A tan solo 15 días del vencimiento del plazo de suspensión de la polémica Resolución 180/2025 del SENASA, el Gobierno nacional aún no define si avanzará con la flexibilización de la histórica barrera sanitaria que protege a la Patagonia o si retrocederá frente al rechazo unánime de productores, instituciones y gobiernos provinciales.
La normativa, publicada y suspendida en tiempo récord, propone integrar zonas del país con diferente estatus sanitario —una con vacunación contra la fiebre aftosa y otra sin ella—, una decisión que, de concretarse, pondría en jaque la sanidad animal y el posicionamiento internacional de los productos cárnicos patagónicos.
El malestar crece. Las cinco Federaciones rurales de la región, junto con los gobiernos de Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, sumaron sus voces en un documento en el que califican la iniciativa como “un durísimo e irreparable golpe a la producción primaria”. A la lista se agregaron las Legislaturas de Tierra del Fuego y Río Negro, la Municipalidad de Patagones y frigoríficos de todo el sur.
“Los productores patagónicos aguardamos con natural impaciencia la derogación de la resolución 180/25 y nos ponemos a disposición para colaborar en un nuevo plan sanitario superador”, expresaron, pidiendo políticas activas para ampliar las zonas libres de vacunación, no eliminarlas.
La posibilidad de que se aplique la resolución sin consenso está latente. El Gobierno nacional ya remitió la medida a la Unión Europea y a Chile para su evaluación, pero no solicitó una opinión formal ni fijó plazos. Si no hay respuesta en las próximas dos semanas, podría interpretarse como “silencio positivo” y la norma comenzaría a regir de facto.
Ante el vacío de decisiones concretas, las provincias analizan imponer barreras sanitarias propias, amparadas en su autonomía. Una de las ideas en debate es replicar lo que ocurre en Mendoza con sus cultivos frutales, mediante normativas locales avaladas por organismos provinciales, como el Iscamen. Otra alternativa, más ambiciosa, es que las provincias patagónicas firmen un acuerdo para sostener una única barrera regional financiada y administrada por ellas mismas, al margen de la estructura nacional.
Este lunes, productores y dirigentes se reunirán en la Sociedad Rural de Río Gallegos para evaluar escenarios y definir medidas. Mientras tanto, la incertidumbre sigue creciendo.
El conflicto pone sobre la mesa un tema de fondo: el desinterés del gobierno central en preservar la sanidad y la soberanía productiva del sur argentino, y el riesgo real de abrir las puertas a una degradación sanitaria que comprometería no solo a los productores locales, sino a todo el esquema exportador del país. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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