de la pandemia de COVID-19 reveló serias deficiencias estructurales y operativas que minaron la confianza global y destacaron la necesidad urgente de un liderazgo independiente y basado en la ciencia en la salud global”. También señalaron que “la ausencia de reformas significativas, las demandas financieras desproporcionadas y la creciente politización de la organización han llevado finalmente a Estados Unidos y Argentina a retirarse de la OMS” .
Esta decisión, aunque política, ha generado críticas por posibles conflictos de interés, dado su pasado empresarial.
El exdirector del Garrahan: Kambourian y sus sombras
Carlos Kambourian, es un pediatra que un día se deslumbró por las luces de la televisión y recorrió todos los canales y programas promocionándose como una figura relevante del universo de la salud, sobre todo cuando llegó a la dirección del Hospital Garrahan. Cumplió esa función entre 2017 y 2019, en los dos últimos años del macrismo. En marzo de 2023, la Cámara Federal de Buenos Aires confirmó su procesamiento por el uso de fondos del Hospital Garrahan para gastos personales, y se lo acusó de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. La justicia determinó que entre mayo de 2018 y diciembre de 2019, Kambourian y el exdirector administrativo Alan Norton utilizaron tarjetas corporativas emitidas por el Banco Ciudad de Buenos Aires para realizar compras y gastos en beneficio propio que no fueron justificadas, y que incluyeron cenas en restaurantes de España y Estados Unidos, donde festejó los cumpleaños de sus hijos y el uso de un vehículo oficial para fines familiares. El hospital reclamó la devolución de más de 1 millón de pesos y 11.700 dólares por estos gastos.
Carlos Kambourian junto a Patricia Bullrich
Kambourian negó las acusaciones y se puso en víctima de un complot en su contra por motivaciones políticas y hasta dijo haber recibido amenazas. No pudo demostrar nada de ello y en noviembre de 2024 pagó más de 7 millones de pesos para evitar el juicio, lo que sugiere un reconocimiento implícito del daño causado, aunque no una admisión de culpa penal. Él dice que fue absuelto por ser inocente. Pero fue por más, encima dijo en redes sociales y medios periodísticos que introdujo transparencia en el uso de fondos en el Garrahan: “El fin de los privilegios. En el Hospital Garrahan había una caja negra: todos los gastos de las autoridades eran en efectivo. Y yo terminé con eso. Me costó muchísimo: violencia física de forma permanente, me rompieron a las patadas las oficinas. El presidente Mauricio Macri me apoyó”. También añadió: “Me dijo que vaya hasta las últimas consecuencias. Y acá están. Transparencia en el uso de los fondos. Instituí por primera vez en la historia de la institución el manejo de fondos con tarjetas, para que todo quede registrado. Todo. Incluso los gastos de representación de todo el personal jerárquico, como el que tuve el honor de ocupar. No me lo perdonaron. Se le terminó la joda a más de uno”, aunque jamás aclaró cuál era “la joda” ajena, cuando quedó evidenciada la propia.
Antes del Garrahan, Kambourián fue Secretario de Salud en Pilar entre 2015 y 2017, donde tuvo como asesor a Diego Spagnuolo, un abogado por entonces ignoto que hoy tiene un rol relevante en el gobierno de Javier Milei -a quien representaba legalmente hasta 2024-, al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad. Una muestra más, como la de Lugones con sus vínculos políticos, de que todo siempre gira en círculo entre los mismos personajes que están muy lejos de no ser “casta”.
El abogado de Milei: Spagnuolo y las acusaciones de corrupción
Diego Spagnuolo, director de ANDIS desde enero de 2024, es abogado personal de Javier Milei, sin experiencia específica en discapacidad. Su nombramiento, oficializado por Decreto 96/2023, fue visto como un premio a la lealtad, no a la idoneidad. Su gestión ha sido un desastre mediático: en febrero de 2025, fue criticado por una resolución que usaba términos despectivos como “imbécil” e “idiota” para describir a personas con discapacidad, lo que llevó a la desvinculación de los responsables de redacción, aunque él firmó el documento. Hace pocos días y durante una reunión con familias de personas con discapacidad, justificó su concepto de que cada uno debe pagar sus propios consumos equiparando un derecho constitucional con el pago del peaje de una ruta: “Si yo pago peaje cuando ando en auto, por qué vos no?” Y llevó más allá su postura y le dijo a la madre de una niña: “Si vos tuviste un hijo con discapacidad, ese es problema de la familia, no del Estado”.
Además, hay alegaciones de corrupción relacionadas con una compra sin licitación por 27 mil millones de pesos a la droguería Suizo Argentina, vinculada a la familia Kovaliker y a figuras como Lule y Martín Menem, decisión que se le atribuye a Spagnuolo, aunque firmada por otro funcionario. Esta situación está bajo investigación por posibles actos de corrupción.
Su pasado como asesor de Kambourian en Pilar refuerza su red política, pero su falta de formación en discapacidad y estas acciones lo posicionan como un símbolo de la gestión improvisada.
La administradora con pasado trucho: Loccisano
Una muestra más de que la rosca política, los intereses personales y el desprecio por la labor social que deberían llevar adelante es la de María Cecilia Loccisano, Secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud desde mayo de 2024. Esta abogada con una larga trayectoria en el ministerio desde 2005, cuando era de filiación supuestamente peronista, fue nombrada subsecretaria de Coordinación Administrativa en 2016, cuando en el gobierno de Mauricio Macri su ex marido Jorge Triaca trepó al cargo de Ministro de Trabajo. Renunció en febrero de 2018 tras el Decreto 93/2018, que prohibía a familiares de ministros ocupar cargos públicos en un contexto de escándalo por nepotismo.
Kambourian junto a María Cecilia Loccisano en la casa da Mauricio Macri
De todos modos, solo un mes después la siguió su marido, como consecuencia de haberse filtrado el audio que el ministro le envió a la mujer que, desde 2012, trabajaba en su casa como personal de limpieza, en negro. Los insultos y el maltrato dieron la pauta, además, de un modo recurrente y habitual que se sumaron a la ilegalidad de su “contratación”, algo que la esposa del ministro, Cecilia Loccisano, no podía ignorar.
Recientemente mileísta a donde saltó luego de militar en Cambiemos, llegó a la dirección del Garraham, donde Kambourián ya había hecho lo suyo mientras la población donaba tapitas de gaseosas. El desfinanciamiento del Garrahan y los recortes presupuestarios que atentan contra el sector más sensible y vulnerable de cualquier población, la de los niños con enfermedades severas, raras o terminales; y sobre todo la manera desdeñosa de justificar el uso de la motosierra en ese espacio, mientras el gobierno destina miles de millones a la SIDE, demuestran no solo ignorancia, sino desprecio por su rol.
Un sistema en crisis
Estas figuras, con sus redes de poder y sus sombras, forman un tapiz de incertidumbre sobre la salud pública. Lugones, con su experiencia privada y alianzas políticas; Rodrigo, el poder invisible; Kambourian, el exfuncionario marcado; Spagnuolo, el abogado insensible; Loccisano, la administradora con pasado político. Todos comparten la falta de formación específica en salud pública y la sospecha de priorizar intereses personales o empresariales, pero son solo botones de muestra de un universo que se extiende a lo ancho y largo del país con arribistas, militantes y personas sin ninguna capacidad ni formación que tienen roles de decisión en organismos fundamentales como PAMI o ANSES. Las denuncias del uso de fondos de esos organismos para el financiamiento de la política libertaria arrecian desde hace meses.
La sociedad argentina merece un sistema de salud gestionado por profesionales idóneos, transparentes y comprometidos con el bienestar público, no por figuras cuyo pasado y presente están marcados por controversias y sospechas de irregularidades.
