El tiempo corre y el riesgo es alto. Guatemala tiene menos de dos años para implementar una nueva ley contra el lavado de dinero que cumpla con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), o podría enfrentar serias consecuencias económicas y financieras al ingresar a la temida “lista gris”.
Este lunes 28 de julio, el presidente Bernardo Arévalo presentó oficialmente la iniciativa de ley antilavado ante el Congreso de la República, acompañado por su equipo económico y de seguridad.
Durante su participación en el programa La Ronda, Arévalo fue contundente: “El lavado de dinero no es un problema abstracto. Es la vía que utilizan las estructuras criminales para operar con impunidad y violencia. Esta ley busca cerrarle el paso a esas redes que corrompen nuestras instituciones”.
El cronograma del Ejecutivo es claro: la ley debe ser aprobada por el Congreso en 2025, implementada en 2026, y estar plenamente vigente en febrero de 2027, cuando Guatemala será evaluada nuevamente por el GAFI.
Julio Flores, comisionado contra la corrupción, destacó que el lavado de dinero no solo financia delitos como el narcotráfico y la trata de personas, sino que también alimenta la corrupción política. “Estos recursos ilícitos son la gasolina de la captura del Estado. Si no regulamos el origen del dinero que entra al sistema, no hay forma de construir instituciones limpias”, dijo.
Aunque esta no es la primera vez que se impulsa una reforma en esta materia, Flores subrayó que ahora existe un consenso técnico y político más amplio.
Aun así, reconoció que la aprobación dependerá de la voluntad del Congreso, donde persiste un estancamiento legislativo que podría amenazar los plazos establecidos.
Con la evaluación del GAFI programada para 2027, la ventana de oportunidad es estrecha y el margen de error, mínimo. El destino financiero y reputacional del país está en juego.
