La medida alcanza a todos los hogares, incluidos los de ingresos altos. Es un intento por evitar un nuevo impacto en los bolsillos y en los índices de inflación antes de las elecciones legislativas.
En un contexto de tensión por los aumentos de tarifas y su impacto directo en la inflación, el Gobierno nacional decidió postergar la aplicación plena de la quita de subsidios a la electricidad. Hasta octubre, cubrirá una parte del costo de la luz de todos los hogares, incluidos aquellos de ingresos altos, con el objetivo de evitar un salto brusco en las facturas de servicios y contener la presión inflacionaria.
La medida, que fue confirmada por fuentes oficiales, busca amortiguar los efectos del ajuste tarifario previsto por el esquema de segmentación, que en principio debía avanzar con mayor velocidad este invierno. Sin embargo, el impacto directo en el consumo y en los indicadores económicos obligó a recalcular el cronograma, especialmente con la mirada puesta en las elecciones legislativas de octubre.
Alivio temporal en las boletas, pero sin cambios de fondo
El beneficio no implica una marcha atrás en el plan de recorte de subsidios, sino una postergación parcial del traslado de los costos reales de generación eléctrica al usuario final. Según pudo saberse, el Estado absorberá una parte del valor mayorista de la energía para todos los niveles socioeconómicos, al menos hasta el 30 de septiembre.
En números concretos, se estima que sin esta medida, las facturas podrían haber aumentado entre un 80% y un 120% durante el invierno, especialmente en provincias con mayor consumo eléctrico por calefacción.
Una estrategia electoral en clave económica
La decisión de mantener subsidios generalizados hasta octubre coincide con la campaña electoral de cara a los comicios legislativos, donde el oficialismo se juega su capacidad de consolidar el rumbo económico. Evitar nuevos picos de inflación es una prioridad, más aún tras los últimos datos del INDEC que mostraron un ralentizamiento del IPC, aunque con fuerte incidencia de tarifas y combustibles.
La medida también evita posibles conflictos sociales en un contexto de aumento sostenido del costo de vida, caída del consumo y reclamos salariales en distintos sectores.
