Pasó medio año exacto desde que estalló el escándalo del fentanilo con la primera alerta de la ANMAT y arrancó la investigación por la muerte de pacientes internados que recibieron fentanilo contaminado con bacterias. Muchos se preguntan cuánto falta y qué pasos siguen pendientes para que arranque formalmente el juicio por esta causa, que además de una docena de imputados probablemente tenga a Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB y Ramallo, en el banquillo de los acusados.
Es un expediente que se volvió realmente enorme, con 6.234 fojas (el equivalente a 31 cuerpos), al cierre de esta nota. Se seguirá abultando, pero antes de explicar por qué, vale la pena retrotraerse un segundo al 13 de mayo de este año, un día después de que la ANMAT, el organismo que debe controlar los laboratorios y medicamentos en Argentina, hiciera la primera denuncia penal de su historia.
Fue 10 días después de que recibieran un mail de las autoridades del Hospital Italiano de La Plata, donde les compartían su preocupación por un extraño brote de neumonía en pacientes internados, que -luego de una pequeña investigación interna- habían logrado asociar con la administración de un sedante: fentanilo de HLB Pharma, producido en la planta de laboratorios Ramallo. Analizaron ampollas del mismo lote que las que les habían dado a esos pacientes y resultaron tener bacterias multirresistentes a los antibióticos infiltradas.
Al cierre de esta nota y luego de 6 meses del comienzo de esta historia, las presuntas víctimas fatales por fentanilo contaminado no son un puñado sino 124.
Así lo especifican las 401 fojas de una de la última resolución de envergadura que salió del Juzgado Federal Nº 3 de la Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, donde está definida la situación procesal de los imputados.
Esto es, Ariel García Furfaro (nombre que ahora muchos reconocen por las algo verborrágicas apariciones públicas que hizo en el último tiempo), pero también, otra docena de empleados o personas relacionadas a los laboratorios en cuestión. De los 13 apuntados, seis tienen prisión preventiva y siete están procesados sin prisión preventiva.
Sin embargo, la investigación (también llamada etapa de instrucción) tiene un buen trecho por recorrer, con más fojas por sumar al expediente, nuevas víctimas que se podrían detectar y, por qué no, quizás otros imputados.
Fentanilo: los pasos antes del juicio oral
La instrucción tiene por lo menos cuatro frentes, pero se vinieron abordando con distinta magnitud. El más importante y el más profundizado atañe la investigación por las responsabilidades directas de los fabricantes. “Sin desestimar los otros aspectos, este punto es al que se le puso el mayor esfuerzo de entrada”, destacaron fuentes de la Justicia consultadas por Clarín.
Pero los tiempos no dependen solamente de los avances del juzgado platense, que ya resolvió varias imputaciones, sino que hay (y habrá) dilaciones por las apelaciones de algunos involucrados. No sólo de parte de la defensa de los procesados sino también desde la Defensoría de la Víctima, que por ejemplo objetó que Kreplak dictara la falta de mérito a dos de los cuatro casos en los que tomó esa decisión.
Puntualmente, no acuerdan en que hayan quedado “liberados” de esta causa Damián García, hermano del dueño de HLB-Ramallo y, de 2020 a 2022, socio de la droguería Alfarma y director titular de HLB. También, a Antonio Tallarico, accionista y presidente de Laboratorio Ramallo S.A. desde su fundación.
Hace más de un mes que las apelaciones deben ser revisadas por el tribunal superior, la sala 3 de la Cámara de Apelaciones de La Plata, antes de que el expediente vuelva a manos de Kreplak. Los tiempos, en este punto, son impredecibles.
Si la Cámara confirma los procesamientos, será el turno de sumar más víctimas a la causa, luego de que el Cuerpo Médico Forense (que depende de la Corte Suprema) le entregara al juez otro informe de muestras, en el que certifica, sobre 40 muestras analizadas, que 38 corresponden a pacientes fallecidos, cuya salud se agravó por las bacterias presentes en el fentanilo adulterado.
Dicho de otro modo, el juez imputó a 13 personas teniendo bajo la manga un número equis de pruebas. Entre ellas, la confirmación de 12 pacientes fallecidos, cuya salud (había confirmado el Cuerpo Médico Forense) empeoró por los microorganismos del fentanilo. Esos procesados habían incluso atravesado indagatorias en las que tuvieron la posibilidad de refutar las pruebas recabadas en la Instrucción.
Sin embargo, la etapa de investigación siguió y todo ese capítulo, se podría decir, quedó “viejo”. Ni los imputados fueron indagados por las nuevas muertes confirmadas ahora ni pudieron defenderse en una nueva indagatoria ni tampoco apelar a un tribunal superior. Esto sin contar que todavía en estos días, el juzgado revisa las historias clínicas que con mucha demora entregaron algunos centros de salud donde todavía se buscan más presuntas muertes por fentanilo.
Es el caso -como compartió este medio- de Córdoba, la segunda provincia que más ampollas contaminadas administró a pacientes, y una de las que menos fallecidos reportó. “Hacer las indagatorias nuevamente, con toda la prueba nueva entre manos, sería lo más prolijo, de modo de poder atribuir los hechos completos en la etapa Instrucción”, explicaron desde la Justicia, donde se mostraron confiados (“Si bien depende de los tiempos de la Cámara”) en poder cerrar esta pesada etapa antes de la próxima feria judicial de invierno 2026.
Los funcionarios ligados al fentanilo contaminado
La cautela y prolijidad en la etapa de investigación exigen que por el juzgado desfilen varios personajes aparentemente secundarios: empleados de los laboratorios o familiares de las víctimas, que quizás no pueden aportar demasiado, pero son testimonios que con suerte evitarán que cuando empiece el juicio oral y público, las autoridades a cargo de esa parte del proceso ordenen lo que se conoce como “instrucción suplementaria”, algo que demoraría todavía más la posibilidad para las familias de las víctimas de tener alguna clase de reparación, siempre que se definan responsables, desde ya.
En paralelo a todo esto, el segundo frente en el que se viene avanzando (menos rápidamente) es el que toca presuntas responsabilidades de funcionarios, puntualmente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). “Estuvimos tomando más declaraciones de empleados de empleados, abriendo teléfonos, viendo servidores y comunicaciones internas”, explicaron fuentes judiciales. Sin embargo, hay algunos escollos. O uno en particular.
Y es que, aunque parece sencillo (por ejemplo) probar que el fentanilo se produjo sin cumplir los protocolos de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), variables objetivamente definidas por escrito, resulta mucho más complejo determinar qué deberían haber hecho los funcionarios de la ANMAT. ¿Controlaron lo suficiente a HLB? ¿Hicieron suficientes advertencias y emitieron suficientes alertas? Y si emitieron tantas como debían, ¿luego de cuántas tenían que clausurar el laboratorio?
No hay un escrito que expresamente defina las respuestas a estas preguntas, ya que se corresponden más con prácticas internas o procedimientos de actuación no regulados con claridad. El desafío del juez, en este punto, es ver cómo objetivamente chequear si el control y las acciones fueron suficientes o laxas.
Hospitales y clínicas, en la mira por el fentanilo
Según las fuentes consultadas, hay casos específicos (“Pocos, pero hay”) de centros de salud que usaron ampollas de los lotes contaminados, en fechas posteriores al 8 de mayo, que es cuando el organismo regulatorio (la ANMAT) hizo pública la prohibición de uso del fármaco.
En base a las quejas de los propios familiares, en la Justicia conectan ese incumplimiento con lo que definen como “retaceo de información”, tanto en el momento en que más necesidad tenían de saber qué estaba pasando con sus familiares internados como cuando demandaron copias de las historias clínicas, algo que también, en varios casos, fue obstaculizante para la propia Justicia.
Aunque esto podría ser el resultado de desatenciones y enormes desprolijidades en los procedimientos, también podrían constituir un tercer nivel de responsabilidad, algo que la Justicia pretende dilucidar.
A estos tres grandes segmentos de la causa se suma un cuarto aspecto, para nada menor: la investigación patrimonial de los imputados, un punto clave que en el futuro podría satisfacer las reparaciones, según (si las hay) las distintas sentencias.
Sin embargo, esta causa no es igual a otras, en las que la actividad realizada por los delincuentes enmascara o en sí misma se nutre de lavados de activos que intentan blanquearse. La relación buscada, en este caso, es más indirecta y quizás, algo compleja, lo que también habla de los tiempos por venir.
Porque nadie cree que la producción de ampollas de fentanilo les haya servido a los imputados para sostener una actividad delictiva en sí. Sin embargo, hay claras sospechas de cómo se pudo sostener el funcionamiento de las empresas cuestionadas. O sea, cómo se financió, de entrada, la compra y puesta en marcha de los laboratorios HLB y Ramallo.
AS
