Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que ha visitado recientemente Guatemala, cree que en el país centroamericano se está produciendo “una persecución sistematizada y organizada” por la que “grupos muy bien identificados” están utilizando el derecho penal para criminalizar a un sector de la población. “Este es un fenómeno muy específico y muy llamativo”, dijo en una entrevista con EL PAÍS.
Como parte de su agenda en el país, Satterthwait sostuvo reuniones con el presidente Bernardo Arévalo, quien le hizo la invitación, con representantes de sociedad civil y con altos funcionarios del sistema de justicia, incluyendo la cuestionada jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, la fiscal general incluida en la Lista Engel por sus intenciones de “socavar la democracia”, y señalada por Arévalo de urdir un golpe de Estado en su contra en las elecciones presidenciales de hace dos años.
“Vemos grupos específicos que son criminalizados, la percepción ciudadana del sistema de justicia se está deteriorando y hay una sensación de que el estado de derecho está siendo desmantelado”, agregó la relatora. Desde el año 2021 a la fecha, más de 100 guatemaltecos, entre jueces, magistrados, fiscales, periodistas y activistas de derechos humanos permanecen en el exilio a causa de la persecución que mantiene el MP contra quienes son críticos de los gobiernos pasados o de la gestión de Porras.
A esto se suma que las dos cortes de justicia de ese país actúan regularmente en contubernio con la fiscalía y han protegido a Porras de las solicitudes de antejuicio interpuestas por el presidente. Satterthwaite indicó que, desde que Porras asumió, hay 619 fiscales de diferentes unidades que han sido sometidos a procesos disciplinarios y que, de esa cifra, al menos, 606 fueron sancionados.
“Estos datos reflejan un patrón preocupante de persecución selectiva o pueden explicarse por procesos institucionales. Probablemente, estamos hablando de un intento específico, sistemático, de utilizar el sistema ordinario del Ministerio Público para precisamente influir en las posturas que toman algunos fiscales (…) Guatemala se está instrumentalizando para evitar rendición de cuentas en temas de justicia”, dijo.
Ante este escenario, la relatora recomendó al Gobierno solicitar y facilitar una evaluación independiente de la oficina de la fiscal general que tenga credibilidad a nivel nacional e internacional. También sugirió que la policía “siempre” tiene que asegurarse de que las órdenes de detención cumplen con los requisitos de la ley para así acabar con algunas acciones arbitrarias de los jueces y fiscales que incluso en el mandato de Arévalo han detenido a aliados del presidente.
Satterthwaite destacó la importancia que la independencia tendrá en los procesos de elección que Guatemala vivirá el próximo año, en los que está en juego el relevo de la fiscal general, magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad. Para ella, estos procesos deberían llevarse de manera transparente, objetiva e imparcial.
