El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha criticado enfáticamente un anuncio que hizo el día anterior la Fiscalía de su país, en cabeza de Consuelo Porras, y pronunciado por el fiscal Rafael Curruchiche. Este Ministerio Público confirmó este lunes que la Sala Tercera de Apelaciones, a petición de la Fiscalía, pidió la “captura del excomisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velásquez Gómez, y de Luz Adriana Camargo, Fiscal General de Colombia, por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión”. El presidente Arévalo, en un comunicado oficial, afirma que esas decisiones “carecen de sustento legal”, y que “se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional”. Horas después, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha secundado el comunicado de Arévalo, añadiendo en sus redes sociales que la Fiscalía de Guatemala está obedeciendo “al crimen y no a las ciudadanías”.
Arévalo ha recordado que esta decisión vulnera el acuerdo que hizo Guatemala con la ONU para que el equipo liderado por Vásquez pudieran investigar libremente la corrupción en el país centroamericano. De acuerdo a este pacto, contaban con la inmunidad necesaria para avanzar sus pesquisas y concretar sus denuncias. Parte de su trabajo se enfocó en revelar los acuerdos que hicieron grupos de poder con la multinacional Odebrecht, que pagó sobornos a políticos de América Latina.
La cabeza de la Fiscalía guatemalteca, María Consuelo Porras, fue designada inicialmente en el cargo por el expresidente Jimmy Morales. Se trata del mismo mandatario que expulsó a Velásquez del su país en 2018, después de que las investigaciones judiciales tocaran a su círculo más cercano. Morales luego exigió el cese de funciones de la CICIG en 2019. “El Ministerio Público es uno de los principales focos del asedio a la democracia”, dijo recientemente Arévalo a la directora de EL PAÍS, y añadió que espera un cambio en la Fiscalía antes de terminar su mandato. “Nombraré al próximo fiscal general, de eso no me cabe duda”, afirmó.
Gustavo Petro fue un paso más allá en su denuncia lo ocurrido en la Fiscalía de Guatemala. “Las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos”, dijo el presidente de Colombia, asociando el actual Ministerio Público al crimen organizado. En un segundo mensaje en redes sociales añadió que “lo que acaba de hacer la extrema derecha guatemalteca: Nazi, y genocida, profundamente narco con la fiscal general de Colombia y Velásquez mi exministro de Defensa y actual embajador ante el Vaticano, con ayuda de apatridas colombianos igualmente nazis”.
La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, también publicó un largo comunicado sobre el tema. “Estamos observando que esta lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada dentro y fuera del país, está generando un contraataque sin precedentes contra los servidores de la entidad y la propia fiscal general de la nación. La decisión anunciada ayer por el Ministerio Público de Guatemala es una más de esas manifestaciones”, dice.
Camargo recuerda que los investigadores tienen inmunidad, y que este año la relatora especial de la ONU sobre independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó las preocupaciones frente a la Fiscalía de Guatemala, al ver “un patrón preocupante de utilización del derecho penal para intimidar y acallar la voz de quienes defienden los derechos humanos, combaten la corrupción o quieren cuestionar los poderes establecidos”. Y, recordando el trabajo que hizo por investigar a los corruptos, Camargo añade que “me cobija la tranquilidad de mi inocencia en los hechos que con sesgo político se me atribuyen”
La cancillería de Colombia ya se había pronunciado también sobre el caso. La ministra de Exteriores, Laura Sarabia, compartió este lunes un comunicado expresando un “enérgico rechazo” ante la emisión de la orden de captura. “Esta acción, que carece de sustento jurídico, constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional”, dice el mensaje.
