El pasado 20 de octubre, mediante el Decreto 759/2025, el Presidente Javier Milei decidió suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (N° 27.795). A un mes, las universidades públicas de todo el país se preparan para una nueva medida de fuerza. Las instituciones anunciaron 48 horas de protesta y visibilización para los días 19 y 20 de noviembre, ante la falta de implementación de la norma y por el “agravamiento mes a mes de la pérdida salarial”.
La ley había sido promulgada por el Poder Ejecutivo el 20 de octubre, luego de aprobarse en el Congreso y ratificarse tras el rechazo del veto presidencial. No obstante, el Gobierno resolvió suspender su aplicación hasta tanto se incorpore en el Presupuesto Nacional la fuente de financiamiento correspondiente. Cabe mencionar que el 2 de octubre, día que se selló la caída del veto, el Senado había conseguido una mayoría superior a los dos tercios.
De ese modo, el plenario de secretarios generales de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) expresó su “profunda preocupación por un presidente que se niega a cumplir con una ley aprobada por el Congreso y ratificada por ambas cámaras”. A su vez, la Federación anticipó que exigirá a legisladores y legisladoras que, durante el debate del Presupuesto 2026, se contemplen los fondos necesarios para garantizar la vigencia de la norma.
Crisis presupuestaria
La Ley de Financiamiento Universitario apunta a dar respuesta a la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades desde hace casi dos años. Entre sus puntos centrales, obliga al Ejecutivo a asegurar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes, fortalecer las tareas de investigación y sostener la infraestructura y el equipamiento de las instituciones. Además, establece una actualización de los gastos de funcionamiento y una recomposición salarial para docentes y nodocentes, retroactiva a diciembre de 2023 y vigente hasta la sanción de la norma.
Cabe destacar que el Gobierno nacional anunció su intención de convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso entre el 10 y el 31 de diciembre, con la posibilidad de extender el plazo durante enero y febrero si los tiempos legislativos lo ameritan. Sin embargo, aun no hay resolución oficial ni temario correspondiente.
