En un país donde la discusión económica suele girar en torno al dólar, la inflación y el equilibrio fiscal, hay historias que pasan desapercibidas, pero que encierran lecciones profundas sobre los desafíos estructurales de la Argentina.
Una de ellas ocurrió recientemente en el mar argentino, donde 113 buques pesqueros, principalmente dedicados a la captura de langostino y merluza, permanecieron parados durante cuatro meses en puertos clave como Puerto Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata.
Este conflicto, que paralizó un sector que genera 700 millones de dólares anuales en exportaciones, no solo expuso las dificultades de la industria pesquera, sino que también dio lugar a una reforma laboral de facto, un fenómeno que merece nuestra atención.
El trasfondo de esta crisis es complejo, pero claro. Los precios internacionales del langostino, principal producto de exportación del sector, cayeron drásticamente, mientras que el langostino de cría comienza a desplazar al capturado en estado salvaje.
Este cambio estructural, sumado a los altos costos laborales en Argentina, puso a las empresas pesqueras en una encrucijada: o reducían sus costos o no podían operar. Las negociaciones con los gremios, lideradas por el Somu, se estancaron inicialmente. Las empresas propusieron una reducción del 30% en los costos laborales, algo que los sindicatos rechazaron de plano. Sin embargo, la presión de las bases, trabajadores que no cobraban la parte variable de su salario –ligada a la producción– desde hacía meses, forzó un acuerdo.
El viernes pasado, tras intensas negociaciones en la Secretaría de Trabajo, se llegó a un entendimiento que redujo los costos laborales en un 12%. Esto incluyó un descuento del 9% en los pagos por producción y la declaración del 70% de esos ingresos como no remunerativos, lo que implica menores aportes al sistema previsional.
Este acuerdo, aunque temporal y sujeto a revisión el próximo año, no es menor: representa una flexibilización laboral en un sector donde la rigidez de los convenios colectivos ha sido históricamente un obstáculo. Más aún, la Secretaría de Trabajo avaló esta reducción de aportes, lo que evidencia una disposición a buscar soluciones pragmáticas ante una realidad económica apremiante.
Este caso es un microcosmos de los desafíos más amplios que enfrenta la Argentina. Vivimos, como sociedad, de espaldas a muchos de nuestros recursos. Ignoramos el potencial de nuestra pampa sumergida, al igual que hemos subestimado sectores como la minería, la forestación o incluso el propio campo. La soja y el trigo, por ejemplo, son cultivos que coexisten en temporadas distintas, pero hasta un diputado cordobés desconocía esta realidad básica. Este desconocimiento colectivo nos llevó a desaprovechar oportunidades que podrían impulsar nuestra economía.
El conflicto pesquero también pone en evidencia la necesidad de abordar la cuestión laboral con pragmatismo. En un contexto donde la reforma laboral sigue siendo un tema tabú en el Congreso, la realidad se impone en sectores donde la supervivencia está en juego. Los trabajadores, al ver sus ingresos amenazados, empujaron a su propio sindicato a ceder. Las empresas, por su parte, lograron un alivio que les permite retomar la actividad y salvar parte de la temporada, que finaliza en octubre. Se espera que, de los 700 millones de dólares proyectados, el sector pueda facturar al menos 300 millones. No es poca cosa para ciudades como Puerto Madryn o Mar del Plata, donde cada buque emplea a unas 25 o 30 personas, sin contar las plantas procesadoras en tierra.
Pero esta historia trasciende lo económico. Nos obliga a preguntarnos cómo queremos posicionarnos como país frente a nuestros recursos naturales y humanos. Si no explotamos el mar argentino, otros lo harán. La pesca, como Vaca Muerta o la Mesopotamia forestal, es un recordatorio de que el potencial está ahí, pero requiere políticas públicas que incentiven la competitividad sin sacrificar el bienestar de los trabajadores. También exige un diálogo social maduro, donde gremios, empresas y el Estado puedan encontrar soluciones sin esperar a que una crisis los obligue.
En paralelo, la batalla económica no se limita al mar. En el plano macro, el dólar ha subido un 32% este año, superando una inflación proyectada del 17% para el mismo período. Esto abre una ventana de oportunidad para exportar y competir con productos importados, siempre que logremos mantener la estabilidad fiscal y evitar la emisión descontrolada. El Banco Central, por su parte, libra su propia pelea para absorber los pesos excedentes, mientras los encajes bancarios generan tensiones con el sector financiero. Son frentes múltiples de una misma guerra: la de construir una economía competitiva y sostenible.
La resolución del conflicto pesquero nos deja una lección clara: cuando la realidad aprieta, la Argentina encuentra caminos, aunque sean improvisados.
