Ayer, Juan Grabois y un grupo de militantes se movilizaron al Instituto Juan Domingo Perón, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, con un claro objetivo: defender un espacio histórico que representa décadas de investigación, lucha y memoria nacional y popular. Lejos de intentar tomar el lugar, como sugirieron algunos sectores, el propósito de los manifestantes era impedir su cierre y preservar su legado cultural y social.

El Instituto, fundado en homenaje a Juan Domingo Perón y su impacto en la historia argentina, no solo es un sitio de investigación y formación, sino también un refugio para trabajadores y trabajadoras que hoy enfrentan la incertidumbre de quedar en la calle. Su clausura sería un golpe no solo para quienes dependen de él, sino también para la memoria colectiva de un país cuya identidad está profundamente ligada al peronismo.
La situación escaló rápidamente cuando Grabois y otros manifestantes fueron detenidos por la policía mientras ocupaban pacíficamente el espacio. Durante más de tres horas, permanecieron retenidos sin acceso a abogados ni la posibilidad de diálogo con diputados nacionales que intentaron mediar en el conflicto. Este accionar generó interrogantes sobre las verdaderas intenciones detrás de la intervención: ¿era necesario desalojar a personas que solo buscaban proteger el lugar?
El contexto político actual, marcado por decisiones que algunos interpretan como intentos de borrar símbolos de la historia nacional y popular, agrava la percepción de este episodio. Más allá de lo que representa el Instituto como espacio físico, su cierre podría ser interpretado como un acto simbólico para debilitar los lazos que unen al pueblo con su historia.
Finalmente, la movilización logró frenar el cierre del Instituto por el momento, gracias a la presión social y política generada por el episodio. Sin embargo, el incidente deja en evidencia la fragilidad de los espacios que resguardan la memoria popular frente a decisiones administrativas o políticas que parecen buscar su desmantelamiento.
La detención de Grabois y los demás militantes plantea una reflexión más profunda: ¿cuál es el límite entre la defensa de los derechos y la criminalización de quienes intentan protegerlos? Este episodio no solo pone en el centro de la discusión al Instituto Juan Domingo Perón, sino también al rol del Estado y la sociedad en la conservación de los símbolos que dan sentido a la identidad argentina.