El reciente anuncio del gobierno nacional sobre la reasignación de 160 viviendas del programa ProCreAr en el edificio Sagol, ubicado en Avellaneda, generó una ola de críticas y denuncias de irregularidades. Las unidades habitacionales, originalmente adjudicadas a familias a través de un sistema de sorteo, fueron destinadas a efectivos de las fuerzas federales mediante la Resolución 764/2025, tras la disolución del histórico programa de vivienda social.
Desde el oficialismo, la ministra Patricia Bullrich justificó la medida aludiendo a un supuesto mal uso de las propiedades, como alquileres temporarios en plataformas digitales, y a la necesidad de “priorizar a quienes cuidan a la ciudadanía”. Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a los adjudicatarios originales ni a los vecinos de la zona, quienes denunciaron un “atropello al derecho a la vivienda”. Algunos afectados destacaron que ya habían realizado pagos iniciales, adquirido muebles e incluso se preparaban para mudarse.
La medida fue recibida con indignación por organizaciones civiles, dirigentes locales y el Defensor del Pueblo de Avellaneda, quienes calificaron la decisión como autoritaria y arbitraria. Proyectos de repudio fueron presentados en el Concejo Deliberante, mientras que vecinos y familias afectadas evalúan iniciar acciones legales para recuperar sus hogares.
La decisión también abrió un debate sobre la legitimidad de los cambios en el uso de viviendas sociales y la prioridad que deben tener las fuerzas de seguridad en comparación con las familias trabajadoras. ¿Es ético despojar a quienes ya habían sido adjudicados mediante un sistema legítimo? ¿Qué mensaje se envía al disolver un programa que representó una esperanza para miles de argentinos?
En un contexto donde el acceso a la vivienda continúa siendo un desafío para la mayoría de los sectores populares, esta controversia revela la tensión entre la función social del Estado y las decisiones políticas que priorizan sectores específicos. Aunque el oficialismo defiende su postura bajo el argumento de “eficiencia y utilidad”, la indignación ciudadana evidencia que la confianza en el sistema habitacional ha sido profundamente erosionada.
La pregunta sigue abierta: ¿quién decide quién tiene derecho a un hogar, y bajo qué criterios?
