La estafa al Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) pasó a tener al Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca) y al Partido Comunista del Uruguay (PCU) en el centro de la escena. La vicepresidenta Carolina Cosse, que contó con el apoyo del sector para su precandidatura, respaldó en las últimas horas al senador comunista y exdirigente sindical, Óscar Andrade, quien probablemente sea llamado a declarar por esta causa. Su defensor será el exsecretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, dijeron fuentes del caso a El País.
De los tres dirigentes sindicales condenados por la maniobra, el que tenía más poder era Bruno Bertolio. En su declaración en Fiscalía —con la que coincidieron los otros condenados—, afirmó que este modus operandi se extendía al menos desde la época en la que Andrade tenía un rol preponderante en el sindicato. Sostuvo que él sabía lo que ocurría, porque todos allí lo sabían.
También fue mencionado el ahora diputado Daniel Diverio, exdirigente del Sunca, que también será defendido por Gonzalo Fernández. Bertolio, además, según reconstruyó El País, declaró que él actuó a pedido de Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sunca y el Partido Comunista. Advirtió que no encontrarían prueba de esto en su teléfono celular porque ella, al ser su superior directa, sabía qué días se encontrarían personalmente en el lugar de trabajo.
Para el fiscal de la causa, Gilberto Rodríguez, «en principio —dijo en rueda de prensa este jueves, luego de la audiencia— aparece de manera bastante sólida, consolidada, de que parte de ese dinero”, no sabe bien qué porcentaje, “iba para el financiamiento del Partido Comunista y de Sunca».
Cosse hizo este viernes una publicación en redes sociales en la que aseguró que el senador Andrade «ha sido claro y contundente» en que «ni él ni el Partido Comunista participaron del esquema fraudulento del Fondo de Vivienda». «Hasta el momento, nadie ha presentado una sola prueba que indique lo contrario. La Justicia tiene todas las herramientas para investigar y actuar”, agregó (ver aparte).
El fiscal Rodríguez evalúa citar tanto a Andrade como a Diverio. Según supo El País, el vínculo entre la estafa en Fosvoc y el Partido Comunista no surge únicamente de las declaraciones de los condenados, sino de otras varias declaraciones de personas investigadas por la maniobra (hay aproximadamente 15 individuos bajo la lupa). Además, la Fiscalía trabaja en verificar si hay documentación que respalde esos dichos, aunque la mayoría de los declarantes afirmaron que los desvíos se daban a través de dinero que se retiraba en efectivo.
La fiscal adscripta Gabriela Gómez, en la audiencia del jueves, dijo: “Sabemos la limitación que tenemos para la consideración de las declaraciones de los imputados. Sin embargo es importante destacar que han sido muy compatibles las declaraciones en cuanto a que existía o existe un sistema de financiamiento del Sunca y del Partido Comunista”.
Foto: Archivo El País
La maniobra por la que fueron condenadas tres personas
La estafa se dio, al menos, de tres maneras diferentes, dijo la fiscal Gómez en audiencia. La primera fue a través de transferencias irregulares que fueron detectadas cuando la ejecutante —la mujer encargada de pagar los sueldos— se fue de viaje y fue suplantada provisoriamente por otra funcionaria.
Ella tenía acceso irrestricto a la cuenta de EBrou de Fosvoc. Luego de la investigación, concluyeron que había hecho 193 transferencias irregulares por un valor total de $ 35.627.581 y US$ 17.500.
Los beneficiarios de esas transferencias fueron 15 personas, entre las que están los tres hombres que fueron condenados. La mujer que ordenó las transferencias afirmó que lo hizo por orden de Bertolio y otra persona que la fiscal no nombró. Sin embargo, el condenado negó haber dado las órdenes.
La segunda y tercera maniobra tienen similitudes entre sí. Una de ellas refiere al uso de las “partidas especiales”, que son aquellas que se utilizan para los trabajadores que sufrieron, por ejemplo, incendios en sus casas, o se encuentran pasando por un problema de salud. Este beneficio no es reembolsable. Según la Fiscalía, en 2023 se presentaron 43 solicitudes para esta partida y “solo tres correspondían a usuarios que existían”. Los otros 40 “literalmente no existían en el mundo y mucho menos eran afiliados al Sunca”, sostuvo Gómez.
Del total, 36 de estas solicitudes fueron firmadas por los condenados Bertolio y Santiago Bernaola. En las peticiones, los argumentos para solicitar la partida eran “siempre las mismas”: que el trabajador sufría cáncer o debía recibir un trasplante de órgano.
La última maniobra se realizó utilizando como pantalla las “partidas espejo”. Estas partidas se destinaban a ayudar a organizaciones sociales seleccionadas tanto por los representantes empresariales como por los sindicales. Estas organizaciones o fundaciones presentaban recibos de sus gastos y, eventualmente, Fosvoc autorizaba una partida para compensarlos.
Tras la auditoría que se realizó, se encontraron cuatro operaciones que generaban dudas. El beneficiario era el mismo en todas, una cooperativa educativa. Tres cheques que debían ir a ella fueron retirados por Bertolio. Uno de ellos, de US$ 25 mil. Uno de los referentes de la cooperativa declaró que en los años 2021 y 2022 recibió ayuda del fondo y en octubre de 2023 les dieron una camioneta, pero “nunca había recibido una prestación dineraria”. El dueño de la automotora que vendió la camioneta sostuvo, por su parte, que el vehículo lo compró Bertolio con un cheque a nombre de la cooperativa, pero que este tenía el valor de US$ 25 mil, cuando la camioneta solo costaba US$ 20.240. El excedente se le fue “devuelto” a Bertolio a su cuenta personal.
Andrade, Cosse y Sunca rechazaron las acusaciones
A través de un mensaje en X, la vicepresidenta Cosse se refirió a la eventual vinculación del PCU con la estafa en Fosvoc. «En tiempos de redes sociales, debemos ser especialmente cuidadosos. Las condenas anticipadas y equivocadas hacen daño a las personas y a la democracia», reclamó.
En ese sentido, profundizó: “La Justicia tiene todas las herramientas para investigar y actuar. Por eso, inundar las redes con acusaciones injuriosas y difamatorias no solo es injusto: es irresponsable y le hace daño a la democracia».
Defendió que se respete la “presunción de inocencia” a la que definió como un “principio fundamental”. «Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario», insistió.
Entonces dijo que «construir una reputación lleva años; destruirla, apenas segundos», y que el senador Andrade sostuvo con claridad que ni él ni el PCU forman parte del esquema fraudulento.
Ignacio Sanchez/Archivo El Pais
El exdirigente sindical, por su parte, dio declaraciones a varios medios negando la acusación. En diálogo con Canal 12, aseguró que la acusación es «un absurdo, un insulto» y que si tuviera acceso a la carpeta fiscal y comprobara que los dichos de los condenados fueron esos, les hará una demanda por daños y perjuicios.
Sobre una eventual citación por parte del fiscal, dijo a TV Ciudad que iría “encantado”. «Puedo ir citado diez veces a la Justicia, lo que no va a haber es lo que no puede haber, medio gramo de prueba de tener algo que ver con esta matufia», agregó.
También dijo poner «las manos en el fuego» por Diverio.
El presidente del Sunca, Richard Ferreira, también negó que hubieran desvíos a la estructura sindical o al PCU. “Nosotros tenemos la plena tranquilidad del manejo de las finanzas de nuestro sindicato porque, de hecho, tenemos controles internos y externos a través de auditorías”, dijo a Telemundo.
Penas y delitos
Los exsindicalistas condenados ayer fueron Bruno Bertolio, Víctor Rivero y Santiago Bernaola. Aceptaron ser culpables de los delitos de estafa, asociación para delinquir, asistencia al lavado de activos y apropiación indebida. Las penas acordadas fueron de dos años y un mes para Rivero y Bernaola y de dos años y tres meses para Bertolio. El abogado representante de Fosvoc, Óscar López Goldaracena, pidió que «aparezca» el millón de dólares que desapareció del fondo. «Es plata de los obreros», lamentó.
