El gobierno de Javier Milei concretó, vía decreto de necesidad y urgencia (DNU), una profunda reforma al régimen migratorio argentino. La medida endurece los requisitos de ingreso y permanencia en el país, restringe el acceso a servicios públicos esenciales como salud y educación para quienes no tengan residencia permanente, habilita deportaciones exprés sin sentencia firme y premia con residencias a quienes invertan.
Con la justificación de una falsa crisis migratoria y que muchos de los extranjeros generan un gasto público enorme para el país, el Gobierno busca arancelar y deportar a los migrantes que residen en el país.
Estas medidas buscan segregar a esa población. Por un lado, le exige demostrar ingresos para poder obtener residencia permanente; aunque por el otro, aquellas personas que inviertan en el país podrán saltar la fila y los requisitos y obtener la residencia permanente. Es decir, quien tiene ingresos y dinero puede tener una residencia, quien no, no. En los últimos días, desde la Casa Rosada informaban “complejidades legales y operativas” y que se afinaban los detalles “para evitar vacíos legales”.
Mitos y realidades
Cuando analizamos la cantidad de extranjeros que hay en el país y que utilizan los servicios públicos, que ahora Milei pretende arancelar para residentes no permanentes, las cifras son bajas.
En Argentina viven alrededor de 1.900.000 de personas nacidas en otros países, lo cual representa tan solo un 5% de la población total, según el último censo de 2022. En cuanto a estudiantes extranjeros que estudian en Argentina, según el Anuario Estadístico de la Secretaría de Políticas Universitarias 2022, en las universidades públicas ese número no supera el 5%.
Lo mismo sucede en salud, en donde ya algunas provincias cobran a aquellos no residentes. Sin embargo, con esta nueva reforma, el cobro también incluiría a aquellos que llevan menos de tres años en el país. Según el gobierno libertario, durante 2024 se invirtieron 114 mil millones de pesos en atención a extranjeros. Sin embargo, esas cifras contrastan con la información que entrega el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde vive más de la mitad de los migrantes que residen en nuestro país (siempre según cifras del censo 2022).
Según datos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, la atención tiene un impacto muy mínimo en el sistema de salud, en donde el 0.2% de las consultas corresponde a extranjeros.
