En sentido totalmente contrario a lo que pasó en la causa de los Cuadernos de las Coimas, un tribunal oral aceptó un acuerdo conciliatorio y una reparación integral en un juicio por fraude con facturación falsa de medicamentos como insulina y tiras reactivas para personas diabéticas contra el PAMI.
En forma unipersonal, el juez Federico Grunberg del Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) aceptó que el farmacéutico Jorge Sujovolsky pagara 17 millones de pesos en tres cuotas al PAMI a cambio de no someterse al juicio oral. Los funcionarios y otros farmacéuticos implicados en la causa que instruyó el juez federal Sebastián Casanello, seguirán en el juicio.
En cambio, a principios de mes el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) había rechazado un pedido de reparación integral que medio centenar de empresarios ofrecieron para evitar sentarse el 6 de noviembre en el banquillo de los acusados de la causa de los Cuadernos de las Coimas a cambio de devolverle al Estado unos 15 millones de dólares. La fiscal Fabiana León se había opuesto tenazmente a ese acuerdo.
En un fallo al que accedió Clarín en fuentes judiciales, el juez del TOF 1 homologó el acuerdo conciliatorio entre Sujovolsky y el PAMI con el aval del fiscal de este caso.
El juez Grunberg sostuvo que “corresponde tener presente que el artículo 59 –inciso 6°- del Código Penal establece que “…La acción penal se extinguirá (…) Por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes…”
El instituto de la conciliación junto con la reparación integral del perjuicio, forma parte de lo que, desde hace ya un par de décadas, viene propuesto como una “tercera vía del derecho penal”, y que tuvo su materialización positiva a través de la ley 27.147 que reformó el artículo 59 del Código Penal”, agregó el juez.
En la causa el abogado del PAMI presentó el acuerdo conciliatorio en los términos del artículo 34 firmado por las partes en cuestión.
El PAMI “considera que dicha suma resulta razonable respecto al perjuicio ocasionado, permitiendo la recuperación de fondos los cuales permitirán brindar prestaciones sociales y médicas a una población muy vulnerable de la sociedad argentina, que son los jubilados, pensionados y las personas con discapacidad”, destacó el juez.
Conforme al acuerdo arribado, se corrió vista al Fiscal General Miguel Osorio quien opinó que “entiendo que no se encuentra en el caso particular con ningún impedimento para la homologación del acuerdo conciliatorio”.
Puntualizó que se trata de “un delito de carácter patrimonial, cometido sin grave violencia, que afectó las arcas del PAMI, parte querellante del presente proceso, y quien acordó una suma dineraria con el imputado en carácter de reparación del daño causado”.
De lo expuesto, además, “no hay elementos probatorios que permitan vincular de manera directa a Sujovolsky con los funcionarios públicos por lo que la solución propuesta no debilita la acusación respecto de aquellos”, destacó el fiscal.
Antecedentes
En noviembre de 2022, el juez Casanello había procesado a once personas, entre ellos cuatro funcionarios, en dos investigaciones por una millonaria estafa contra el PAMI con la facturación de medicamentos como insulina y tiras reactivas para personas diabéticas.
Además, había dictado embargos e inhibiciones de bienes que van desde un millón a 650 millones de pesos para intentar recuperar lo robado al Estado si los acusados terminan eventualmente condenados.
Los procesamientos recayeron sobre los titulares de seis farmacias, acusados de haber facturado más de tres mil recetas ante la obra social con datos falsos y utilizando troqueles espurios entre los años 2013 y 2016.
En dos resoluciones, Casanello procesó a los funcionarios del PAMI Ana Villalba, Mariel Mina, Matías Pugliese y Mariana Banegas por encontrarlos prima facie penalmente responsables del delito de defraudación contra la administración pública en concurso ideal con el de abuso de autoridad.
Además, procesó a los directivos farmacéuticos Diego Nattero, Mauro Abadia, Iván Vega, Jorge Sujovolsky, Francisco Benítez y Oscar Oviedo por encontrarlos prima facie penalmente responsables del delito de defraudación contra la administración pública y uso de documentos falsificados.
En su resolución, Casanello dijo que “luego de haber ponderado la totalidad de la prueba producida a lo largo de los cinco años de instrucción, advierto que los elementos probatorios recolectados revisten de la entidad suficiente para que el caso avance”.
“Los argumentos defensistas no han logrado desvirtuar las imputaciones formuladas, las que se han robustecido con la prueba colectada a partir de la última resolución de Cámara”, subrayó.
En cuanto a las agentes del PAMI, “no existe evidencia alguna que permita sospechar que terceras personas utilizaron sus usuarios para efectuar las cargas cuestionadas; la única fuente creadora de tales interrogantes fueron los dichos de las imputadas, los que han sido rebatidos mediante los testimonios de los/as demás empleados/as del sector”.
“Similares consideraciones merecen los/as responsables farmacéuticos/as, en tanto los resultados de las diligencias postuladas por la Cámara y materializadas por la instrucción, en nada han mejorado sus situaciones procesales”, agregó Casanello.
Los casos habían sido iniciados a raíz de denuncias realizadas por el ex titular del PAMI de la gestión de Macri, Carlos Regazzoni, en el 2016.
En la causa interviene el titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI (UFI-PAMI), Javier Arzubi Calvo, convocada para colaborar con la investigación.
El monto del perjuicio valorado oportunamente a los costos del momento en que se produjeron los hechos era (año 2016) de 18 millones de pesos, por lo cual la suma actualizada debe ser considerada mucho más grande.
Los delitos que se le atribuyen a los procesados son los de defraudación contra la administración pública y falsificación de documentos, a los cuales se suma abuso de autoridad respecto a los agentes del PAMI.
En particular, la maniobra que se le imputó a esas personas consistió en insertar datos falsos de personas como “terceros intervinientes”, firmas y/o sellos apócrifos de médicos, y en adjuntar troqueles falsos de los productos de insulina y/o tiras reactivas en recetas de la obra social nacional, lo cual les permitió obtener un beneficio económico millonario ilegítimo.
En la investigación fueron también procesados cuatro agentes del PAMI, a quienes se les imputa haber dado de alta con sus claves a afiliados que no eran diabéticos, o que no eran insulino requirentes, y que se domiciliaban en zonas alejadas tanto de las oficinas de PAMI que le dieron el alta como también de las farmacias donde figuraban que los retiraban.
En efecto, la unidad especializada fiscal analizó más de 600 facturas de compra entre droguerías y farmacias -entre otras varias medidas de prueba-, lo que permitió establecer que los titulares y/o directores técnicos de las farmacias habrían simulado la venta de productos para diabéticos -tanto tiras reactivas como insulinas- y que fueron retiradas de las farmacias por sujetos que desconocían a los afiliados.
