A casi seis meses de la conferencia virtual en la que Pablo Carrasco dijo que quería “dar la cara” ante los inversores y asumir su “negligencia”, la Fiscalía resolvió pedir a la Justicia su imputación penal. También lo hará en el caso de su esposa, Ana Iewdiukow, y en el de la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral.
Aún resta saber si el fiscal Enrique Rodríguez solicitará medidas cautelares. Según reconstruyó El País, el abogado de Carrasco, Jorge Barrera, pretende que el tema se discuta en el ámbito de la audiencia judicial. En los casos que involucran a los fondos ganaderos, la única imputación que existe es a Jairo Larrarte (titular del grupo Larrarte) y en ese caso el fiscal Alejandro Machado pidió su encarcelamiento preventivo.
Sin embargo, más allá del eventual pedido del fiscal, la decisión la tomará la jueza Diovanet Olivera. Si su resolución no conforma a alguna de las partes, podrá ser revisada y ahí será el Tribunal de Apelaciones el que tenga la palabra final.
El fiscal Rodríguez comunicó la decisión a los abogados este miércoles, tras haberle tomado declaración a Carrasco e Iewdiukow, informó Canal 12. Dos días antes, el lunes, había declarado Cabral.
Mientras que la viuda de Basso e Iewdiukow declararon ser ajenas a los temas internos de la empresa, Carrasco afirmó que delegaba toda la gestión económica y financiera en su socio, Gustavo Basso. Él se suicidó en un accidente de tránsito en noviembre del año pasado.
El rol de la esposa de Carrasco se limitaba a tomar decisiones operativas (vinculadas a la parte ganadera) en una empresa satélite de Conexión Ganadera, que era Hernandarias XIII.
Además, los Carrasco-Iewdiukow ofrecieron dos bienes inmuebles a la Fiscalía para que soliciten su incorporación al concurso judicial. Esto es, un apartamento en la ciudad de Madrid (España) y otro en el departamento de Maldonado. Barrera, que defiende al matrimonio, transmitió que no se opondrá al pedido de formalización fiscal.
Aunque Rodríguez pretende pedir la imputación antes de la feria judicial —que tiene lugar las dos primeras semanas de julio—, que ese deseo se concrete dependerá de que los abogados de los indagados puedan acceder a todos los informes antes de esa fecha. Lo más probable, dijeron fuentes de la investigación a El País, es que se termine citando a audiencia luego de la feria.
Una de las incógnitas que está planteada es si, para cuando se realice la audiencia, la Fiscalía habrá podido hacerse de dos documentos importantes. Uno de ellos es el recuento oficial del ganado y el segundo es la lista oficial de ahorristas damnificados (según se verifiquen los créditos por parte del síndico). Sin embargo, esa información no es crucial para imputar las figuras delictivas.
Una vez que el fiscal logre la imputación —la amplia mayoría de las solicitudes de formalización son aceptadas por los jueces— contará con un año, con opción a una prórroga por otro año más, para seguirlos investigando. Durante ese tiempo, deberá recolectar todas las evidencias para llevar el caso a juicio o, en su defecto, acordar con los imputados tramitar el proceso a través de un juicio abreviado (los imputados asumen ser culpables sin juicio mediante a cambio de una rebaja de hasta un tercio de la pena). La tercera opción, si el fiscal entendiera que no hay elementos suficientes para ganar el juicio, es pedir el sobreseimiento.
El plano concursal
En el expediente del Concurso, se espera que en las próximas semanas pueda incorporarse la lista oficial de ahorristas damnificados por el caso. Aunque desde el principio del caso se ha estimado públicamente que hay 4 mil perjudicados, fueron menos los que se presentaron en el juzgado a verificar sus créditos, dijeron fuentes judiciales a El País.
En este momento, el síndico Alfredo Ciavattone se encuentra haciendo el relevamiento de la información presentada por los ahorristas y filtrando aquellos de los que tienen la documentación en orden y los que no.
