Diario HOY | Destacan unidad colorada en Guairá y respaldan continuidad de Cartes en ANR

Durante el acto, se inauguraron seccionales, se realizaron paladas iniciales para obras de infraestructura, como tinglados comunitarios, y se entregaron más de 7.600 nuevas afiliaciones al partido, de las cuales el 70% corresponde a jóvenes que se suman por primera vez.

Además, se ofrecieron consultas oftalmológicas gratuitas y se distribuyeron 350 anteojos en el marco del programa “Paraguay Tierra Adentro”, una acción social impulsada por la ANR. “Nuestra política es ayudar a los que más necesitan, sin importar el color o el partido. Esa es la doctrina del Partido Colorado: una política constructiva, no de críticas”, remarcó Sosa en entrevista con el canal GEN.

Durante la jornada, los dirigentes guaireños entregaron un pedido formal a Horacio Cartes para que continúe como presidente de la ANR más allá del 2028. “Creemos que él es la persona indicada para seguir al frente del partido. Tiene liderazgo, sensibilidad y compromiso con todos los paraguayos, sean o no colorados”, enfatizó Sosa.

Respecto a las elecciones municipales del 2026, el gobernador adelantó que el objetivo será presentar candidatos “dinámicos y comprometidos con el trabajo”. Reiteró que el crecimiento del partido se sustenta en una política de planificación y servicio: “El Partido Colorado trabaja todos los días por la gente. Por eso crece, porque responde con acciones concretas”.

En entrevista con la radio 970 AM, el legislador oficialista recordó que el proceso se originó a partir de un pedido de la Contraloría General de la República, que a su vez fue canalizado por el Poder Ejecutivo y derivado a la Cámara de Diputados. En ese marco, este lunes quedó oficialmente instalada la comisión especial que analizará los informes remitidos, con un plazo de 15 días hábiles para dictaminar sobre una eventual intervención.

Hugo Meza explicó que la metodología contempla la comparecencia de representantes de la Contraloría, la Junta Municipal de Ciudad del Este y del propio intendente Miguel Prieto. Señaló que la comisión no está para juzgar, sino para investigar con base en documentos y argumentos técnicos, brindando el derecho a la defensa a todas las partes involucradas. “Quiero que estén tranquilos, vamos a dar las garantías a todas las partes, porque necesitamos saber lo que pasa en CDE, pero preocupa la histeria colectiva en contra de la intervención, queremos saber por qué temen tanto”, arremetió.

En ese sentido, el parlamentario lamentó que desde ciertos sectores se quiera instalar la narrativa de persecución política como estrategia de distracción. “Hay una obsesión por desviar la atención. Lo que se quiere es saber qué pasó con los fondos de Ciudad del Este. ¿Por qué tanto temor a una intervención?”, se preguntó, al tiempo de afirmar que quienes hoy critican el proceso guardaron silencio frente a episodios anteriores de persecución política. “Hay memoria selectiva”, acotó.

Asimismo, criticó con dureza a la Fiscalía y al sistema judicial por su pasividad ante las múltiples denuncias que pesan contra la administración de Prieto. “Hay un tremendo fracaso de la justicia, porque no olvidemos que hay más de 40 denuncias sobre mal manejo, nepotismo y uso irregular de fondos. ¿Qué hizo la Fiscalía? No se expidió en ninguna de ellas. Por eso hoy se recurre a la vía constitucional que es la intervención”, sostuvo.

Meza también recordó que el propio intendente de Ciudad del Este, en tiempos en que era concejal, defendía la figura de la intervención municipal como herramienta legítima de control. Hoy, sin embargo, la desacredita y quiere instalar un relato de victimización.

La comisión especial de Diputados deberá analizar las acusaciones por supuestas irregularidades en el manejo de recursos municipales y royalties. Se espera que emita dos dictámenes: uno a favor y otro en contra de la intervención, y que la decisión final sea tomada por el pleno de la Cámara Baja.

El diputado Hugo Meza criticó que la Junta Municipal pretenda desestimar una atribución legal de la Contraloría General de la República (CGR), calificándolo como un mero distractor.

“Es peligroso que se desconozcan instituciones republicanas legalmente constituidas. La Junta no tiene ni competencia para opinar sobre la forma ni sobre el fondo del pedido de intervención”, afirmó Meza en entrevista con el canal GEN, al referirse a la resolución municipal que declaró “ilegal e inconstitucional” el pedido de la CGR.

Meza explicó que la comisión especial —integrada por nueve diputados de distintas bancadas— se encuentra en proceso de conformación de su mesa directiva, que podría quedar definida la próxima semana. A partir de entonces, comenzará oficialmente el análisis del expediente, aclaró que ni siquiera aún se evaluó intervenir o no el municipio esteño.

“La hoja de ruta contempla recibir y analizar los documentos remitidos por la Contraloría, convocar a los técnicos auditores, al propio contralor, al intendente Miguel Prieto y a los concejales para que presenten sus descargos”, detalló. También mencionó la posibilidad de una visita in situ a la Municipalidad para solicitar más documentos y verificar las denuncias formuladas.

El pedido de intervención se basa en nueve irregularidades detectadas por la Contraloría en la administración del intendente Miguel Prieto, quien actualmente se encuentra imputado por el Ministerio Público. Las denuncias incluyen sobrefacturación, licitaciones direccionadas, pagos irregulares y posible desvío de fondos públicos.

El concejal colorado Ernesto Guerín cuestionó la decisión de la Junta Municipal de rechazar el pedido de intervención promovido por la Contraloría General de la República (CGR) contra el intendente Miguel Prieto. En entrevista con el canal GEN, calificó la sesión del jueves como un “show político” y advirtió que el oficialismo “tiene miedo de someterse al control”.

“Si hicieron bien las cosas, deberían estar tranquilos. Pero lo que vimos fue un circo. Es obvio que hay temor de parte de ellos, por eso no se someten”, afirmó. “Hace cuatro años pedimos la ejecución presupuestaria y nunca nos dieron”, agregó.

Durante la sesión extraordinaria, los concejales afines a Prieto rechazaron el pedido de intervención argumentando supuestas irregularidades de forma, como una presunta inconstitucionalidad del dictamen de la CGR. Sin embargo, Guerín aseguró que esa postura solo busca desviar la atención de las acusaciones de corrupción que pesan sobre la administración municipal.

Corrupción, coimas y nepotismo

El concejal recordó declaraciones del empresario argentino Enrique Vázquez García —quien está involucrado en la construcción de la Costanera de CDE—, quien aseguró ante el Ministerio Público que pagó coimas a concejales cercanos a Prieto por un valor de hasta 650 millones de guaraníes. También mencionó al jefe de Gabinete, Hugo Benítez, y a otros funcionarios del entorno, como presuntos involucrados en el esquema.

Guerín fue más allá y denunció que la estructura municipal estaría plagada de nepotismo: “¿Quién maneja la planta asfáltica? Su primo. ¿Quién está en el impuesto inmobiliario? Su prima. (…) Ahora, el propio Prieto dice que, si él se va, quedaría su pareja la concejal Valeria Romero como intendenta interina. Es el colmo, vuelve el nepotismo”.

Según el edil, incluso dentro del oficialismo en CDE habría señales de quiebre. Algunos concejales aliados estarían evaluando saltar del barco, sin embargo, estos estarían implicados en las irregularidades. “Varios concejales están también metidos. Hay muchos trapos sucios que van a saltar de todo el equipo”, advirtió.

Críticas al Ministerio Público

Guerín también apuntó contra la inacción del Ministerio Público, que —según él— no avanzó en investigar las denuncias a pesar de los testimonios y evidencias. “Si esto fuera un colorado, ya habría un escándalo nacional. Pero hasta ahora no vemos ninguna acción fiscal firme contra los responsables”.

Para el concejal, la Junta Municipal dejó de cumplir su rol de contralor y se convirtió en un muro de contención política para Prieto.

Mientras tanto la Comisión Especial de Diputados continúa con el análisis del pedido de intervención.