Diario HOY | Oposición cae en contradicción al defender a Prieto y condenar a Nenecho

En entrevista con la radio 730 AM, la diputada opositora Johanna Ortega se refirió este viernes a la presentación hecha por el contralor Camilo Benítez sobre el pedido de intervención a la Municipalidad de Asunción. La legisladora integra la comisión que estudia el caso del colorado Oscar “Nenecho” Rodríguez, no así la de Miguel Prieto, sin embargo, la misma ejerce una defensa “ciega” de este segundo al tratarse de una figura también opositora.

Mediante su férrea defensa de Prieto, la legisladora demostró que la oposición pretende -aunque ella niegue durante la charla radial- deslegitimar el trabajo de la Contraloría en el caso de Asunción, de modo a salvar al jefe comunal de CDE. “No queremos que le persigan a un opositor y le blanqueen a Nenecho”, dijo.

Su argumento consiste en que, durante su comparecencia ante el Congreso, la Contraloría incluyó hechos de público conocimiento de Asunción (como el dictamen técnico de los detergentes de oro y la deuda con la Caja de Jubilaciones), pese a que estos datos no figuran en la nota que había presentado en su solicitud de intervención, lo cual -a su parecer- no corresponde, ya que tanto los legisladores como el interventor (en el caso de aprobarse la intervención) solamente pueden estudiar los casos que figuran en el pedido del contralor.

“¿Por qué el contralor no incluyó todos esos hechos en su nota de solicitud? Él (Camilo Benítez) menciona el dictamen técnico de los ‘detergentes de oro’. Ese es un dictamen que había solicitado. Eso es de octubre de 2021. El contralor ya sabía y había llegado a la conclusión que ahí hubo una mala gestión de más de Gs. 6 mil millones de guaraníes. ¿Por qué no solicitó la intervención en ese momento? Él le dio herramientas a “Nenecho” al firmar una nota en donde no se incluyen todos los hechos gravísimos de su administración», esgrimió.

“Yo creo y sigo sosteniendo que ese documento es para bajarle a Miguel Prieto y blanquearlo a Nenecho. Ayer se lo dije al contralor de frente. No es que yo ejerzo la defensa de Nenecho. El documento es flojo para acusarle. En el faltante Gs. 500 mil millones en bonos, dice que no tuvo acceso ya que se fue al Tribunal de Cuentas, y yo tengo que hacer el esfuerzo por demostrar. Contraloría no me trae eso sustentado tendiendo los elementos”, expuso en otro momento.

Si bien dijo que no podrán salvar a Prieto de la intervención, reconoció que detrás existe un plan para posicionar al político esteño ante la opinión política como una víctima, con miras a las elecciones próximas. “Lógicamente estas cuestiones se libran en la opinión pública”, reveló.  

Siempre mezclando ambos pedidos de intervención (culpando a la Contraloría de haber juntando ambos casos en una misma nota desde el inicio), la congresista opositora dijo que Prieto demostró las facturas de los hechos que le son atribuidos por la Contraloría. Incoherentemente, parece olvidar que la Contraloría sostuvo que tanto en Asunción como en CDE no se puede documentar el gasto porque está en el Tribunal de Cuentas, y por lo tanto la Contraloría no pudo acceder.

Al parecer de la diputada, Prieto sí puede demostrar los documentos que se encuentran en el Tribunal de Cuentas, pero (contradictoriamente) no puede hacer lo mismo Nenecho, quien a su parecer “debería estar preso en Tacumbú” por las irregularidades de su gestión.

Documento de la Municipalidad de CDE presentado por la Contraloría.

El diputado Candia ocupará el lugar que quedó vacante en febrero pasado tras la renuncia del entonces diputado Orlando Arévalo.

El legislador, antes de su nominación, solicitó la lectura de una nota fechada el 2 de junio, en la que presentó su renuncia como miembro suplente del Consejo de la Magistratura, cumpliendo así con los requisitos legales.

El diputado Candia es abogado, notario y escribano público. Cuenta con especialización en Didáctica de la Educación Superior y es magíster en Ciencias Políticas.

En la Cámara de Diputados se desempeña como vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; y de la Comisión de Relaciones Exteriores. También integra las comisiones de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático; y la Bicameral de Economía Social (COBIES).

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La designación, vale destacar, se ampara en el artículo 253 de la Constitución Nacional, que establece que “los magistrados judiciales sólo podrán ser enjuiciados y removidos por la comisión de delitos, o mal desempeño de sus funciones, definido en la ley, por decisión de un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”.

El órgano está conformado por dos ministros de la Corte Suprema de Justicia; dos miembros del Consejo de la Magistratura; dos senadores; y dos diputados (legisladores profesionales del derecho).

Durante el acto, se inauguraron seccionales, se realizaron paladas iniciales para obras de infraestructura, como tinglados comunitarios, y se entregaron más de 7.600 nuevas afiliaciones al partido, de las cuales el 70% corresponde a jóvenes que se suman por primera vez.

Además, se ofrecieron consultas oftalmológicas gratuitas y se distribuyeron 350 anteojos en el marco del programa “Paraguay Tierra Adentro”, una acción social impulsada por la ANR. “Nuestra política es ayudar a los que más necesitan, sin importar el color o el partido. Esa es la doctrina del Partido Colorado: una política constructiva, no de críticas”, remarcó Sosa en entrevista con el canal GEN.

Durante la jornada, los dirigentes guaireños entregaron un pedido formal a Horacio Cartes para que continúe como presidente de la ANR más allá del 2028. “Creemos que él es la persona indicada para seguir al frente del partido. Tiene liderazgo, sensibilidad y compromiso con todos los paraguayos, sean o no colorados”, enfatizó Sosa.

Respecto a las elecciones municipales del 2026, el gobernador adelantó que el objetivo será presentar candidatos “dinámicos y comprometidos con el trabajo”. Reiteró que el crecimiento del partido se sustenta en una política de planificación y servicio: “El Partido Colorado trabaja todos los días por la gente. Por eso crece, porque responde con acciones concretas”.

En entrevista con la radio 970 AM, el legislador oficialista recordó que el proceso se originó a partir de un pedido de la Contraloría General de la República, que a su vez fue canalizado por el Poder Ejecutivo y derivado a la Cámara de Diputados. En ese marco, este lunes quedó oficialmente instalada la comisión especial que analizará los informes remitidos, con un plazo de 15 días hábiles para dictaminar sobre una eventual intervención.

Hugo Meza explicó que la metodología contempla la comparecencia de representantes de la Contraloría, la Junta Municipal de Ciudad del Este y del propio intendente Miguel Prieto. Señaló que la comisión no está para juzgar, sino para investigar con base en documentos y argumentos técnicos, brindando el derecho a la defensa a todas las partes involucradas. “Quiero que estén tranquilos, vamos a dar las garantías a todas las partes, porque necesitamos saber lo que pasa en CDE, pero preocupa la histeria colectiva en contra de la intervención, queremos saber por qué temen tanto”, arremetió.

En ese sentido, el parlamentario lamentó que desde ciertos sectores se quiera instalar la narrativa de persecución política como estrategia de distracción. “Hay una obsesión por desviar la atención. Lo que se quiere es saber qué pasó con los fondos de Ciudad del Este. ¿Por qué tanto temor a una intervención?”, se preguntó, al tiempo de afirmar que quienes hoy critican el proceso guardaron silencio frente a episodios anteriores de persecución política. “Hay memoria selectiva”, acotó.

Asimismo, criticó con dureza a la Fiscalía y al sistema judicial por su pasividad ante las múltiples denuncias que pesan contra la administración de Prieto. “Hay un tremendo fracaso de la justicia, porque no olvidemos que hay más de 40 denuncias sobre mal manejo, nepotismo y uso irregular de fondos. ¿Qué hizo la Fiscalía? No se expidió en ninguna de ellas. Por eso hoy se recurre a la vía constitucional que es la intervención”, sostuvo.

Meza también recordó que el propio intendente de Ciudad del Este, en tiempos en que era concejal, defendía la figura de la intervención municipal como herramienta legítima de control. Hoy, sin embargo, la desacredita y quiere instalar un relato de victimización.

La comisión especial de Diputados deberá analizar las acusaciones por supuestas irregularidades en el manejo de recursos municipales y royalties. Se espera que emita dos dictámenes: uno a favor y otro en contra de la intervención, y que la decisión final sea tomada por el pleno de la Cámara Baja.