La discusión del proyecto de ley de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Caja de Profesionales Universitarios (Cjppu) centra desde hace semanas la atención del Senado y ha frenado el avance de otras iniciativas que, por lo pronto, pretendían ser aprobada con cierta celeridad. Entre ellas el proyecto que plantea regular que los ingresos a las intendencias departamentales sea por concurso o por sorteo. La iniciativa, que ya cuenta con sanción de la Cámara de Representantes, había sido incluida como una de las prioridades de la bancada del Frente Amplio (FA), pero se topó con fuertes reparos por parte de varios jefes comunales, entre ellos algunos vinculados a esa misma fuerza política.
«Tal como está planteada la norma, generaría dificultades importantes a la hora de operativizar el desarrollo propio de la lógica funcionarial de las intendencias», dijo el jefe comunal de Montevideo, Mauricio Zunino, al presentarse ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.
Zunino ratificó allí su postura favorable a una norma que transparente los ingresos a las comunas. «Nos hace mal a las intendencias estar siempre teñidas bajo un manto de duda o de desconfianza», indicó. También habló de que los posibles mecanismos que garanticen esos mecanismos de ingreso «tampoco sean una cuestión que embrete a las intendencias en términos de funcionamiento». El jefe comunal capitalino dijo entender la urgencia por aprobar la ley, pero llamó a tener una «buena ley», en «términos de no tener que después hacer retoques posteriores que finalmente complejicen la situación».
Su razonamiento fue seguido por otros intendentes presentes en la sesión, en términos de que la eventual ley puede abordar de manera diferente, en términos de casuística, las diferentes formas de vínculos laborales que existen en las intendencias.
En el caso de la Intendencia de Montevideo (IMM), un informe incluido en la Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo presentó la semana pasada en el Parlamento da cuenta de 13 diferentes formas de contratación en una comuna que al 31 de diciembre de 2024 declaró tener 9.912 vínculos laborales, 408 más que el año anterior.
De acuerdo a los datos relevados por El País, de ese total, 8.401 tienen calidad de funcionarios públicos, lo que representa 83 casos menos que en 2023. Se trata de 6.678 funcionarios presupuestados, 1.645 contratos permanentes y 95 zafrales y eventuales. Entre los 1.154 ingresos producidos el año pasado, 954 fueron por concurso de oposición y méritos, y 160 a través de la transformación de cargos. En todas estas categorías hubo el año pasado 1.241 bajas, con lo que el saldo neto indica que hoy en la IMM hay 87 vínculos menos con calidad de funcionario público que en 2023.
La realidad es otra si se habla de vínculos sin calidad de funcionario público. Son 1.494 casos, contra 1.003 que había al 31 de diciembre de 2023. Del total, 1.315 se desempeñan como «pasantes», 82 como arrendamiento de servicio, 66 becarios y 31 en otras categorías. Entre los no funcionarios el año pasado hubo 586 bajas, con el saldo neto aumentó en 415 casos.
«La soledad del poder es tremenda»
El planteo de Zunino ante la comisión fue hecho el pasado 20 de mayo. Allí estaban varios de sus colegas nacionalistas, que hicieron fuertes cuestionamientos al proyecto de ley. «Tiene problemas de sintaxis, de semántica y de pragmática», dijo el jefe comunal de Durazno, Carmelo Vidalín. «Quizá fue hecha muy a las apuradas», apuntó. Vidalín sostuvo que hubiera ameritado recabar la opinión de los jefes comunales que, quizás, pudieron haber hecho algún aporte. Al respecto, sugirió que la comisión consulte con el presidente Yamandú Orsi, en su calidad de exintendente de Canelones.
El duraznense puso algunos ejemplos, tomando como referencia a legisladores presentes. «Si hay concurso en la intendencia y el senador (Andrés) Ojeda pasa por la puerta y se entera, puede presentarse en desmedro del resto de los compañeros que sí tienen una carrera funcional», dijo. «Eso no es justo». Vidalín se preguntó si los intendentes «ya no podrá tener derecho» a designar cargos de confianza, cuando «hay momentos en que la soledad del poder es tremenda». «Miramos para todos lados y no tenemos a quién consultar», agregó.
En esa misma línea se expresó el reelecto intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, que insistió en el planteo nacionalista de que este proyecto, tal como está redactado, viola la autonomía de las intendencias consagrada en la Constitución. «A veces, desde la función parlamentaria y desde Montevideo se tiene una visión demasiado primitiva de los gobiernos departamentales», afirmó. «Se nos pinta poco menos que como señores feudales con repúblicas bananeras bajo su dominio», agregó. Umpiérrez dijo percibir a este tipo de normas como «una forma de discriminación» hacia el interior.
Según Umpiérrez, la discusión no es entre mayor o menor transparencia ya que, afirmó, todos los estatutos de funcionarios departamentales incluyen al concurso o al sorteo como forma de designación. El rochense siguió el razonamiento de su colega de Durazno. «Uno entra a gobernar y no tiene derecho a elegir el director de Obras o el de Hacienda», lamentó. «No creo que en el gobierno nacional alguien piense cambiar a la ministra de Salud Pública por un funcionario que haya entrado por concurso», ironizó.
Las posturas de Ojeda y Bordaberry
La discusión de este proyecto supuso un intenso debate en Diputados, que lo aprobó a principios de mayo con el voto de todos los partidos pero con una fuerte oposición del Partido Nacional, que quedó en solitario frente al resto del arco político.
Además de regular el ingreso, el proyecto plantea prohibir que las intendencias procedan a la designación de nuevos funcionarios presupuestados o contratados durante los últimos 12 meses de cada período de gobierno. Sí se admite la distribución de personal.
Ahora, en el Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda dijo esperar las propuestas que los intendentes se comprometieron a realizar antes de votar el proyecto, y afirmó que algunos de los reparos son atendibles. «Nosotros, que somos los promotores de la iniciativa original desde el proyecto de ley del exsenador Peña, creemos que es mejor tener el mejor proyecto y no el proyecto casado más rápido», dijo. «Me pongo a la orden para buscarle la vuelta al proyecto», agregó. Ojeda lo resumió como «transparencia equilibrada con funcionamiento».
En el Frente Amplio, Sebastián Sabini consideró importante la opinión de los intendentes, desde el momento en que serán los que apliquen la normativa. «Tampoco quiere decir que tengamos que legislar según lo que ellos opinen», matizó.
A instancias de los intendentes, la comisión decidió que recibirá y escuchará la opinión del Congreso Nacional de Ediles y de la Federación Nacional de Empleados Municipales. La presencia de estas delegaciones postergará algunas semanas más la definición del proyecto.
La situación no pareció conforma al senador colorado Pedro Bordaberry, que en una de las últimas sesiones de la comisión recordó el compromiso de su bancada de no votar la iniciativa de «apuro» y hacerlo después de la elección departamental de mayo. Bordaberry hizo alusión a una reunión previa, en la que se habían definido las citaciones. «Se dijo que íbamos a citar a tal o cual persona, pero ahora hay una lista que es un chorro, que nos va a llevar a estar hasta el año 2030 en lo mismo», protestó. «Lamento ser tan franco, pero prefiero serlo así, y claro».
El intendente de Maldonado, Enrique Antía, afirmó al cuestionar el proyecto que hoy el 30% de las tareas que desempeñan las intendencias departamentales están por fuera de lo que les corresponde o para lo que fueron designadas. «Estamos sustituyendo todos los días al gobierno nacional con tareas especiales», dijo. Entre los casos que «no corresponderían» mencionó a los guardavidas. «Tengo 350 contratos todos los años», afirmó. «Permanentemente estamos actuando y tenemos que contratar personas puntuales para resolver estas situaciones», indicó.
