La Fiscalía ordenó el cese inmediato de actividades en una cantera que operaba de manera irregular en el barrio Santa Inés de Presidente Franco. Asimismo, solicitó al Juzgado de Garantías la clausura definitiva del local, atendiendo a las numerosas irregularidades constatadas durante una intervención.
La denuncia fue presentada por el intendente municipal de Presidente Franco, Roque Godoy, en representación de vecinos afectados por las operaciones de la cantera denominada “Itaami”, la cual se encuentra colindante con el Río Monday.
En el marco de la investigación del caso, una comitiva del Ministerio Público realizó un allanamiento en el inmueble en cumplimiento de un mandamiento judicial, donde los intervinientes fueron recibidos por el propietario Miguel Ángel Ohara. Durante el operativo, las autoridades junto al técnico ambiental de la Dirección Especializada en Delitos Ambientales, procedieron a la verificación in situ del predio.
En el lugar se constató la existencia de dos frentes de cantera, de los cuales se extrae roca ígnea tipo basalto. Estas explotaciones, iniciadas en épocas anteriores, se hallan muy próximas al margen izquierdo del Río Monday. La primera cantera presenta una dimensión aproximada de 50 metros de largo y 50 metros de ancho, con una altura de 3 metros. La segunda mide aproximadamente 150 metros de largo, 100 metros de ancho y 4 metros de profundidad.
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La extracción de material se realizaba mediante detonaciones con explosivos, seguidas por el seccionamiento manual de bloques utilizando mazos, picos y cinceles. Se verificó que en dichas tareas participan lugareños de la zona. Asimismo, en otra área del inmueble, se detectó la existencia de un área de la cual se extrae suelo laterítico utilizando maquinaria, específicamente pala cargadora. Esta actividad estaría afectando los límites de la franja de protección del curso hídrico correspondiente al Río Monday.
Además de las irregularidades mencionadas, se constató la total ausencia de documentaciones habilitantes exigidas por la normativa vigente, tales como autorización para el uso de explosivos; inscripción y habilitación expedida por la Dirección de Material Bélico (DIMABEL); así como el permiso correspondiente para la explotación de canteras, emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de la Dirección de Recursos Minerales.
Investigan amenaza por WhatsApp contra adolescente: “Lo mismo te puede pasar”
El Ministerio Público inició una investigación tras la denuncia de que una adolescente de 16 años recibió amenazas, vía WhatsApp, donde un hombre le manifestó que le ocurriría lo mismo que a María Fernanda, refiriéndose al caso de presunto feminicidio en Coronel Oviedo.
El agente fiscal de Ciudad del Este, Alcides Giménez, se encuentra realizando diligencias para dar con el sospechoso, con apoyo de la Unidad Antisecuestro y la policía jurisdiccional.
De acuerdo a la denuncia realizada por la madre, el hombre que realizó la amenaza en contra de su hija, fue identificado como Lorenzo González de 19 años de edad.
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“Viste lo que le pasó a la chica de 17 años (María Fernanda). Cuídate porque lo mismo te puede pasar. Yo mismo te puedo hacer eso, porque hiciste algo que no me gustó y así empiezan las cosas. Cuídate, porque me están agarrando locuras, me puse así desde que tuviste otro. Yo no te voy a perdonar”, refieren algunos de los mensajes.
Igualmente, la adolescente fue asistida por el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público para la contención correspondiente.
Realizan palada inicial para futura sede del Palacio de Justicia de J. Augusto Saldívar
Autoridades de la Corte Suprema de Justicia este martes encabezaron el acto de palada inicial de la futura sede del Palacio de Justicia de la ciudad de J. Augusto Saldívar.
Los ministros César Diesel, Eugenio Jiménez Rolón y Gustavo Santander participaron de la palada inicial de la futura sede de los Juzgados de Primera Instancia de la ciudad de J. Augusto Saldívar.
El acto también contó con la participación de la presidenta del Consejo de Administración de Central, María Teresa González de Daniel, el senador Sergio Rojas, además de magistrados, funcionarios judiciales y representantes de gremios de abogados y autoridades locales.
La nueva sede judicial contará con una construcción de 4.140 metros cuadrados, distribuidos en cuatro niveles, y albergará tres Juzgados Penales de Garantías, un Juzgado Penal de la Adolescencia, dos Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, un Juzgado Laboral, dos Juzgados Civiles y Comerciales, y un Tribunal de Sentencia.
La infraestructura ofrecerá condiciones dignas para magistrados, funcionarios y, principalmente, para los justiciables, permitiendo a su vez la descentralización de los servicios ofrecidos por la Corte Suprema de Justicia.
Este futuro espacio se suma al nuevo edificio judicial inaugurado recientemente en Capiatá y la próxima sede de Fernando de la Mora, que muestra un importante avance en sus obras, destacaron las autoridades de la máxima instancia judicial.
En su discurso, el ministro Jiménez Rolón destacó la relevancia del proyecto como parte del proceso de modernización y fortalecimiento institucional del sistema judicial en la Circunscripción de Central.
Imputan a pareja tras extorsionar a una familia pidiendo millonaria suma de dinero
La Fiscalía formuló imputación contra una pareja acusada de extorsionar a una familia, exigiéndole una millonaria suma de dinero bajo amenazas de secuestro y asesinato, inclusive.
La agente fiscal Zunilda Ocampos resolvió imputar a Ever Ramón Reyes Duarte, alias “Pirulo”, y Liduvina Ramona Castillo Acuña por los hechos punibles de extorsión agravada, coacción grave, amenaza de hechos punibles y asociación criminal.
Ambas personas fueron denunciadas por realizar reiteradas amenazas con fines extorsivos a una familia oriunda de la zona de Ciudad del Este.
Conforme a los antecedentes, la pareja habría exigido la entrega de altas sumas de dinero, bajo amenazas de secuestro y asesinato en caso de incumplimiento.
Inicialmente, solicitaron la entrega de USD 30.000, esto a través de audios y mensajes enviados a los miembros de la familia. Más adelante, los extorsionadores bajaron sus pretensiones y pidieron un monto de G. 10 millones.
Con temor y bajo presión, una de las víctimas se vio obligada a transferir la suma de G. 1.000.000 a través de una billetera electrónica, dinero que fue retirado por un cómplice, según la Fiscalía.
Días después, dos personas fueron hasta la vivienda de los afectados y realizaron varios disparos contra la misma, reforzando con ello las amenazas previas.
Luego de un trabajo investigativo y recolectar las evidencias suficientes, el Ministerio Público formuló imputación contra Reyes y Castillo, para quienes solicitó la aplicación de la prisión preventiva.