Diario HOY | Caso Fernanda: dueño de la farmacia borró video clave, sospechan

El fiscal Fermín Segovia ordenó la detención y pidió la prisión preventiva de Franco Antonio Acosta Céspedes, propietario de la farmacia por donde habrían pasado María Fernanda y el supuesto asesino. También anunció su imputación por frustración de la prosecución y ejecución penal.

“Comparecieron personas hoy, comunicando que el supuesto propietario de esta casa y de la farmacia, Antonio Fabián, le solicitó de forma urgente el 29 de mayo, instrucciones para borrado del circuito cerrado de ese local”, comentó el fiscal, en declaraciones a los medios.

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El viernes 30 de mayo, esta misma farmacia había sido allanada en busca de elementos que condujeran a la localización, todavía con vida, de María Fernanda, día para el cual, este hombre ya había borrado el video. No obstante, ayer se incautaron dispositivos y tarjetas de memoria para el peritaje y la comprobación técnica del borrado.

“En la mayoría de los casos es imposible recuperar (el video borrado), por eso se procede al reseteo”, explicó el fiscal. El técnico que dio las instrucciones para la eliminación del video desconocía qué fines tenía este pedido.

Por otro lado, durante un allanamiento realizado anoche en inmediaciones del domicilio del principal sospechoso, los intervinientes encontraron ropas, medicamentos y un celular dañado que pertenecería a María Fernanda.

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Previamente, ante la prensa, el jefe comunal de la capital aseguró que la solicitud presentada por la Contraloría General de la República generó un “perjuicio tremendo” en la recaudación tributaria.

“Desde el 16 de mayo, los ingresos del municipio empezaron a caer”, afirmó el jefe comunal, al tiempo de señalar que este escenario dificultó el pago de salarios a funcionarios. “No se imaginan lo que cuesta que un contribuyente pague con esta campaña de desinformación”, insistió, apuntando a los efectos negativos del dictamen de Contraloría.

Rodríguez evitó adelantar su posición ante las acusaciones del contralor Camilo Benítez, quien aseguró que existe una “administración calamitosa” en la Municipalidad y urgió a una intervención. En cambio, el intendente instó a los medios (especialmente aquellos que están en su contra) a “quedarse hasta el final” de la audiencia para “conocer la verdad” y prometió mostrar todos los documentos respaldatorios. “No les voy a spoilear el final de la película”, expuso ante la insistencia.

Consultado sobre los pagos atrasados a funcionarios y la situación financiera, reiteró que no hubo retrasos hasta abril y que el municipio venía cumpliendo con sus obligaciones. “Ahora con este mamotreto de pedido de intervención se generó una crispación en los contribuyentes que afectó los ingresos”, subrayó.

Rodríguez también hizo alusión al impacto del proceso en la imagen del municipio. “Hace cuatro años venimos sufriendo de intrigas, medias verdades y tergiversaciones. Hoy es el día para mostrar lo que realmente está pasando”, concluyó.

La Policía compartió el resultado del Operativo Py´aguapy durante el encuentro de Paraguay y Uruguay en el estadio Defensores del Chaco.

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En medio de una serie de controles de vehículos, personas y filtros, a fin de garantizar un encuentro deportivo exitoso, demoraron a 21 trabajadores informales, entre cuidacoches y limpiavidrios, algunos de ellos con antecedentes por hurto y violencia.

Además, 3 hinchas uruguayos fueron derivados a la Comisaría 1ra de Asunción.

Siete hinchas paraguayos también fueron aprehendidos durante los controles, uno de ellos con antecedente por abuso sexual en niños y violencia doméstica.

De acuerdo al informe, por disposición fiscal todos los registrados fueron puestos en libre circulación posterior a la finalización del encuentro deportivo.

Desde el sector obrero sostienen que el informe oficial no refleja la realidad del aumento del costo de vida y acusan al BCP de presentar cifras que minimizan el impacto de la inflación en los hogares de menores ingresos.

En entrevista con la radio Universo 970 AM, el sindicalista José Pineda afirmó que ciertos productos esenciales, como la carne, tuvieron subas importantes que no se ven reflejadas en el promedio general reportado por el ente financiero, lo que consideran una “manipulación grosera” de los indicadores.

En ese sentido, denunció que el actual método de reajuste acumuló un retraso del 24% en el poder adquisitivo del salario mínimo desde la caída de la dictadura en 1989, debido a ajustes insuficientes en varios periodos inflacionarios pasados. “Hay una deuda histórica con los trabajadores que nunca fue saldada”, remarcan desde la CUT-A.

Pineda también lamentó la falta de diálogo con el equipo económico del Gobierno. Señaló que desde hace más de un mes solicitaron una reunión con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Economía, sin obtener respuesta. Esta negativa a entablar conversaciones es vista por la central sindical como una señal de cierre al debate y de desinterés por mejorar las condiciones de los trabajadores.

En la próxima sesión del CONASAM, la CUT-A propondrá presentar un dictamen propio alternativo al informe del BCP, de modo que ambas posiciones sean remitidas al Ejecutivo. Además, anuncian que impulsarán una reforma de fondo al funcionamiento del Consejo, al que califican de “institución burocrática sin utilidad real”.

Ante la posibilidad de que se imponga un reajuste del 3,6%, la central advierte que esto podría marcar un punto de quiebre en la relación entre los trabajadores, el Estado y el sector empresarial, y que no se descartan acciones de protesta si no se escucha el reclamo social.