La Patagonia judicializa la barrera sanitaria y busca frenar el ingreso de carne con hueso
La decisión del gobierno nacional de habilitar el ingreso de carne con hueso plano a la Patagonia encendió una alerta en las entidades rurales del sur del país, que ya definieron una estrategia legal para intentar frenar la medida. Se trata de la resolución 180/2025 del SENASA, que flexibiliza la histórica barrera sanitaria, habilitando la llegada de productos cárnicos desde zonas donde aún se vacuna contra la fiebre aftosa.
La Federación de Sociedades Rurales de Río Negro encabezará una presentación administrativa, mientras que sociedades rurales locales avanzarán con medidas cautelares en juzgados federales de Bariloche, Viedma y Roca. Las acciones ya están redactadas y apuntan a que la resolución quede suspendida mientras se dirime su validez en sede judicial.
Desde el sector cuestionan no solo el riesgo sanitario, sino también el procedimiento adoptado por el SENASA. Sostienen que no se cumplió con el protocolo de consulta pública establecido por normativas internas del propio organismo ni por el artículo 8º bis incorporado a la Ley 19.549 de Procedimiento Administrativo a partir de la Ley Bases.
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Uno de los encargados de articular los argumentos legales es el productor y abogado Javier Perrote, miembro de la Sociedad Rural de Guardia Mitre. Explicó que una resolución como la 180 no puede contradecir leyes nacionales que apuntan a la erradicación de la fiebre aftosa y al mantenimiento de zonas libres sin vacunación como la Patagonia.
También citó la resolución 756/2024 del SENASA, que exige someter cualquier nueva normativa a consulta interna, a través de mecanismos institucionales formales, algo que no se realizó en este caso. “La resolución quedó sin el respaldo técnico y documental que exige su propio organismo”, advirtió Perrote.
Los ruralistas aseguran que, incluso si la resolución sigue vigente, los tiempos judiciales podrían dilatar su implementación durante años. “Si llegamos hasta la Corte Suprema, el proceso podría demorar al menos dos años. Mientras tanto, la norma quedaría sin aplicación”, explicaron.
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También ponen el foco en la desigualdad estructural de la producción ganadera en la región. Argumentan que la supuesta diferencia de precios de la carne no depende de la barrera sanitaria sino de factores logísticos y de escala. “Acá se necesitan 10 hectáreas por vaca. En Buenos Aires, en 10 hectáreas tenés 10 vacas”, graficó Perrote.
La presidenta de la Federación, Nora Lavayén, convocó una reunión urgente donde se unificó la estrategia y se destacó la importancia de mantener el estatus sanitario diferencial, logrado tras décadas de trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado.
Los productores también señalaron que una flexibilización sin participación del sector afecta la confianza en el sistema sanitario y comercial, tanto a nivel interno como con socios del exterior. El no haber realizado una consulta pública internacional, como exige la normativa vigente, podría poner en riesgo acuerdos de exportación con mercados exigentes.
Fuente: Más Producción/LM Neuquén.
