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sábado, junio 7, 2025

La tasa turística se multiplica por seis desde 2019 y ya supera los 106 millones

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Desde 2014, el Ayuntamiento de Barcelona ha ingresado 315,4 millones de euros por el Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET). La conocida como tasa turística casi alcanzó los 16 millones de euros de recaudación en 2019 y, tras el año de parón por la covid, el importe se disparó con la progresiva introducción del recargo municipal, que ahora es de 4 euros por persona y noche. La aplicación a la alza de este recargo y el incremento de turistas en la ciudad ha empujado durante los tres últimos años la recaudación hasta los 106,53 millones el año pasado, consolidándose como la tercera fuente de ingresos del Ayuntamiento solo por detrás del IBI y las plusvalías.

La Generalitat se encarga de liquidar el IEET (la tarifa general y el recargo) y lo hace dos veces al año, en abril y octubre. Barcelona es por ahora, y hasta que no se apruebe la modificación pendiente del impuesto, el único municipio que puede aplicar un recargo propio (los 4 euros por persona y noche). El Consistorio recibe el 50% de la tarifa general (la Generalitat destina su 50% al órgano o entidad del Govern competente en materia de turismo) y el importe íntegro del recargo municipal.

El Ayuntamiento advierte que “estamos lejos” del importe que aplican ciudades como Ámsterdam o Berlín

El importe procedente de la tarifa general ascendió el año pasado a 25 millones de euros (15 millones más respecto a 2022). Mucho más importante es la cuantía procedente del recargo, que ha pasado de los 40 millones de 2022 a casi 81,5 millones el año pasado. En cuanto al paquete de la tarifa general, su finalidad está fijada por la propia ley (que está previsto modificar para duplicar la tarifa y priorizar su destino a políticas de vivienda) y los proyectos –hasta ahora destinados principalmente al desarrollo, preservación y promoción de las actividades turísticas– deben aprobarse en la comisión de gobierno municipal. El próximo paquete de proyectos se aprobará con toda probabilidad este jueves.

Sin embargo, el importe procedente del recargo (177,5 millones desde 2022) se ingresa directamente en las arcas municipales. La financiación del Pla Clima Escola, para climatizar 170 centros educativos públicos de Barcelona, con una inversión prevista de 100 millones, procede de estos fondos.

“El IEET y su recargo son un instrumento esencial para desplegar política pública en materia de turismo”, mantiene Jordi, Valls, concejal del Área de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo, quien insiste en que “no es un impuesto al sector, es un impuesto a los turistas que se ha ido desplegando progresivamente en muchas ciudades que tienen los mismos retos en materia de gestión de los impactos que generan los visitantes: presión en el espacio público, en el mercado de la vivienda, en el tejido comercial o en los usos ciudadanos”.

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Valls mantiene que el impuesto turístico “no tiene un carácter disuasivo en la llegada de visitantes que se pueda considerar perjudicial para el sector”, y advierte que “estamos muy lejos” de otras ciudades como Ámsterdam que cobra un 12,5% sobre el precio del alojamiento o Berlín, que cobra un 5%.

El Ayuntamiento ha destinado parte de estos ingresos a sufragar costes de los servicios que los turistas utilizan como pueden ser el transporte, la seguridad o la limpieza, y otro gran paquete para financiar las políticas de gestión para minimizar los efectos no deseados de la masificación turística. Así, una de las novedades es el diseño e implantación de los Espacios de Gran Afluencia (EGAs) y algunas de sus medidas. Así, se pagará con el impuesto turístico desde la contratación de agentes cívicos para la gestión del espacio público, a las subvenciones para el comercio de proximidad de las áreas más tensionadas o actividades organizadas por las entidades en los distritos más turísticos para fomentar el uso vecinal del espacio público. Otro de los destinos de este impuesto es la financiación es una herramienta de gestión, como los dispositivos de control de la oferta ilegal de alojamiento o los servicios de mediación entre las viviendas de uso turístico y las comunidades de vecinos.

Redacción

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