Después de que la Justicia rechazara la nulidad presentada por la defensora oficial de Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe declaró en el juicio que se lleva adelante en Salta y afirmó ser «inocente». Además, siete damnificados en el marco de la causa que investiga al empresario por una presunta «estafa piramidal» detallaron cómo funcionaba la financiera en esa provincia,
Cositorto imputado por 118 hechos de «estafas reiteradas y asociación ilícita, en concurso real», compareció ante los jueces Martín Pérez, Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans durante una hora y respondió las preguntas formuladas por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos. “Mi detención fue el resultado de una campaña mediática y judicial”, sostuvo.
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Sobre la llegada de Zoe a la provincia norteña, el autodenominado «coach ontológico» señaló que eligió como referente a Ricardo Vilardel, otro de los acusados cinco, sobre quien dijo haberlo conocido en otros trabajos y con quien retomó el vínculo en un curso de coaching. De acuerdo a su testimonio, donde insistió en su inocencia, expresó que las operaciones de la compañía se llevaron a cabo dentro del marco legal, bajo estructuras de fideicomiso.
En esa línea, atribuyó el derrumbe de su sistema a una fiscal de Córdoba que, acorde a su relato, lo acusó «sin pruebas», provocando el bloqueo de sus cuentas y la pérdida de acceso a sus bitcoins. «Me retuvieron 611 bitcoins, eso son 65 millones de dólares», dijo ante los magistrados, indicando que supuestamente su intención era devolverle el dinero a los inversores.
El empresario de 54 años explicó que el dinero captado era reinvertido en criptomonedas, y lo comparó con los casos de CoinX y $LIBRA, dos casos a los que fue vinculado el presidente Javier Milei -y el segundo de ellos sigue en investigación. Por su parte, la Sala 1 del Tribunal de Juicio denegó la solicitud de nulidad del debate oral y público presentada por la defensora oficial de Cositorto, Cecilia Martínez.
Las declaraciones de los damnificados de Generación Zoe
Durante la tercera jornada del proceso brindaron su testimonio siete denunciantes, entre ellos una abogada, cuatro efectivos del Servicio Penitenciario y un policía aeroportuario retirado. Relataron cómo se vincularon con la Fundación Zoe y por qué decidieron confiar sus ahorros en dólares en las inversiones cuestionadas.
En las oficinas les informaban que podían retirar los intereses pero el capital inicial no. Recién podían recuperarlo al cabo de tres años y también les daban la opción de reinvertir el dinero en bots de criptomonedas, señalaron. La mayoría de los denunciantes manifestó haberse enterado de las operaciones financieras que realizaba la compañía a través de compañeros de trabajo o amigos; y a los fiduciantes les ofrecían una comisión o premio por llevar a otras personas, coincidieron, según consignó el portal del Poder Judicial de Salta.
Los testigos mencionaron que una de las cuestiones que los «alentaba a seguir invirtiendo» era que podían ver cómo crecía su capital mes a mes a través de una aplicación que les hacían bajar en su celular. Además, tenían confianza en el proyecto porque Zoe tenía sucursales en diferentes ciudades del país y en Salta contaba con oficinas céntricas muy bien instaladas.
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Uno de los damnificados mencionó que en las instalaciones de la empresa «funcionaba la financiera pero también un templo«, donde se realizaban reuniones y ceremonias.
Los testigos señalaron a los coimputados, Ricardo Vilardel, Jorge Vilardel, Ana Lucía Vilardel y Vilma Albornoz, como interlocutores de la fundación en Salta. Además, una de ellas dijo que tras entregar sus ahorros exigió que le dieran un contrato. Ante su insistencia la citaron y le hicieron firmar un “formulario de adhesión a fideicomiso”, pero nunca tuvo acceso al contrato.
Después, cuando se conoció por los medios que Cositorto había sido denunciado en Córdoba, la denunciante mencionó que inmediatamente se comunicó al grupo de whatsapp de Zoe para pedir información. «Me dijeron que no me preocupara, que el pedido de captura era mentira», recordó.
Las preguntas de los inversores eran cada vez más insistentes y entonces los administradores anularon la opción de permitir comentarios en el mencionado grupo. La damnificada le escribió por privado a una de las coimputadas y ella le dijo que Cositorto había ordenado limitar el chat y, a pesar de los reclamos, después promocionaron una nueva empresa llamada Sunrise que funcionaba con otra aplicación.
Como en muchas de las denuncias que hay en diferentes lugares del país, se señala que en la empresa prometían retornos de entre 7,5% y el 10% mensual con la adhesión de una “membresía” de entre 500 y 1000 dólares, entre otras opciones. En Corrientes, Cositorto ya fue condenado a 12 años de cárcel junto a otras personas por estafas y asociación ilícita.
FP cp
