A diez años de “Ni Una Menos”: el costo económico de ignorar la violencia basada en género en América Latina y el Caribe

En junio de 2015, una consigna tan simple como urgente: “Ni Una Menos”, sacudió las calles de Buenos Aires e hizo eco en América Latina. Lo que comenzó como una manifestación contra los femicidios en Argentina se convirtió en un movimiento regional que cambió el lenguaje, la agenda pública y la política. En Perú, las marchas bajo el lema “Ni Una Menos” congregaron a cientos de miles de personas en 2016 tras el caso de violencia contra Arlette Contreras. En México, la consigna aturdió a las masas en las protestas del 8M y el 9M. En Chile, el colectivo Las Tesis, se inspiró en el Ni Una Menos para la performance “Un violador en tu camino”, que se volvió un fenómeno global. Una década después, es necesario evaluar lo avanzado y lo pendiente, sobre todo si se considera a la violencia de género no solo como una vulneración de derechos humanos, sino también como un obstáculo económico persistente.

La movilización social logró avances concretos: leyes que tipifican el femicidio, servicios especializados, generación de más (aunque aún pocos) datos y mayor visibilidad del problema. Hubo iniciativas destacadas, como Ciudad Mujer en El Salvador, que integró servicios de salud, legales y económicos y evitó la revictimización. Sin embargo, la falta de financiamiento sostenido terminó debilitando su alcance. Esta contradicción se repite en otros países: se reconocen los derechos, pero los recursos para garantizar su cumplimiento son insuficientes.

Según los últimos datos de CEPAL, en 2023 se registraron al menos 3.897 femicidios en la región. Eso equivale a 11 mujeres asesinadas por día por razones de género. En términos comparativos, la tasa regional supera ampliamente el umbral considerado como “epidemia” en salud pública. La mayoría de estos crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas. Y en muchos casos, las víctimas ya habían denunciado situaciones de violencia. La respuesta institucional llegó tarde, o no llegó.

Esta violencia tiene también un costo económico. El Banco Mundial estima que representa hasta el 3,7% del PBI en algunos países. En la Ciudad de Buenos Aires, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género calculó (con datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires) que la violencia doméstica cuesta más de US$137 millones al año, equivalentes al 11% del presupuesto del Ministerio de Salud. Paraguay, Bolivia y Perú también han registrado pérdidas de entre el 2% y el 6,5% del PBI debido a esta problemática.

Evaluaciones de impacto para América Latina concluyen que las políticas públicas de prevención rigurosamente diseñadas reducen la violencia de género. En Ecuador y República Dominicana, los Estados invirtieron en la autonomía económica de las mujeres a través de transferencias monetarias condicionadas o la combinación de microcréditos con capacitación en género y redujeron la violencia física y emocional. En Brasil, talleres grupales con varones jóvenes que abordaron masculinidades y relaciones respetuosas resultaron en cambios positivos de actitud y menor incidencia de comportamientos violentos.

La evidencia es clara: relegar la violencia sale carísimo. Y sin embargo, los presupuestos destinados a ello siguen siendo insuficientes. Una revisión del gasto en 35 países de América Latina y América del Norte reveló que las asignaciones para este fin oscilaron entre el 0,1% y el 1% del presupuesto nacional. La violencia de género implica gastos sanitarios para atender las secuelas físicas y mentales de las víctimas, pérdida de productividad, migración forzada y pobreza intergeneracional.

A diez años del Ni Una Menos, el mensaje sigue vigente: abordar la violencia contra las mujeres es un imperativo ético, pero también una decisión económica inteligente. Invertir en prevención, promover la autonomía económica de las mujeres y el acceso a la justicia no solo salva vidas: también fortalece democracias, mejora la competitividad y construye sociedades más resilientes y prósperas. América Latina no puede darse el lujo de seguir sometiendo a sus mujeres a la injusticia e ignorar el costo oculto de la violencia.

Politóloga. Asociada Insight LAC.